¿Qué significa en Costa Rica envejecimiento y qué significa vejez en la vida de las mujeres? Estos son solo dos de los temas que me parecen claves a propósito del conocido cambio demográfico de la población y que considero tenemos que empezar a abordar cuanto antes.

En este artículo me voy a referir al informe que recientemente presentó la Contraloría General de la República (titulado Impacto fiscal del cambio demográfico: Reto para una Costa Rica que Envejece ) para plantear algunas preocupaciones respecto al enfoque que está presente allí.

El informe toma como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para señalar que en treinta años se espera que en Costa Rica las Personas Adultas Mayores (PAM) sean cerca de 1,3 millones, llegando a representar el 20.7% de la población total.

Hace un año, en el 2018, las PAM representaron el 8.2% de la población (409,000 personas). Partiendo de estos datos, es totalmente justificada la preocupación de la CGR en el sentido de que el cambio demográfico modifica la demanda de algunos servicios públicos y esto exige al país realizar cuanto antes una adaptación de las políticas públicas principalmente en salud, pensiones y educación.

Tiene razón la CGR cuando señala que este aumento de la demanda de las PAM en salud y seguridad social debe asumirse con medidas de sostenibilidad financiera de largo plazo, proponiendo acciones para generar nuevos ingresos. Es cierto que el envejecimiento de la población afectará las finanzas del IVM; es cierto que los cambios en la estructura etaria generan una presión actual y futura sobre los sistemas de protección social; es cierto que se requiere la creación de un marco fiscal demográfico que oriente el análisis y abordaje de la formulación de política pública. Todo esto está claro en el informe.

Lo que me llama la atención en este documento es que la relación demografía y finanzas públicas coloca toda la atención en la afectación de la Hacienda Pública, obviando la referencia al marco global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al marco internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y al marco de la Política Nacional alrededor del concepto de envejecimiento y vejez. No existe ninguna referencia con enfoque de género ni tampoco de contextualización diferenciada según territorialidad.

El informe señala que ante este cambio demográfico, los gestores públicos deben “adecuar las decisiones en el campo presupuestario, normativo y de capacidad institucional y de gestión, de modo que el país pueda hacer frente al envejecimiento en forma exitosa”.

Pregunta: ¿enfrentaremos exitosamente el envejecimiento sin dotar de presupuesto lineamientos estratégicos de acción orientados al empoderamiento y bienestar integral de la población que supera hoy los cincuenta años y que en veinte años tendrá setenta y más? En otras palabras: ¿cómo esperar un envejecimiento exitoso como sociedad sin que sus protagonistas principales, la gente de más de 50 años, desde todas las diversidades identitarias, cuente con condiciones más provisorias y alentadoras que le permitan vivir dignamente conforme avanzan en edad?

En el informe se propone reasignar presupuesto en educación para formación técnica de sectores jóvenes de la población de manera que, pudiendo insertarse laboralmente, generen sostenibilidad al régimen de salud y de pensiones.

Pregunta: ¿no sería más conveniente pensar en opciones de reasignación presupuestaria en educación direccionando también recursos a la capacitación técnica de la gente que hoy tienen entre 50 y 65 años?

Lo anterior en el contexto de necesarios cambios en los programas de apoyo a los emprendimientos y proyectos generadores de ingresos de personas que pasan los 50. Si estas personas, cuando tengan más de ochenta años, han sido capaces de vivir su vejez en condiciones de mayor autosatisfacción, autocuidado, reforzamiento de su autonomía e independencia a nivel económico y social, con calidad de vida en un sentido más integral, ¿no veríamos entonces menos camas de hospitales, colas en espera de operaciones? ¿Y ello claramente no significaría menos presión presupuestaria en la Hacienda Pública?

Según las estimaciones el aumento en el gasto de hospitalización y consulta externa para la Caja, en la atención a personas mayores será de hasta 86% hacia el 2030 con respecto a 2016. En mi concepto, mejor vendría una lógica proyectiva de resultados positivos a partir de invertir más en programas de empoderamiento para el autocuidado de la salud y el bienestar de las personas que hoy están entre los 50 y 70 años y preocuparnos menos de las camas de hospital que harán falta para el año 2050.

Se viene hablando en el informe que “garantizar la sostenibilidad financiera del seguro de salud requiere políticas integrales de promoción de salud y atención oportuna de la enfermedad, acciones de contención de gasto, y generación de nuevos ingresos”. La propuesta que se hace al respecto es un impuesto específico al consumo de productos nocivos para salud.

Pregunta: ¿Será que un impuesto a productos nocivos para la salud logrará el objetivo de desestimular su consumo y prevenir enfermedades sin caminar de la mano con inversión de recursos en campañas masivas de reeducación sobre buenos hábitos alimenticios, dirigida sobre todo a la gente que hoy tiene más de 50 años y los y las cuidadoras de las personas mayores?

Se indica que este informe se generó buscando proveer insumos para “la toma de decisiones en materia de envejecimiento y finanzas públicas por parte de las autoridades competentes, dentro de las cuales destacan la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”.

Considero que los insumos se han quedado cortos. Se quedan cortos porque precisamos de otros enfoques que se centren en la Persona Adulta Mayor misma; que visibilicen la urgencia de cambios en la institucionalidad rectora de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento; que pongan en cuestionamiento a quiénes consideran a las PAM como una carga para el Estado y las generaciones más jóvenes; que incluyan valoraciones diferenciadas de lo que significa envejecer siendo hombre o siendo mujer.

Necesitamos desprogramar la vejez como sinónimo de enfermedad, pobreza y soledad de personas que necesitan ser asistidas. Requerimos que la sociedad asuma e integre la Convención Interamericana de la Persona Mayor. ¿Qué estamos haciendo al respecto desde la política pública en Costa Rica para que en 20 o 30 años se experimente un cambio de paradigma y de realidad, con el derivado impacto positivo sobre las finanzas públicas?