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#YoLesCreo Derecho, UCR

Los regímenes autoritarios temen a las universidades públicas. Ellas son motores fundamentales tanto para el ascenso socioeconómico y cultural de las personas, como para el progreso político de las sociedades. La capacidad de crear conocimiento, con autonomía de los vaivenes de la política gubernamental, las coloca en ese lugar privilegiado.

La historia lo confirma y suena bonito, ¿no? Pero esos objetivos, que justifican su existencia, deben ser la guía diaria en sus tres campos de acción: la investigación, la acción social y, lo que interesa acá, la docencia.

Hechos. El miércoles, el propio semanario Universidad, medio de comunicación escrito de la Universidad de Costa Rica, dio a conocer los testimonios de diez mujeres que revelaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual y tratos denigrantes por parte del señor Minor Salas Solís, profesor de la Facultad de Derecho en esa casa de estudios.

Además, nos informó sobre las declaraciones del propio decano de la Facultad, el señor Alfredo Chirino Sánchez, que tildó como “leyenda negra” basada en “rumores” la percepción sobre el señor Minor Salas y señaló que tratar de abordar las acciones de ese profesor es algo como “luchar contra un fantasma”, es decir, “algo que uno no sabe ni entiende en concreto qué es”. Ayer emitió un comunicado sobre el tema, no se retractó expresamente de estas declaraciones

Esto está pasando dentro de la principal Facultad de Derecho de Costa Rica, en la Universidad más importante del país y de Centroamérica. Donde ellas, por el único hecho de ser mujeres, son acosadas y humilladas con no más de 21 años de edad, en un sitio donde deberían sentirse libres y seguras para coadyuvar a la UCR en el cumplimiento de sus objetivos.

(No) Abordaje. Mientras el decano Chirino se deja decir que lucha “contra un fantasma” al no tener acusaciones escritas, el señor Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, les dice a la comunidad universitaria y a las mujeres -en entrevista con La Nación– “que interpongan formalmente las denuncias”. Los dos, hombres, desde sus posiciones privilegiadas.

Aunque, para ser fiel a los hechos, el señor Henning Jensen muestra mayor entendimiento del tema, no es suficiente. En sus declaraciones, Jensen y Chirino, omiten un elemento esencial: que estamos ante una relación de poder dispar, entre la estudiante y el cuerpo docente, entre la comunidad universitaria -me enfoco en las y los representantes estudiantiles- y las autoridades.

¿Cómo pueden, sin más, pedir qué denuncien para actuar? Si a las mujeres estudiantes les puede significar mayor hostigamiento y humillación la denuncia, junto a un “reprobada” en su proceso académico. Y si a las y los representantes estudiantiles, al enfrentarse a las autoridades, les puede significar -en este y otros asuntos- intentos de represalias para concluir sus tesis o hasta para graduarse, como ya ocurrió en la Facultad de Derecho bajo la administración del señor Alfredo Chirino.

Ahora bien, en ambos casos: el señor Henning Jensen, con algún entendimiento sobre las importantes implicaciones en la víctima que trae el ser hostigada sexualmente o denigrada y, con una comprensión menor en el caso del señor Alfredo Chirino, ambos llegan a un puerto común, expresan la necesidad de una denuncia formal para actuar. Señores, cualquier política pública sobre acoso sexual debe poner peso en acciones dirigidas hacia los acosadores o denigradores para prevenir más casos, junto a actos que promuevan la sensibilidad de las autoridades universitarias, junto de las y los docentes para, ahora sí, acompañar a las víctimas desde el inicio.

Ya que denunciar no es solo hablar o entregar un papel y ya. El hecho de “pensar en denunciar” es el inicio de un proceso con consecuencias personales graves, que pueden afectar los hilos más finos de la dignidad humana. Donde haya una víctima pensando en denunciar, debe haber un apoyo para que dé el paso de acusar formalmente, sabiendo que no será revictimizada ni expuesta, que podrá continuar su proceso educativo desde ese mismo día y que de haber represalias, serán para el agresor.

El señor Henning Jensen -igual en La Nación-, menciona que el reglamento sobre la materia “está en correspondencia con la ley nacional” y reconoce que le falta “eficiencia”. Sobre este punto, el señor Rector debe recordar la autonomía constitucional con la que goza la UCR, junto a su objetivo de estar un paso más adelante, hacia donde debe dirigirse la sociedad. La autonomía no es solo un discurso que se conmemora cada 12 de abril o se utiliza como argumento para no aplicar partes del Plan Fiscal, es un privilegio dado por la historia y que se debe ejercer con la máxima responsabilidad.

#YoTeCreo. La esperanza de un cambio, para que la Facultad de Derecho y la UCR cumplan su objetivo y sean las instituciones que la sociedad costarricense necesita, está naciendo dentro de si misma.

Las 10 mujeres que afrontaron sus propias historias de acoso e intimidación con el señor Minor Salas para luego contarlas, el semanario Universidad que ejerció un periodismo ejemplar y la Asociación de Estudiantes de Derecho, a través de la Comisión “Alto al Acoso Sexual” y de los y las propias estudiantes, que no han escatimado en exigir acciones al señor Alfredo Chirino; esas tres, son esa esperanza.

Las 10 alumnas o exalumnas que decidieron hablar merecen nuestro mayor respeto y empatía, al ser las primeras. Dado que, junto a ellas, sabemos que hay muchas que no han denunciado y necesitan de todo el apoyo que, como sociedad y personas, podamos darles.

Al contrario que en los regímenes autoritarios, los democráticos reconocen el valor de las universidades públicas y las abrazan, pero repito, siempre que cumplan con su objetivo. Poco lo cumplirán, como mensaje a los señores Henning Jensen y Alfredo Chirino, si las alumnas mujeres no pueden estudiar en la misma condición que sus compañeros, al vivir las limitaciones estructurales que esta sociedad patriarcal impone en las propias aulas.

El lema de la UCR es Lucem Aspicio. En el país, todas y todos debemos tener la oportunidad de “buscar la luz” como iguales, como personas. En una sociedad feminista y libre.

Diego González Fernández Columnista

Abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el Máster en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España. Es integrante de la Comisión de Reforma del Estado y autor del libro “Aplicación del Modelo Alemán a la Elección de Diputados en Costa Rica”. Ha sido expositor en congresos nacionales e internacionales sobre temas de democracia, así como escritor de artículos especializados en esa materia. Además, fue Agente del Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Opinión Consultiva n. 24/17 sobre temas orientación sexual e identidad de género.

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