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Luis Manuel Madrigal

Magistrada de la Sala II: Sindicatos no se pueden poner a discutir la potestad del legislador con relación a la creación de la ley

03 de abril, 2019 1:10 am
Magistrada de la Sala II: Sindicatos no se pueden poner a discutir la potestad del legislador con relación a la creación de la ley
Foto: Roxana Chacón Artavia asumió como magistrada de la Sala II en noviembre del 2018.

Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia atendieron este martes a la Comisión Especial que estudia el Derecho a Huelga, para referirse al proyecto presentado por Carlos Ricardo Benavides que pretende modificar los procedimientos a seguir tanto por sindicatos como por el Poder Judicial cuando se presentan huelgas en el sector público. Los altos jueces señalaron que ya la Corte Plena emitió un criterio respecto a la iniciativa y que en lo que ello fue abordado se apegarían a lo que fue decidido allí, sin embargo, dieron múltiples recomendaciones de modificaciones al proyecto para que el fiasco que demostró ser la Reforma Procesal Laboral pueda ser subsanado. Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda señaló que tras la reforma quedaron normas con dificultades de ser interpretadas, por lo que es positivo que la Asamblea se preocupe por hacer las reformas necesarias para contar con herramientas que sean de fácil aplicación o, por lo menos, claras para los jueces. El magistrado Luis Porfirio López recomendó, por ejemplo, precisar el tiempo que tendrían las partes para presentar prueba, de modo que no se dé la práctica de presentar nuevas evidencias al momento en que se está por dictar sentencia, lo que retrasaría la promulgación del fallo. Por su parte, la magistrada Roxana Chacón Artavia, quien asumió apenas en noviembre del año pasado, recomendó a los diputados establecer plazos máximos para que los jueces resuelvan los procesos de calificación de una huelga como legal o ilegal, plazo que podría ser de entre 8 a 10 días hábiles, siempre y cuando los procedimientos a seguir queden bien definidos. Chacón tuvo una participación notable durante la audiencia pues confirmó una posición divulgada en el contexto de la huelga sindical contra el plan fiscal del 2018, en el sentido de que las huelgas contra políticas públicas no están permitidas en Costa Rica. La magistrada señaló que le llamó poderosamente la atención la calificación que se hizo de las huelgas resueltas por los juzgados y tribunales de trabajo respecto a ese movimiento y que, tras hacer una investigación de los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se tenían tres tipos de huelgas: huelgas en servicios esenciales, estos últimos definidos mediante una lista; huelga en servicios públicos o privados que no se consideran esenciales y la huelga contra políticas públicas como leyes, decretos o reglamentos. "El país define qué huelgas quiere permitir, eso es una norma específica que define la Asamblea. En las interpretaciones que ha hecho el Comité de Libertad Sindical ha hablado de la posibilidad de una huelga política, pero para legislaciones que la tengan incorporada como tal, porque dice que la huelga política puede darse cuando los trabajadores se sientan afectados por la promulgación de una ley, reglamento o decreto que venga a establecer una serie de condiciones que vengan a menoscabar los derechos de las personas", señaló Chacón. Precisamente durante la huelga contra el plan fiscal se recordó que el 14 de diciembre del 2010, la comisión que estudiaba la Reforma Procesal Laboral votó una moción planteada por el diputado José María Villalta para incluir como huelga permitida la huelga contra políticas públicas en materia de empleo, salarios, pensiones, económicas y sociales en general. Dicha moción fue rechazada por mayoría de 6 a 1, por lo que no fue incorporada al texto. Pese a ello, los juzgados y tribunales de trabajo determinaron que la huelga contra políticas públicas sí estaba permitida en Costa Rica, alegando que el Congreso no legisló sobre ella, cuando en realidad la intención del legislador fue no permitirlas. "El Comité de Libertad Sindical habla de la posibilidad de que los trabajadores que se puedan sentir afectados por algún tipo de ley o decreto, siempre y cuando esté aprobado. Los sindicatos no se pueden poner a hablar y discutir la potestad del legislador con relación a la creación de la ley para decir que 'nos vamos a huelga contra todos los proyectos de ley', cuando la competencia es constitucional en el ente legislativo", señaló Chacón, quien apuntó a una mala interpretación respecto al origen de la huelga y sobre cuáles se consideran legales o ilegales según la incorporación que de ellas se hizo en la legislación costarricense. Según la magistrada, los jueces que aplicaron criterios del Comité de Libertad Sindical que apuntaban a la posibilidad válida de hacer huelgas contra políticas públicas usaron casos de países donde esa modalidad de huelga sí se permite, "pero el Código (de Trabajo) es claro en que eso no se metió nunca y no se negoció ni se habló ni se dijo cómo se iba a hacer, entonces no existe la figura como tal". El impulsor del proyecto, Carlos Ricardo Benavides dijo que le parecía "poco sensato" calificar un proyecto de ley como "política pública" sobre la cual se podría hacer una huelga, pues habría que definir en cuál de las múltiples etapas procesales que tiene una iniciativa en el Congreso sería válido iniciar la huelga, e inclusive, abriría la posibilidad a permitir huelgas durante los actos preparativos de un decreto ejecutivo. Los magistrados, además, coincidieron en la conveniencia de que la ley establezca una lista taxativa de cuáles servicios se consideran esenciales, ya que ello marcaría la pauta para los operadores de justicia. "Establecer listas de servicios esenciales ayuda, pero el tema de si una huelga determinada cae en uno de esos servicios, ese es otro tema", agregó Orlando Aguirre.

Aprobadas sanciones severas para quienes choquen al tren

El Plenario aprobó en segundo debate el expediente 20.263 "Modificación parcial a la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Ley 9078, del 26 de octubre de 2012 y sus reformas"que impone sanciones severas contra los conductores que choquen contra el tren o alguno de sus dispositivos de seguridad como agujas o semáforos, así como a quienes invadan el derecho de vía de las unidades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). La iniciativa impone una multa tipo B (actualmente de 215.536,65 colones) a quien por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, dañe de cualquier forma los dispositivos colocados como sistema de alerta y prevención ante el paso del tren, como lo son semáforos o las más recientemente instaladas agujas. De seguido, se impone una multa tipo C (actualmente 107.768,32 colones) a quien circule evadiendo el control o la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, así como a quien estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo ese derecho de vía. La tercer sanción severa irá dirigida a los puntos de la licencia del conductor, pues acumulará seis puntos quien por incurrir en las siguientes faltas, irrespete la señal de alto del derecho de vía ferroviario y se estrelle contra el tren o alguno de sus vagones:
  • Quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas
  • Quien circule a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora
  • Quien conduzca con licencia que haya sido suspendida por infracciones a la presente ley.
  • Quien adelante en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho.
  • Quien invada el carril adjunto que se encuentre separado por una línea de barrera de trazo continuo, a excepción de lo establecido en el artículo 100.
  • Quien infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal.
  • En esos casos además de la rebaja de puntos se aplicará la multa correspondiente por faltas tipo A (actualmente 318.950,69 colones).
El proyecto fue apoyado por los 45 congresistas presentes al momento de la votación y no tuvo objeciones. Cabe resaltar que los diputados acogieron las observaciones de la Procuraduría respecto a la proporcionalidad de las sanciones, pues inicialmente se pretendía imponer una acumulación de 12 puntos por la licencia, lo que habría acarreado la pérdida de la licencia para los conductores, ya que a quienes se les hubiese entregado una con vigencia de 6 años solo tienen permitido acumular 12 puntos durante ese periodo; los conductores con licencia de cuatro años solo pueden acumular ocho puntos durante ese periodo y las licencias de tres años de vigencia solo pueden acumular seis puntos durante ese periodo. De este modo, solo los conductores con licencias cuya vigencia sea de tres años perderán automáticamente el permiso si chocan contra el tren en alguna de las condiciones anteriormente señaladas, además de ser multados con 318.950,69 colones.

Primer debate a protección de la cuenca del Río Naranjo y Parque Manuel Antonio

Los diputados le dieron primer debate al expediente 20.098 "Ley para la Promoción del Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Naranjo y la Protección del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA)". Esta iniciativa propone una serie de medidas y salvaguardias para evitar un mayor deterioro de la flora y fauna existente, incluyendo:
  • Salvaguarda ambiental por un plazo de 25 años, restringiendo el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y la extracción de materiales mineros en el cauce del río Naranjo.
  • Declaratoria de interés turístico nacional de la cuenca del río Naranjo.
  • Declaratoria de interés nacional la creación del circuito turístico que comprende los cantones de Tarrazú, Dota y Quepos.
  • Priorización en el Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para el año posterior a la entrada en vigencia de la ley, del asfaltado de las rutas nacionales 105 y 228, que comunican los cantones de Tarrazú y Dota, con Quepos.
  • Suspensión de los trámites de proyectos hidroeléctricos pendientes en la Dirección de Aguas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), respetándose los derechos adquiridos.
  • Suspensión de las concesiones de extracción de materiales en el cauce del río Naranjo pendientes en la Dirección de Geología y Minas y ante el respectivo Registro.
  • Autorización bajo declaratoria de emergencia, la explotación minera en el cauce del río Naranjo a la Comisión Nacional de Emergencias y a las municipalidades territorialmente ubicadas en la Cuenca.
  • Declaratoria de interés público de todas las obras ejecutadas en la Cuenca que protejan el equilibrio ambiental, la eliminación de barreras físicas, la permanencia de bellezas escénicas, la biodiversidad, la protección de áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, los valores históricos y culturales.
  • Declaratoria de obligatoriedad de las instituciones privadas y públicas relacionadas con la cuenca, de involucrarse, promover y apoyar programas y actividades de recuperación del río y la cuenca para garantizar su desarrollo sostenible.
La iniciativa fue acogida por 45 diputados y ninguno se opuso. Su segundo debate se programó para el próximo 4 de abril.

Dictaminada ley para regular el teletrabajo

La Comisión de Asuntos Económicos volvió a demostrar que es uno de los órganos legislativos más productivos del actual Congreso al dictaminar afirmativamente otra iniciativa relacionada con temas en los que Costa Rica aún queda debiendo por su anacrónica normativa: el teletrabajo. El expediente 21.141 fue acogido por la unanimidad de la comisión, la cual envía el texto ahora al Plenario para el trámite de mociones de reiteración, previo a la discusión y votación en primer y segundo debate. La ley consta únicamente de diez artículos y es un marco normativo general que permitirá a patronos y trabajadores definir las condiciones bajo las cuales se dará la prestación del servicio mediante teletrabajo. Sin embargo, se establece que esa modalidad de trabajo es voluntaria para ambas partes, se regirá observando plenamente las disposiciones del Código de Trabajo, los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos laborales y demás legislación laboral; podrá ser acordado desde el inicio de la relación laboral o posteriormente y únicamente quien lo acuerde posteriormente puede solicitar la revocatoria, sin que ello implique perjuicio o ruptura de la relación laboral. El texto establece que los teletrabajadores mantendrán los mismos derechos, beneficios y obligaciones que los trabajadores comunes y se establecen seis reglas generales:
  • Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, el empleador y y el trabajador deberán suscribir conjuntamente un acuerdo voluntario, en el que se establecerá la información con las condiciones necesarias para la realización de sus funciones bajo esta modalidad de trabajo.
  • Ningún acuerdo suscrito para teletrabajo podrá contravenir lo estipulado en el Código de Trabajo en lo que respecta a la jornada laboral.
  • El horario de persona teletrabajadora podrá ser flexible, siempre y cuando sea previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo.
  • Los criterios de medición, evaluación y control de la persona teletrabajadora serán previamente determinados en el acuerdo o adenda a suscribir, y deberán ser proporcionales a los aplicados en su centro de trabajo.
  • La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria tanto para la persona trabajadora como para la persona empleadora. La persona empleadora tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente, con fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al efecto. Dicha revocatoria deberá plantearse con al menos treinta días naturales de anticipación y aplica únicamente cuando la modalidad de teletrabajo haya sido acordada con posterioridad al inicio de la relación laboral.
  • Las personas teletrabajadoras tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de la carrera administrativa y profesional que sus homólogos que laboran en las instalaciones físicas de la persona empleadora
En el caso de las obligaciones para los patronos, se establece proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía y los viáticos en caso de que las labores asignadas lo ameriten, aunque la disposición podrá ser modificada si el empleado, por voluntad propia, acepta realizar el teletrabajo con su equipo personal y el patrono lo acepta. Si se presentara cualquier situación donde la persona teletrabajadora no pueda realizar sus labores o estas se vean interrumpidas, el patrono deberá coordinará la forma como se reestablecerán las funciones y no podrá dejar de reconocer el salario al empleado por no poder teletrabajar en casos donde el funcionario no reciba las herramientas necesarias para que realice sus labores o los programas para desempeñar su función; tampoco si el equipo se encuentre dañado y fue reportado con anticipación, o si los sistemas operativos o tecnologías de la empresa no le permiten al trabajador realizar sus funciones y esta situación fue debidamente reportada. En cambio, el teletrabajador deberá someterse a los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato o adenda, así como sujetarse a las políticas y códigos de la empresa, respecto a temas de relaciones laborales, comportamiento, confidencialidad, manejo de la información y demás disposiciones aplicables. También estará obligado a reportar si no pudiera realizar sus labores o si estas se vieron interrumpidas, además de coordinar la forma en que las restablecerá. Finalmente, el trabajador deberá informar de inmediato al patrono si sus herramientas, materiales u otros implementos afines fueron dañados, extraviados, robados, destruidos o sufrieron algún otro imprevisto y deberá cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y jornada.

Proyecto del MOPT sobre Uber: en alitas de cucaracha

La Comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia a la contralora General de la República, Marta Acosta Zuñiga, quien reiteró de forma verbal los señalamientos que de forma escrita se hicieron días atrás sobre el proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para regular plataformas tecnológicas de transporte como Uber. Entre las críticas se encuentran que el "Fondo de Movilidad” que se pretende crear con los recursos que se cobrarían por cada viaje realizado en esas plataformas. no tiene fundamentación jurídica ni técnica suficiente que permita sostener sus alcances, los proyectos que involucra, las fuentes y estimaciones económicas; así como la pretensión de excluir ese fondo de la aplicación de la normativa general, pues crea distorsiones en el sistema y dificulta el control. De igual forma, se señaló que se le pretenda incoar a la Contraloría la responsabilidad de aprobar el presupuesto del “fondo”, pues el proyecto más bien dice que el mismo estará bajo la administración del CTP y por ende vinculado a su estructura y régimen presupuestario, por lo que no le correspondería a la CGR dar el visto bueno. También se cuestionó que se pretenda permitir al Consejo de Transporte Público intervenir en el mercado financiero emitiendo títulos valores, pues es una materia no dispuesta dentro de sus competencias ni especialización, por lo que se estima necesario el criterio de los entes reguladores del mercado financiero y de valores (SUGEF y SUGEVAL) y, adicionalmente, analizar si esa comercialización de valores en el mercado financiero puede provocar afectaciones en temas de endeudamiento público y el costo de los recursos para ejecutar los objetivos del fondo. Enrique Sánchez, diputado del PAC adelantó que su partido buscará, entre las modificaciones al proyecto presentado por el MOPT, eliminar el canon anual de $200 a cada vehículo que sea utilizado por plataformas de movilidad y el canon de $35 por cada conductor, así como el pago de 18.600 salarios base a las empresas que estaban operando previo a la vigencia de la aprobación de la ley. "Los canon que propone la redacción actual de la iniciativa nos parecen excesivos y un elemento que podría desestimular la operación de servicios de movilidad. Por ello, nos parece conveniente eliminarlos, junto con ese cobro desproporcionado las empresas que se encuentran ya en operaciones", señaló el también oficialista Luis Ramón Carranza. El partido de Gobierno también impulsará la eliminación de los topes a la cantidad de vehículos y choferes que presten servicios a través de plataformas tecnológicas, y ampliarían la posibilidad de operación de cada vehículo a siete pasajeros. En cuanto al "fondo", la diputada Paola Vega dijo que el parecer del PAC es que los recursos que genere el proyecto no se destinen a subsidiar a los taxistas rojos, pues en su lugar pretenden fortalecer los sistemas de transporte público colectivo y que también mocionarán para la eliminación del CTP como entidad encargada de fiscalizar y aplicar las regulaciones de la ley, dado que pretenden que sean los principios generales del derecho privado los que rijan estas actividades. Quien no ve oportunidad de que el proyecto prospere y más bien aboga por su archivo es el restaurador Giovanni Gómez, quien dijo que las deficiencias que se han evidenciado son tan grandes que este proyecto debe enviarse al archivo y esperar a que el Poder Ejecutivo se ponga de acuerdo con lo que realmente quiere en cuanto a plataformas tecnológicas de transportes. El diputado recordó que esta iniciativa ha sido cuestionada a lo interno del Ejecutivo tanto por el Ministerio de Hacienda, como por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Procuraduría General de la República. “Tal parece que a mano alzada se inventaron cifras, porcentajes y números pero no hay ninguna base que respalde lo que se establece en la propuesta”, dijo.

Muchísimo trabajo este martes en el Congreso.

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