En otra reñida votación, el Plenario de la Asamblea Legislativa acordó este miércoles que el expediente 19.613 denominado “Ley que regula la comercialización de los juguetes bélicos, video-juegos con contenido bélico, militar o de violencia, el empleo de lenguaje militar, rangos distintivos, nomenclaturas y símbolos militares, venta y comercialización de ropa o indumentaria militar” sea sacado de conocimiento de la Comisión Plena Primera donde estaba listo para ser aprobado y se devuelva al recinto principal para conocimiento de los 57 legisladores.

La decisión se tomó luego de una moción de avocación (artículo 175 del Reglamento) presentada por el diputado oficialista Luis Ramón Carranza.

Carranza afirmó que aunque el proyecto es loable, hay que presentar uno que concuerde con los tratados internacionales que ha firmado Costa Rica.

“Todos sabemos la industria que tenemos: vendedores y empresas que producen videojuegos ¿Cómo decirle a la Cruz Roja y a Bomberos que tienen que deshacerse de sus distintivos? No es que estemos en contra, pero el proyecto tiene problemas de orden técnico, conceptual, operativo, contraviene tratados internacionales, la libertad de comercio, no tiene estudios técnicos, clínicos ni referencias. Ese proyecto está mal presentado”, dijo a raíz de un discurso de Ivonne Acuña quien se pronunció en contra de la avocación.

Oscar Cascante del PUSC señaló que el comercio no es más importante que la estabilidad mental de los niños y por ello dijo que también se oponía a que el proyecto fuera sacado de la Plena Primera.

Finalmente, la diputada Ana Karine Niño del PLN le dijo al bloque independiente que “nosotros no podemos legislar ni venir a emitir nuestro voto por como se va a ver hacia fuera. Este proyecto tiene problemas constitucionales y de redacción”.

Finalmente, 27 diputados votaron a favor de devolver el proyecto a Plenario y 14 se opusieron, por lo que desde ya se augura que el mismo tendrá cambios en su redacción antes de poder continuar en la Asamblea.

¿Qué propone este proyecto?

En aras de proteger a los menores a la exposición de conductas que recrean situaciones de violencia y agresividad, el proyecto en sus doce artículos y tres transitorios propone las siguientes regulaciones:

  1. Exigir etiquetados de advertencia en el producto (75% del tamaño), que informe de los riesgos y efectos dañinos que producen los videojuegos con contenidos violentos. Para efectos de la clasificación, se crea una comisión interinstitucional, además que prohíbe la venta de estos videojuegos a menores sin dicho etiquetado.
  2. Prohibición absoluta de producción y todo tipo de comercialización de juguetes bélicos, creando un concepto de responsabilidad objetiva para el comerciante.
  3. Se prohíbe la venta y comercialización de ropa o indumentaria militar.
  4. Se prohíbe a los funcionarios públicos el uso de lenguaje o distintivos, rangos o nomenclaturas militares.

Junto con estas prohibiciones expresas, el proyecto propone campañas educativas y preventivas sobre juegos y videojuegos; promover una cultura de paz, y la promoción de juguetes que estimulen valores sin el recurso a la violencia. Igualmente, incluye sanciones administrativas para quien incumpla las prohibiciones señaladas

Proyecto es un desastre en todos los sentidos

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un informe en el que prácticamente desbarata la iniciativa de ley tal y como fue presentada.

Fechado en diciembre de 2015, la asesoría legal de los diputados estimó que el proyecto presenta tantas deficiencias técnicas en tantos órdenes distintos, desde las teóricas o conceptuales, pasando por las operativas, siguiendo por las de técnica legislativa, para desembocar en aspectos de falta de idoneidad de las medidas propuestas, que en criterio de ese departamento en el estado que ha sido presentado no tiene viabilidad jurídica; y más que enmiendas o correcciones puntales, prácticamente debería ser reestructurado totalmente, para constituir en la práctica
un proyecto nuevo o totalmente diferente.

"No todo lo que se considera inconveniente puede ser prohibido, no todo puede ser controlado, y más aún, cualquier medida fuertemente restrictiva de la libertad de los individuos debe estar suficientemente justificada; no puede ser una decisión caprichosa o basada nada más que en suposiciones", dice el informe.

No se puede pretender tutelar ciertos valores que la sociedad no comparte. No se puede pretender prohibir ciertas conductas que la sociedad no considera incorrectas. En definitiva, el Estado no debe buscar la felicidad de sus ciudadanos a la fuerza, imponiendo unas convicciones con mayor sabiduría que la de sus mismos conciudadanos que son destinatarios. Actuar de esa manera, es propio de regímenes totalitarios y no de sociedades democráticas que se rigen por un Estado de Derecho.

Entre las medidas cuestionables se encuentra prohibir absolutamente la venta de juguetes bélicos o la obligación de que los videojuegos bélicos tengan un etiquetado que cubra el 75% de su caratula, así como la prohibición total de venderlos a menores de edad.

Servicios Técnicos alertó, por ejemplo, que juegos como el ajedrez, el stratego, el risk, y otros clásicos juegos de mesa, que son reconocidos como potenciadores del desarrollo de la inteligencia, quedarían simplemente prohibidos porque recrean situaciones militares, no se diga ya las tradicionales pistolas de agua, trajes de policía, y sables de “luz” de la saga Stars Wars, y toda su iconografía asociada.

 

Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 29 de mayo del 2018 titulado "Gobierno presenta proyecto de ley para recortar la planilla de Japdeva hasta en un 80%"