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— La mañana de ayer el Presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley de Derecho al Tiempo que eleva el plazo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, de 10 a 25 años después de que cumplan los 18 años. Este es un paso enorme en la lucha por acabar con la impunidad en los casos de agresiones a menores pero las iniciativas en esta línea (y no sin polémica) ya prometen llegar más allá y entrar, incluso, a los confesionarios.

— Rápido repaso. Como ustedes recordarán, la Iglesia Católica costarricense vive una de las peores crisis de imagen de su historia: son más de una veintena los casos en los que sacerdotes han sido acusados de haber agredido sexualmente a menores de edad. Por eso, frustrados, Anthony Venegas y Michael Rodríguez (dos de las víctimas de uno de los más desgraciadamente célebres sacerdotes involucrados en el asunto, Mauricio Víquez) presentaron al despacho del diputado oficialista, Enrique Sánchez, la iniciativa que hoy se convirtió en ley.

— Su gestión dio frutos y evidencia el poder del compromiso civil y de la voluntad política cuando los diputados escuchan: fue uno de los casos de más rápida aprobación para una ley que registre nuestra Asamblea Legislativa  y gracias a eso hoy día el plazo con el que cuentan las víctimas menores de edad de agresiones sexuales para denunciar alcanzará hasta sus 43 años y no los 28, como sucedía antes. Precisamente por eso la última denuncia contra Mauricio Víquez prescribirá en setiembre próximo... razón por la cual continúa en fuga.

— El avance, como vemos, fue significativo, pero parece que la cosa no se va a quedar aquí: este martes, poco después de la firma, el diputado Enrique Sánchez nos envió un comunicado de prensa en el que reportó la presentación a la corriente legislativa de un nuevo proyecto que propone aumentar la cantidad de personas y organizaciones que están obligadas a denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso contra menores de edad. A la fecha esta exigencia se le hace solo a los personeros de centros escolares y de salud, según el Código de la Niñez, pero ahora sería obligatorio también para grupos juveniles, culturales, deportivos y religiosos, incluyendo, sí, a los sacerdotes católicos a los que se les confiese una agresión de este tipo en un confesionario.

— Aquí es donde la cosa se pone tensa porque el secreto de confesión para los sacerdotes católicos es sagrado, según lo estipula el Código Canónico, que establece que se castigue con excomunión al sacerdote que revele, de palabra o de cualquier otra forma, el contenido de una confesión. Por eso, hasta el momento, la legislación costarricense que permite que se le libere del secreto profesional a quienes deban declarar en un juicio, hace una excepción con los sacerdotes católicos. Así, un psicólogo, un médico o un abogado pueden verse liberados de la obligación del secreto para asistir a un tribunal pero un ministro religioso no. Esa es una de las cosas que busca cambiar el proyecto mediante una modificación al artículo 206 del Código Procesal Penal que  expondría a quien no la cumpla a sanciones económicas.

— El objetivo, según Sánchez, es que "todos estos actores asumamos parte de la responsabilidad de denunciar cuando hay abusos a menores de edad". Dice en su comunicado:

El interés superior de la persona menor de edad debe primar en todos estos casos. El proyecto de ley busca dar mayores herramientas para que como sociedad protejamos a las personas menores de edad, tanto en el momento de la denuncia como en el momento de la declaración en un proceso ante un juzgado.

— La Iglesia Católica, como era de esperarse, reaccionó ayer mismo rechazando la propuesta de Sánchez. El vocero de la Conferencia Episcopal, Mauricio Granados, le dijo a Columbia que "la Iglesia custodia el gran tesoro del sacramento de la penitencia como medio de salvación para lo cual el penitente dice sus pecados pero el sacerdote no debe pedir nombres, ni detalles, ni circunstancias al penitente. Muchas de las veces, el sacerdote no sabe la identidad del penitente y la información que tiene el confesor es muy poca y no ayudará a perseguir el delito".

— Así, mientras la Ley de Derecho al Tiempo se publica en La Gaceta, este nuevo proyecto de ley entrará a plenario a encender, estamos seguros, un muy fuerte debate.

Bonus Track: Prófugo Mauricio Víquez ya no es más funcionario de la Universidad de Costa Rica.

Hidden Track: Sixto Varela: “si a la cárcel hay que ir, a la cárcel vamos, pero romper el sigilo sacramental jamás”.

Remix: PANI recomienda una mejor rendición de cuentas a Obras del Espíritu Santo sobre dinero para niños.

Esta nota es parte del Reporte: Costa Rica hace historia con ley del derecho al tiempo... y con su manejo incomprensible del tema UBER.