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A Fondo

Luis Manuel Madrigal

Fondo de becas para Puntarenas que Gobierno y diputados se negaron a cerrar es un desastre de millones en fondos públicos

25 de abril, 2019 5:25 pm
Fondo de becas para Puntarenas que Gobierno y diputados se negaron a cerrar es un desastre de millones en fondos públicos

El Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), salvado por el Gobierno y los diputados de ser cerrado cuando se aprobó el proyecto de ley 20.649, es un desastre donde hay millones de colones en fondos públicos involucrados.

Así se desprende de un informe de auditoría realizado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (CGR) y que fue publicado este jueves.

El fondo fue creado por la Ley 7667 del año 1997 con el objetivo de promover el desarrollo académico y económico de la población de Puntarenas mediante becas y programas, estudios universitarios, técnicos y de posgrado; y se dispuso que fuera financiado por el 20% del superávit financiero y de operación del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, así como rendimientos financieros del Fondo y las recuperaciones de cartera.

Dato D+: La pobreza en las regiones Central y Brunca de Puntarenas llegó en 2017 al 29% de la población de ambas regiones. Se estima que 63 mil personas en 20 mil hogares padecen pobreza extrema.

La Contraloría determinó que el Fondo es inoperante pues al 30 de noviembre del 2018 no había recuperado la totalidad del capital semilla establecido en su ley de creación, pese a que dicho capital se consumió en su totalidad desde el año 2009, año en el que aprobó la última beca y luego en agosto del 2010 otorgó el último préstamo.

“La recuperación de dicho capital semilla se ha visto afectada por la morosidad en la cartera de cobro. Así las cosas, se tiene que, al 31 de octubre de 2018, FAESUTP poseía 344 casos en cobro administrativo, para una suma total de ¢1393,73 millones, monto que representa un 459,5% del presupuesto inicial 2018 del Fondo (¢303,3 millones)”, alerta la auditoría, que agrega que hay 112 casos activos en cobro judicial por un monto total de ¢255,0 millones, que representa el 84,1% del presupuesto inicial del 2018, de los cuales 81 presentan problemas de notificación.

El ente fiscalizador de la Hacienda Pública encontró que en el Fondo no hay manuales, reglamentos y formularios que permitan llevar un control adecuado de la selección, registro, seguimiento y control de los beneficiarios. Asimismo, se determinó que se carece de información actualizada y estructurada de los beneficiarios, donde se incluya elementos como la finalización de estudios, y el cumplimiento de requisitos para mantener el beneficio otorgado.

“De la revisión de expedientes realizada por esta Contraloría General, por ejemplo, se encontró que el 61,5% de los expedientes estaba incompleto, y el 30% de dichos expedientes carecían de la copia del historial académico. A su vez, se constató que el FAESUTP no cuenta para el desarrollo de su gestión presupuestaria con los manuales, las directrices y los procedimientos, establecidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto y Público (NTPP)”, dice el informe.

Además, la Contraloría determinó que en la ejecución presupuestaria del período 2015 al 2018 no se cumplieron principios presupuestarios contenidos en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en cuanto a los principios de gestión financiera y principio de especialidad cuantitativa y cualitativa.

“El FAESUTP carece de información presupuestaria oportuna que le permita tomar decisiones para el óptimo funcionamiento de la institución, el cumplimiento de su mandato legal y la prestación de servicio público”, alerta el informe.

Finalmente la auditoría concluyó que el Consejo Directivo no ha dirigido de manera óptima la gestión del Fondo, toda vez que desde junio del 2017 hasta el 16 de octubre de 2018, dejó de sesionar por falta de quórum estructural, y del análisis realizado a las actas de las sesiones de dicho Consejo, para el período 2015-2017, se encontró que no se han abordado temas estratégicos para la institución

Se determinó que de un total 55 sesiones realizadas, se tomaron 251 acuerdos, de los cuales, solamente un 10,4% versaron sobre las funciones

Larga historia de mala administración

El Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense tiene historia de polémicas y malas administraciones desde hace varios años.

En septiembre de 2016 se conoció que la Contraloría General de la República inhabilitó para ocupar cargos públicos a 12 personas señaladas como responsables de haber utilizado de forma ilegal más de 2320 millones de colones del Fondo.

Los sancionados fueron Antonio Araya Madrigal, director ejecutivo del fondo; José Manuel Arce Campos, representante de los cantones de la Región Pacífico Central; Susan Chen Sui  y Evelyn Gutiérrez Soto, ambas representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE); Álvaro Cascante Ramírez, representante de la Municipalidad de Puntarenas; y Lorena Mc Taggart Vásquez y Xinia Díaz Vega, representantes del Colegio Universitario de Puntarenas en el Fondo.

También se sancionó a Carlos Luis Briceño Díaz, representante de las municipalidades de la Región Pacífico Sur y exregidor del Partido Liberación Nacional, Bernal Serrano Mojica, representante de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas; Luis Marcial Arguedas Trejos, representante del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); Jenny Román Ceciliano, representante de las municipalidades de los cantones de la Región Pacífico Sur y exsíndica suplente de Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en Savegre y Fernando Villalobos Chacón, representante de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

La Contraloría determinó que todos ellos incurrieron en actuaciones ilegales, pues la ley constitutiva establece que todas las formas de financiamiento de dicho fondo conforman su capital semilla y no pueden usarse para programas del Fondo, ni siquiera para sus gastos administrativos, sin embargo, el Consejo Directivo desacató esa norma y llevó el Fondo a una situación de inestabilidad y crisis financiera.

En ese entonces la investigación determinó que entre el año 1997 y 2011 el Fondo recibió de ¢1457 millones del INCOP y ¢484 millones de FODESAF para un total de ¢1941 millones, recursos que según su ley eran capital semilla y por tanto, no debían emplearse para los programas del Fondo, sin embargo para el 11 de enero de 2008, el Fondo ya había aprobado 312 préstamos que juntos acumulaban ¢822 millones de colones y otorgó becas por ¢356 millones, creando un déficit a partir de agosto del 2011.

Pese a que los miembros del Consejo Directivo del Fondo ya habían estado al tanto de la crisis financiera que atravesaban, continuaron otorgando becas y créditos, hasta el momento en el que se vio imposibilitado de cumplir con los desembolsos pendientes y puso en riesgo el servicio en el otorgamiento de nuevos préstamos y becas.

Salvaron al Fondo de ser cerrado

El 13 de diciembre del 2017, el Poder Ejecutivo planteó a la Asamblea Legislativa el expediente 20.649 para cerrar instituciones inactivas con el fin de depurar el aparato público estatal, de cara al ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dentro del listado de instituciones a cerrar se encontraba el FAESUTP, ya que el Gobierno determinó que el impacto que se pretendía del Fondo terminó por diluirse y aunque quedaba sujeto por ley a la fiscalización a posteriori de la Contraloría General de la República (CGR) y de la auditoría externa del Fondo, lo cierto del caso es que la Contraloría detectó el no cumplimiento de las normas para la administración financiera correcta y eficaz.

Inclusive, el Gobierno aportó dentro de las justificaciones para cerrar el fondo el hecho de que desde el año 2013 la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) realiza una donación anual de 5 millones de colones al Fondo, y esa cifra solo ha llegado a ejecutarse en un 50%.

“Esta información señala de cierta manera una duplicación institucional, siendo que el CONAPE como institución nacional opera en todo el territorio nacional, y usar a un ente público no estatal para trasladarle fondos a ciudadanos de Puntarenas podría solventarse de diferentes maneras que pueden ir desde una sucursal en la provincia, hasta en una mejora de su plataforma electrónica para poder informar a la población de sus posibilidades de préstamo. En ese sentido, carece de impacto y burocratiza aún más las posibilidades de acceso a la educación la existencia del Fondo como tal, siendo que CONAPE puede asumir perfectamente –como de hecho ya lo hace- dichas funciones y competencias a nivel nacional”, decía el proyecto en sus justificaciones.

Este proyecto fue encargado para el estudio de la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, el 12 de noviembre del 2018 la Ministra de Planificación, Pilar Garrido indicó que el Gobierno impulsaba un texto sustitutivo que excluida al Fondo de las instituciones a ser cerradas.

“El texto sustitutivo es el texto deseado por MIDEPLAN y que incorpora los cambios que fueron mencionados en el oficio del 26 de octubre”, indicó la ministra. Los diputados acogieron la solicitud y eliminaron al Fondo de la lista de instituciones a cerrar, pese a los antecedentes de mala gestión conocidos.

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