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En setiembre de 2017 y en el marco de una de las mayores crisis de legitimidad del Poder Judicial, la Corte Plena, máximo órgano de este poder de la República, anunciaba ante los medios la creación de 10 grupos de trabajo cuyo objetivo sería el de “fortalecer la confianza en el Poder Judicial, a través de acciones que emanen desde la Corte Suprema de Justicia, que propicien cambios urgentes en áreas fundamentales del quehacer institucional”. El primero de estos grupos se enfocaba en un tema sobre el que mucha tinta se ha derramado y cuya importancia trasciende cualquier esfuerzo coyuntural: el nombramiento de magistradas y magistrados propietarios.

El proceso de nombramiento de la cúpula judicial, encargado constitucionalmente a la Asamblea Legislativa a través de su Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN), adolece de históricos problemas que se traducen en un menoscabo directo a la tan maltratada independencia judicial. Desde la discrecionalidad absoluta de la CPEN para establecer el mecanismo para la selección previa, hasta la posibilidad de que el Plenario Legislativo escoja una persona que ni siquiera participó del proceso, estas debilidades han sido señaladas consistentemente por esfuerzos ciudadanos que, de manera objetiva e independiente, han analizado con lujo de detalles cada fase del procedimiento. Así, tanto el primer como el segundo panel independiente para la elección de magistraturas coinciden al señalar que estas falencias constituyen una amenaza para nuestra democracia, en tanto dejan abiertos múltiples portillos para que la elección final no solo recaiga en una persona sin la idoneidad superior que conlleva el nivel de responsabilidad asociada al cargo, sino que también permite que intereses político-partidarios, gremiales y/o sectoriales empañen y debiliten nuestro Poder Judicial.

Frente a esta situación, la iniciativa de Corte Plena fue un refrescante rayo de esperanza que nos recordó que, inclusos en los momentos más oscuros, nuestra institucionalidad tiene la madurez necesaria para salir de ese dañino enfrascamiento en sí misma y avanzar con decisión hacia los procesos de reforma que la sociedad viene clamando con urgencia. No obstante, y a pesar de la precariedad de la situación, algunas voces dentro del Poder Judicial insisten en vendarse los ojos y pretenden volver a la época de oscurantismo y secretismo. Esas voces, que siempre han estado allí, desean hoy que este esfuerzo, insuficiente aún pero genuino en sus intenciones, sea desechado, para volver a la peligrosa comodidad del status quo. Este es el momento propicio para que la Corte, en congruencia con los esfuerzos por una justicia abierta, nos envíe una señal respecto a la voluntad real de reformarse, y proceda a conocer y dictaminar su visión sobre este proceso. No será esta la primera y única versión de esa reforma, pero sin duda es fundamental que el Poder Judicial dé a conocer, a la sociedad y al resto del sistema político, su criterio al respecto. ¿Y qué tema más urgente que la fuente original del deterioro a la independencia judicial que el proceso de nombramiento de magistraturas?

El más reciente intento de conocer los insumos elaborados en este tema en el seno de Corte plena fue presa de una votación empatada (11-11) que evitó entrar a conocer, pero también desechar, la discusión. Aunado a esto, los productos elaborados por los otros ocho grupos (ya fue dado a conocer el proyecto de ley de carrera fiscal) duermen el sueño de los justos, con posibilidades de no ver nunca la luz. El costo de echar marcha atrás trasciende por mucho a las consecuencias de algunos titulares negativos: hoy igual que hace año y medio, nos jugamos la legitimidad del pilar de nuestra democracia.