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— Esta semana nos enteramos de que la Iglesia católica conformó una comisión que se encargará de "proteger a menores contra abusos sexuales". Naturalmente la movida responde a una de las peores crisis de la institución en su historia reciente, debido a la proliferación de acusaciones hacia sacerdotes señalados de violación a menores, y de presunto encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades eclesiásticas.

— Entre los miembros de esta comisión se encuentran los sacerdotes Alejandro Jiménez del Tribunal Eclesiástico y Mauricio Solano de la Comisión Nacional del Clero; la comunicadora Lis Chaves; el psicólogo Juan Carlos Oviedo y la polémica abogada en derecho de familia Alexandra Loría, quien también fue diputada de Restauración Nacional en la legislatura anterior. Sí, la misma que nos dijo que Uganda es un súper referente en educación sexual.

En el comunicado anunciando la comisión, enviado por la Curia Metropolitana, se lee lo siguiente:

Queremos manifestar a la comunidad nacional nuestro compromiso de poner en primer lugar de nuestro quehacer a las víctimas de este crimen y sus familias, dando credibilidad a su testimonio y ofreciéndoles acompañarlas espiritual y psicológicamente en su proceso de sanación interior.

— A nosotros nos encanta leer eso... principalmente después de que ayer el Semanario Universidad nos revelara el infierno que ha sido para las víctimas presentar sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico. Universidad, que le ha venido dando muchísimo seguimiento a estos casos, nos relató en esta nota que citamos, que "las víctimas de abuso sexual acuden a la Iglesia católica en busca de justicia pero se encuentran con un sistema que protege a los sacerdotes y es usado posteriormente para deslegitimar las denuncias que llegan a sede judicial".

— ¿Cómo? Pues según declaraciones de Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Roberto Muñoz, los tres denunciantes de Mauricio Víquez que han tenido mayor presencia pública, el proceso de denuncia ha estado repleto de irregularidades. Por ejemplo, los tres afirmaron que el vicario judicial Alejandro Jiménez (quien recibe las denuncias) les transcribió sus declaraciones y les pidió que le firmaran dos documentos, uno para mandar al Vaticano y otro para dejárselo en la Curia; sin embargo, y he aquí el tema, a los acusantes se negó a darles copia. Por ello Carlos Roberto Muñoz le dijo a Universidad que

Todo lo que yo había conversado se quedó ahí en el limbo, no me quedó ninguna prueba. Lo tomé como una forma de encubrimiento (...) Ellos tienen un protocolo, le hacen a uno jurar sobre una Biblia, lo hacen jurar que nada de lo que se va a conversar ahí se va a conversar fuera, que todo va a quedar entre uno y la Iglesia, eso es como un juramento. ¿Se puede manipular eso? Por supuesto, ahí está la firma de uno. Ellos fácilmente pueden hacer un arreglo.

— Los denunciantes aseguran que los errores procedimentales han llegado a tal punto que cuando a Víquez (que todavía no aparece a pesar de ser buscado por la Interpol) se le retiraron los hábitos, a ellos nunca se les notificó de la resolución y que a la fecha, más de un mes después, aún no han tenido noticias de la Curia.

— Pero el tema no queda ahí: Fabián Arguedas, un joven que denunció al sacerdote Jorge Arturo Morales, aseguró también que los miembros de la Iglesia filtraron, sin su autorización, parte de las actas de su caso a la prensa, presuntamente para deslegitimarle bajo el supuesto de que las violaciones se habrían dado cuanto Arguedas ya era mayor de edad (como si violar a alguien de más de 18 años no fuera igualmente atroz) y Universidad confirmó con periodistas de La Nación y de AmeliaRueda.com que, aunque no recibieron la copia de la denuncia completa, sí recibieron documentos que de nuevo, según Arguedas, fueron suministrados sin su autorización.

— La Iglesia respondió asegurándole al Semanario que tienen la potestad para hacer públicas las denuncias de las supuestas víctimas. El obispo auxiliar, Daniel Blanco, señaló que “cuando los ofendidos no están interesados en guardar la confidencialidad y dan declaraciones inexactas o erróneas a terceros o a la opinión pública, la autoridad competente puede hacer públicas partes del proceso o denuncias para que quede claro la verdad y siempre que no se ponga en peligro la investigación”. Mmm ya.

— Para más zozobra los denunciantes también tienen que enfrentar la incredulidad y apatía de los propios vecinos de sus comunidades. Por eso el Semanario hace un repaso de la historia de la familia de San Isidro de Heredia que acusó al expárroco Sidar Monge, por abusar a uno de sus miembros que entonces era menor de edad. La nota asegura que "personas vinculadas a esta familia aseguran que primero pidieron a la Iglesia -en 2010- que se removiera al cura de la comunidad; sin embargo, un grupo de feligreses tomó represalias contra la familia de la víctima, al punto de agruparse en decenas para manifestarse a favor del sacerdote y exigir la salida inmediata de la familia". Por eso fue que la familia decidió acudir a la vía judicial donde ganaron el caso y por eso a Monge le retiraron los hábitos el año pasado.

— Luego de la resolución del Vaticano que ordenaba quitarle los hábitos al sacerdote, la familia del afectado pidió a la Iglesia de San Isidro leer la resolución contra el ahora exsacerdote durante la misa, pero las autoridades eclesiásticas les negaron esta solicitud con la excusa de “no alejar a los feligreses”.

— Ante esto, repetimos ¡cómo nos alegra que ahora sí vayan a poner en primer lugar a las víctimas! Principalmente amparándonos en las declaraciones que monseñor José Rafael Quirós le dio a Diario Extra esta semana, cuando señaló que

Creo que más que fijar la mente y la mirada en situaciones de acá, me guío con lo que el Santo Padre nos está llamando a realizar en nuestras iglesias particulares y como el Santo Padre está empeñando en que prestamos atención de manera especial a quienes llegan y presentan una denuncia, es decir, a las víctimas, que los escuchemos, que las atendamos, que demos credibilidad a lo que presentan e inmediatamente actuar.

— De nuevo, nosotros también esperamos lo mismo principalmente cuando avanzamos en la lectura y vemos que el propio monseñor agrega, quitándose el tiro, que denunciar es algo que le toca a las víctimas y no a la Iglesia: "quienes presentan una denuncia ante el fuero judicial, si se trata de un menor de edad son los padres de familia o los tutores y eso por ley".

— Por eso es que al tema no se le puede quitar el ojo de encima, no hacerlo es la única forma de que a la Iglesia no se le olvide de la promesa de priorizar a las víctimas y que las cosas empiecen a cambiar ya. Nosotros vamos a estar muy atentos y sabemos que ustedes, también.

Bonus Track: Proyecto faculta al Estado a retirar premios y condecoraciones a personas condenadas por delitos sexuales.

Hidden Track: Mientras tanto, en Chile: Tras nueve años: Senado aprueba de manera unánime proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores.

Esta nota es parte del Reporte: Limón espera, la Iglesia promete y Fernando Cruz... ¡ruega!