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— Ayer nos llegó la magnífica noticia de que el Gobierno decretó la creación de la Comisión Nacional de Empleabilidad y el Trabajo para Personas con Discapacidad que buscará, según Presidencia, "desarrollar políticas públicas inclusivas para la empleabilidad y el trabajo de esta población". Hasta ahí, todo muy bien.

— El tema es que hoy se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y los educadores que forman parte de la Asociación Costarricense de Profesionales de la Educación con Discapacidad (ACOPROEDIS) nos contactaron para retratarnos una realidad bastante lejana a la inclusión de la que habló ayer el Ejecutivo.

— La asociación, según nos comentó Jonatán González, docente de música y persona ciega, empezó trabajar formalmente a inicios de mayo pasado "por un sentir generalizado de todos nosotros de que el Ministerio de Educación no tiene claridad ni una verdadera política para atender la situación de los profesores con alguna discapacidad".

— Este es un malestar que se presenta a pesar de que el Ministerio de Educación sí cuenta con una política institucional en esta materia pero que, para González y los profesionales asociados, "no es más que dos hojitas que en la mayoría hablan del estudiantado y no de los docentes".

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— Así, según denuncia ACOPROEDIS los educadores con discapacidad de la institución están en un completo abandono que es el que los motiva hoya unir fuerzas en colectivo. Para ejemplificar las situaciones que se denuncian con casos puntuales González nos contó que en el MEP, cuando un profesional con discapacidad necesita de implementos técnicos que le ayuden a ejecutar su trabajo, en buena teoría tiene la posibilidad de disponer o de un asistente o de apoyos técnicos como material tecnológico que le facilite su labor. El tema es que, empezando por los implementos de apoyo técnico, este caso tiene su truco bastante burocrático.

— El profesor denunció que para que se les dote de productos de software y hardware que les faciliten el trabajo, en cumplimiento de la Ley 7600, "nos tienen aquí en una fila interminable y no porque seamos muchos sino porque no hay presupuesto para nosotros porque el Ministerio no ha hecho un presupuesto digno para él. Hay compañeros que han esperado muchos años para que les den esos apoyos técnicos y ahí están haciendo fila".

— González aseguró que a él ya se le atendió y se le suministró el equipo porque él presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (donde también encontró peros) pero agregó que "se acabaron conmigo todo el presupuesto del año y a los compañeros que estaban haciendo fila, los pusieron a esperar más". 

— En cuanto al tema de los recursos de amparo la asociación señala que también hay tela que cortar. A conocimiento del grupo, ya se han presentado tres recursos de amparo ante la Sala Constitucional desde diferentes zonas del país, pidiendo este servicio porque el MEP no lo ofrece a sus docentes con discapacidad.

— El asunto es que a pesar de que las condiciones son las mismas (profesionales con discapacidad pidiendo que se les acelere el proceso de otorgarles los implementos) en cada uno de los tres casos la Sala falló diferente... Uno de esos casos es el de González, que pidió apoyo técnico y asistente pero la Sala le aprobó solo el segundo punto; hay otro de un profesor en Cartago que pidió también los dos apoyos, solo que a él sí se los aprobaron. Por último se reporta el caso de una profesora a la que se le dijo que sí, que el Ministerio le debe dar los apoyos "pero las cosas que ella no pueda hacer, tiene que hacerlas otro profesional".

Entonces en uno dicen que sí, en otros dicen que el MEP lo elija y en el último nos dicen que nosotros como profesionales vamos a tener que delegar a otro el hacer las cosas, y ese es el peor de los 'por tantos' que hubo, porque ahí nos están diciendo que no podemos trabajar y que pongamos a otra persona que lo haga en nuestro lugar.

— Hay legislación a este respecto, por supuesto que sí. González nos afirmó que la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y la Ley de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, unidas a la Ley 7600, han establecido que las instituciones públicas tienen que cumplir con hasta un 5% de plazas ocupadas por personas con discapacidad (aunque en el MEP no se haya podido llenar esa cuota todavía, según el profesor).

— A este grupo de educadores los regula y vela por sus derechos una comisión especializada pero el tema es que los regula a ellos, a los que entraron por medio de la cuota, al resto que entraron por concurso regular antes de que se aprobara la ley, no, y es aquí donde González y los profesores que conforman la asociación, se encuentran inmersos. "Por eso en este momento estamos en una condición de discriminación y desamparo", denuncian.

— El profesor asegura, además, que el MEP no tiene una base de datos clara de cuántos empleados con discapacidad tienen en planilla ni tampoco de dónde laboran y afirma que eso solo ha servido para que "se aprovechen de esa falta de datos para hacerse los locos con todo lo que deben a las personas con discapacidad. Por eso es que nosotros decidimos unirnos para dar la lucha como un colectivo".

— Además, señalan que la convención de la que les hablamos más arriba hace que sea necesario realizar un "mecanismo de consulta" antes de cambiar cualquier reglamento o forma de evaluación a lo interno de las instituciones que contraten a personas con discapacidad, pues es necesario saber si estos cambios van a perjudicarlos en su trabajo. González reporta que esto no se cumplió en la última modificación del sistema de evaluación que volvió la calificación mucho más práctica y, por tanto, más visual, lo que en su caso particular significó una seria afectación:

Eso es lo que ha hecho que nosotros en estos momentos tengamos los problemas que tenemos y como el reglamento cambió sin que se nos consultara a nosotros, entonces de ahora en adelante nosotros como asociación vamos a poder exigir que se nos tome la consulta porque aquí estamos y ya estamos conformados y en proceso de pertenecer a CONAPDIS.

— Así, lo que la asociación reclama es la ambigüedad tanto en el sistema de justicia, por la diferencia en las resoluciones de la Sala, como el desorden a lo interno del MEP que imposibilita su trabajo y por tanto, aseguran, ya están pensando en escalar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de solucionar este caso.

Estamos luchando por trabajar en igualdad de condiciones, no queremos que nos pensionen antes ni que nos regalen nada o que nos ubiquen en puestitos de juguete. Nosotros queremos trabajar para lo que estudiamos pero no podemos trabajar en lo que estudiamos si el MEP y la justicia costarricense no asumen la responsabilidad de darnos las herramientas que requerimos para poder trabajar en igualdad, que es lo que no estamos teniendo.

— Al cierre de la edición de El Reporte seguíamos a la espera de que el MEP nos comunicara su posición al respecto, así que nos mantendremos atentos para contarles a ustedes cómo avanza este otro frente del camino a convertirnos en la Costa Rica igualitaria... que todavía no somos.

Esta nota es parte del Reporte: Educadores con discapacidad: MEP sigue en deuda.