Cinco sindicatos del Poder Judicial presentaron una denuncia penal contra los diputados Carlos Ricardo Benavides Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN) y Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) por haberse beneficiado de la amnistía tributaria contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que fue aprobada con sus votos afirmativos en la Asamblea Legislativa.
Así lo dieron a conocer este lunes por la tarde en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica (ANIC), donde indicaron que la denuncia es por el delito de legislación en provecho propio, tipificado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Dicha norma establece en su artículo 48 una pena de cárcel de uno a ocho años para el funcionario que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; o para las empresa en las que ese funcionario o sus parientes posean participación accionaria, directa o por intermediario.
La denuncia se origina a raíz de una noticia publicada por el Semanario Universidad en la cual se reveló que el presidente y el segundo prosecretario del Directorio de la Asamblea Legislativa se beneficiaron por la amnistía tributaria contenida en el plan fiscal.
De acuerdo con dicha nota, Benavides canceló ¢1,7 millones según los registros de Hacienda y Vargas pagó poco más de 17 mil colones.
El presidente de la Asamblea se defendió alegando que él no solicitó la aplicación de la amnistía, sino que cuando iba a hacer el pago a través de la página web de una entidad financiera nacional se le desplegó el monto que debía pagar por concepto de Impuesto sobre la Renta y ello fue lo que hizo. Posteriormente, Benavides indicó que cancelaría al fisco los intereses y eventuales multas que habrían sido condonadas o reducidas producto de la aplicación de la amnistía.
Por tratarse de miembros de los Supremos Poderes, la investigación contra ambos diputados será dirigida desde la Fiscalía General de la República y en caso de que este órgano decida proceder con la acusación penal, deberá acudir a la Corte Plena para que allí se apruebe (o no) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad a ambos congresistas, para que sean juzgados por la Sala Tercera.
