Recientemente la Cámara de Comercio abogó por un nuevo plan escudo con el objetivo, según ellos, de reactivar la enclenque economía costarricense. Sin embargo solo mencionó una porción de dicho plan, por supuesto aquella porción que le favorece. Yo quisiera referirme al plan completo.
A pesar de que la economía no es mi campo, sí tengo el derecho y el deber de participar en la discusión, en mi calidad de ciudadano costarricense y como parte del primer poder de la República (artículo No.9 de la Constitución Política).
Para empezar, creo que antes de tomar una decisión, debemos ser cautos y mirar al pasado para aprender de nuestros errores. Fue durante la segunda administración de Oscar Arias Sánchez que se implementó el famoso Plan Escudo. Muchos fueron los que posteriormente se refirieron al mismo y sacaron sus propias conclusiones y reflexiones. En los próximos párrafos están implícitas las mías.
Población más vulnerable. En mi caso diría que, para empezar, nunca ha sido solución “mantener” la pobreza. En ese sentido, si bien es cierto debemos ser solidarios y brindar subsidios y ayudas a las familias en pobreza extrema, esto se debe complementar con el acceso de las personas a la educación y a la formación. Solo después podría esta población ser apta para incursionar en el mercado laboral y ser capaz de procurarse un futuro digno por su propia cuenta. Para ello debe haber una acción conjunta de las instituciones de seguridad social (IMAS, BANHVI, PANI, INAMU, etc.), con las de enseñanza y formación técnica (MEP, INA, etc.). Ayudar y capacitar a la vez, esa creo yo es la manera correcta de tratar de disminuir la pobreza.
Empleo. En segundo lugar, en el tema de empleo, las instituciones públicas autónomas (no el gobierno central), deben abrirse a la contratación de nuevo personal. Gracias a la reciente resolución de la Sala IV en el tema de cesantía, muchas de estas instituciones públicas experimentaron una estampida de renuncias y jubilaciones. Esos trabajadores, con muchos años en las instituciones, eran precisamente los más caros. Con cada uno de esos salarios bien se puede contratar varios trabajadores especializados y profesionales. Los técnicos y profesionales que acaban de salir de sus centros de estudio tiene otras destrezas y competencias, las cuales son las necesarias para afrontar los nuevos retos y la coyuntura actual. Entre ellas está, principalmente, el correcto manejo de la tecnología. Sin embargo, en este proyecto de contratación institucional habría que tener el cuidado de no premiar “pega banderas”, sino contratar solo al personal que realmente sea necesario y útil en cada institución. Por ejemplo, en la CCSS se debe dar prioridad a la contratación de personal médico y de enfermería. Así debe ser en el resto de instituciones, dependiendo de la especialización de cada una de ellas. Para no cometer los errores del pasado (segunda administración Arias Sánchez), sugiero que el proceso completo de contratación sea fiscalizado “on-line” por la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, de modo que se garantice la transparencia y que el mismo se base en criterios estrictamente técnicos y no en ocurrencias. Finalmente en este tema de empleo, a mi parecer debe existir un fuerte aporte por parte de las cooperativas. Sino contribuyeron al mejoramiento de las finanzas públicas por medio del reciente aprobado plan fiscal, pues que contribuyan con la disminución del desempleo y del empleo informal.
Inversión pública. Si se desea una reactivación económica, el Estado, necesariamente, debe participar a través de la inversión pública. Según noticias recientes, existen muchos préstamos a entidades estatales que hace años duermen “el sueño de los justos”. Eso debido a la incapacidad e incompetencia de las administraciones de dichas entidades. Propongo que casa presidencial reclute dentro de las instituciones públicas a personal capacitado en la gestión de proyectos y que conforme con ellos un equipo de trabajo que se encargue de supervisar la ejecución de los programas y proyectos que están atascados. Si no encuentran a nadie capacitado en el sector público, pues que los busquen en el sector privado. En esto lo importante es que las personas seleccionadas tengan amplia experiencia en la gestión de proyectos de gran envergadura y que sus resultados hayan sido sobresalientes. Ojo, no se debe nombrar en estos cargos estratégicos a asesores sin experiencia alguna, ni a corruptos, ni a ineptos.
Depreciación acelerada de activos. Estoy de acuerdo en implementar una depreciación acelerada de activos para las empresas (uno o dos años), siempre y cuando las utilidades que se liberen por esta concesión temporal, se inviertan principalmente en la generación de nuevos empleos, ya sea de manera directa o indirecta. De nada serviría darle esta concesión a las empresas si lo que buscan es, por ejemplo, solamente aumentar sus inventarios. De igual forma, creo que debe existir una fiscalización directa del Ministerio de Hacienda sobre aquellas empresas que deseen acogerse a esta iniciativa.
Nueva legislación. En este campo solo estoy de acuerdo en el trámite inmediato del proyecto de ley, ya presentado, que prohíbe los intereses de usura. No estaría de acuerdo en la creación de nuevas leyes bajo la excusa de un plan de reactivación económica. Históricamente esto solo ha servido para que traten de meternos “gato por liebre”. Además, el problema apremia y la solución se debe dar a corto plazo y con las herramientas que tenemos a mano.
Por último, para verificar la eficacia del plan, se deben revisar periódicamente las variables, los índices y los coeficientes que midan el bienestar de las personas. Nada ganamos con guiarnos con la evolución del PIB, pues sabemos que su crecimiento nunca ha sido ni será garantía de una mejora en la calidad de vida de los costarricenses.
Estas son mis propuestas para una reactivación económica. Le invito a que usted haga las suyas.
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