La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó este martes por la tarde el expediente 21.201 "Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito" con el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir eurobonos por hasta 1500 millones de dólares únicamente para un año.

La decisión legislativo devino luego de que se acogiera un nuevo texto sustitutivo firmado por ocho diputados con el cual se modifica la anterior redacción acogida antes de mayo, con la que se autorizaban $2500 millones en eurobonos para dos años: $1300 millones el primero y $1200 el segundo, con 10 condiciones para que el Ejecutivo pudiera hacer la emisión.

El nuevo texto fue aprobado por los nueve diputados presentes en la comisión establece que el propósito de los eurobonos será convertir deuda bonificada interna en externa y/o cancelar deuda externa, y para mejorar las condiciones en términos de plazo y/o tasa de interés efectiva, respecto de la deuda que se estaría cancelando con esos recursos.

Asimismo el Ministerio de Hacienda deberá reportar al Congreso y a la Contraloría General de la República un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente las emisiones de deuda interno y/o externa que se cancelan con los Eurobonos; por su parte, el Banco Central tendrá la obligación de garantizar que las conversiones de moneda que se realizan con esos recursos y, con los créditos de apoyo presupuestario que se negocien con organismos multilaterales de financiamiento, no generen distorsiones en la fijación del tipo de cambio.

El Gobierno planteó inicialmente una autorización de hasta $6000 millones durante los siguientes seis años después de aprobada la ley; siendo el monto máximo a ser colocado por año $1500 millones en los dos primeros años y de $1000 millones en los años restantes, sin embargo los diputados no acogieron su propuesta y en su lugar, en el primer texto sustitutivo se varió la autorización a $2500 millones durante los siguientes dos años; y se redujo aún más este martes al dejarlo solo en $1500 millones para un año.

Tasas de interés y plazos de vencimiento

El Gobierno propuso al Congreso que le fuera autorizado emitir Eurobonos con una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 725 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; y con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.

En su lugar, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron autorizar una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 625 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.

Obligación de Presupuesto Extraordinario

El Ejecutivo la planteó a la Asamblea Legislativa que cuando fuera a utilizar los Eurobonos para disminuir el monto de deuda interna, disminuiría el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizado en el Presupuesto de la República para el año correspondiente, en el mismo monto en que colocara los Eurobonos, modificación que haría mediante un Decreto Ejecutivo y sin que pudiera modificar el destino de los ingresos sustituidos antes de publicar el decreto correspondiente.

Sin embargo, los diputados modificaron esta disposición de modo que no se le permitirá al Gobierno hacerlo vía Decreto, sino que deberá presentar un Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.

Solo una condición previa

El anterior texto sustitutivo había incluido diez condiciones que el Ejecutivo debía cumplir para poder emitir los eurobonos, sin embargo, estos fueron eliminados en la nueva redacción, a excepción de la obligación de presentar, antes de la primera emisión, los proyectos de ley conteniendo los contratos de apoyo presupuestario negociados con los organismos financieros multilaterales. 

Entre lo eliminado se encuentra haber demostrado –previa verificación de la Contraloría General– que Hacienda cumplió con las disposiciones de la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como en las modificaciones al régimen de empleo público en lo que a ella le compete; y que la Contraloría validara que Hacienda cumplió con las medidas de ajuste fiscal que presentó en la justificación del proyecto de Eurobonos, en el sentido de que se generaría un rendimiento estimado en 1,09% del PIB para este 2019.

También se quitó la obligación de la Contraloría de validar que Hacienda cumplió con su orden de diseñar e implementar un plan de atención de la evasión, el cual considere lo relativo al Impuesto de Valor Agregado vigente a partir de la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tome en cuenta acciones estructuradas y sistematizadas que resulten costoeficientes, con metas e indicadores específicos, una periodicidad y que resulten evaluables a fin de plantear distintos escenarios de acción en el control tributario de dicho impuesto.

Además, Hacienda ya no deberá finiquitar el desarrollo de las etapas pendientes del Proyecto Matriz de Riesgos Tributarios de la Dirección General de Tributación como inicialmente se pretendía por este proyecto, aunque sí deberá hacerlo por una orden previa de la Contraloría.

Por otro lado, se eliminó la condición de mejorar la recaudación de impuestos asociados a cánones y derechos de licencia, cumplimiento que también lo verificaría la Contraloría, así como era definir, oficializar e implementar un sistema único y electrónico de información para la recepción y seguimiento de las denuncias sobre ilícitos fiscales y denuncias relacionadas con la actuación incorrecta de funcionarios.

En su lugar, se dejó una redacción genérica en la que se establece que el Gobierno deberá dar cuenta trimestralmente a la Asamblea y a la Contraloría del avance del cumplimiento de las disposiciones del plan fiscal y el cumplimiento de las disposiciones pendientes en los informes de la Contraloría General de la República, relativos a la Administración Tributaria.

Reacción

El socialcristiano Pedro Muñoz, quien votó en contra del anterior texto sustitutivo pero a favor del actual, afirmó que es "absolutamente sano" autorizar solo $1500 millones por un año, dado los antecedentes del hueco fiscal y el desorden en el manejo de las finanzas públicas por parte del Ejecutivo.

"Es absolutamente sano que esta autorización que estamos tramitando sea solo por 1500 millones y solo por un año, para que podamos seguir un control cercano y preciso de lo que está haciendo la Administración Pública. 1500 millones en un año es más conveniente para el país que 2500 millones en dos años", señaló.

Muñoz planteó varias mociones de orden para que fueran convocadas en audiencia las autoridades del Banco Central, Hacienda, Contraloría y Bolsa Nacional de Valores para referirse al proyecto previo a ser dictaminado, sin embargo, todas fueron rechazadas. La verdiblanca Karine Niño planteó la idea de que la ministra Rocío Aguilar sea interpelada en el Plenario durante el trámite de la iniciativa.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca también del PUSC resaltó que el proyecto deja impedida cualquier intención del Gobierno de revivir los eurobonos emitidos durante la administración de Laura Chinchilla, y que los términos en los que está redactado el texto no le permitirá al Gobierno a usar los dineros en lo que le da la gana.

"Yo confío en doña Rocío, pero no confío en el PAC", resaltó Abarca.

La oficialista Paola Vega señaló que la ministra Aguilar les contactó telefónicamente antes de la sesión de la Comisión para hacerles ver que eran necesarios hacer algunos cambios al texto mediante mociones vía artículo 137, antes de las votaciones finales en el Plenario.

Según Vega, entre lo que se solicitó revisar está la obligación al Banco Central de garantizar que no habrá distorsiones importantes en el tipo de cambio por la entrada de los eurobonos y precisar los requisitos exigidos a Hacienda en el artículo 9, en el sentido de permitir al Ejecutivo hacer traslados de partidas vía decreto ejecutivo, sin necesidad de un presupuesto extraordinario.

Asimismo, Hacienda pidió que no se le obligue a presentar los proyectos de ley que incluyan los contratos de préstamo de apoyo presupuestario, debido a los tiempos que puedan extenderse esas negociaciones. En su lugar, Aguilar solicitó que el término usado sea "cartas de autorización de préstamos de apoyo presupuestario".

 

Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 29 de mayo del 2018 titulado “Gobierno presenta proyecto de ley para recortar la planilla de Japdeva hasta en un 80%”