La Contraloría General de la República --ente fiscalizador de la hacienda pública-- reveló este martes mediante un informe de auditoría especial más irregularidades en la Municipalidad de Limón encabezada por Néstor Mattis Williams, esta vez en relación con la operación de negocios y patentes comerciales.

La institución auxiliar del Congreso presentó sus hallazgos tras el análisis de las actividades realizadas durante todo el 2017 por el gobierno local en la gestión de procesos de determinación y cobro del impuesto por concepto de patentes municipales y los mecanismos de control implementados en las licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas.

¿Los hallazgos? La Municipalidad de Limón tolera la operación de negocios con patente comercial vencida o inclusive sin contar con ella, lo que genera pérdidas económicas para el municipio, riesgos de salud y orden público, así como seguridad ciudadana.

La auditoría encontró que la metodología utilizada para determinar el impuesto de patentes no se encuentra normada en la ley y el gobierno local presenta debilidades en la tasación del impuesto a las actividades lucrativas nuevas en el cantón, ya que no tiene una metodología formalizada y de estrategias para la tasación de las personas físicas o jurídicas que inician una actividad nueva, lo cual propicia el riesgo de que se cometan errores u omisiones en la determinación de dicho impuesto.

Asimismo, se encontró que la Municipalidad no le cobró multa a 21 de 30 patentados analizados en la auditoría, quienes presentaron de manera tardía, o no lo hicieron del todo, la declaración jurada del impuesto de patentes. Ello causó un perjuicio para las finanzas del municipio por el orden de 3,23 millones de colones, solo en esos casos analizados, por lo que podría haber más.

La Contraloría también indicó que tras una inspección realizada junto con la Municipalidad en 76 negocios del cantón se encontraron locales con patente vencida o sin ella, ausencia de permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, atraso en el pago del impuesto de patentes, y el ejercicio de actividades comerciales adicionales a la establecida en la licencia otorgada por la municipalidad.

"Se identificaron deficiencias en la gestión de cobro del impuesto de patentes, entre ellas, negocios que operan con deudas de dicho impuesto superiores a dos trimestres, sin que la administración municipal hubiese iniciado los trámites respectivos, casos sin iniciarse el proceso de cobro judicial, la falta de un seguimiento oportuno a las notificaciones de cobro", dice el informe.

La gestión ha sido tan mala que el pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2017 era de 1993,7 millones de colones, el equivalente al 40% del total del impuesto por concepto de patentes que debía cobrarse ese año, por 4.949,1 millones de colones.

Asimismo, la existencia de cuentas pendientes de cobro a patentados en riesgo de prescripción con más de 5 años de antigüedad, sin efectuarse al menos una notificación de cobro, suman 244,9 millones de colones.

"En conclusión, las deficiencias señaladas, no favorecen en la consecución de una efectiva gestión sobre las patentes municipales, lo cual plantea el reto para las autoridades de ese Gobierno Local, de proceder con prontitud a corregir las debilidades identificadas y exigir el cumplimiento de la normativa legal aplicable a las licencias para la realización de actividades lucrativas y para el cobro de los impuestos por concepto de patentes", estimó la Contraloría.

Caso APM Terminals

Uno de los casos analizados por la Contraloría fue el de APM Terminals, ya que el gobierno local determinó que la empresa debía pagar 227.8 millones de colones por concepto de impuesto de patentes en el año 2018, pero el cálculo hecho por la CGR arrojó que debían ser 832 millones de colones, una diferencia de más de 600 millones de colones.

De acuerdo con el informe, para tasar el impuesto de patentes a APM Terminals Moín, S.A, correspondiente al IV trimestre del 2018, la Municipalidad de Limón utilizó como insumo las proyecciones de los ingresos brutos de los meses de agosto a diciembre de 2018, información financiera proporcionada por la misma empresa, así como, las estimaciones realizadas por la administración municipal con base en el citado insumo, de los ingresos brutos de los meses de enero a julio de 2019.

Sin embargo, la Contraloría encontró que existía la posibilidad de que esa municipalidad contara con información financiera actualizada y oficial de dicha empresa, como por ejemplo, los estados financieros auditados del período 2017, los cuales se presentaron al Consejo Nacional de Concesiones por parte de la empresa el 22 de marzo de 2018.

Si la Municipalidad hubiese usado la información financiera presentada al CNC, le habría cobrado 832 millones en impuestos a APM Terminals, en lugar de 227,8 millones.

"Este caso ratifica la necesidad de que exista una metodología formalmente establecida para el cálculo de las patentes para empresas nuevas, que le permita efectivamente obtener mejores y más reales ingresos por ese concepto a la administración, y que contemple la obligación de que se analicen las diferentes fuentes de información financiera y operativa existentes sobre el nuevo negocio que se pretende iniciar", dice el informe.

Órdenes a Néstor Mattis

Para subsanar todas las deficiencias encontradas, la Contraloría giró nuevas órdenes al alcalde Néstor Mattis, incluido elaborar y someter a conocimiento y discusión del Concejo Municipal una propuesta para normar las metodologías para el cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la Dirección General de Tributación, y la utilizada para la tasación de las personas físicas o jurídicas que inician una actividad lucrativa nueva en el cantón, con el fin de que dichas metodologías estén alineadas conforme a los principios tributarios, y fundamentado en la normativa jurídica aplicable.

Asimismo, deberá elaborar, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento para la determinación del impuesto de patentes que incorpore mecanismos de control, como la implementación de la práctica de identificar de manera oportuna a los contribuyentes que no presentan la declaración jurada del impuesto de patentes, o lo realizan de manera tardía; el registro oportuno de las declaraciones juradas del impuesto de patentes; y la verificación y documentación del cálculo del impuesto de patentes.

Por otro lado, Mattis deberá revisar y ajustar la base imponible para el cálculo del impuesto de patentes a la empresa APM Terminals Moín S.A. utilizando información actualizada, con el fin de determinar el monto a cobrar en el período 2019. La fecha para cumplir con esta disposición se vence este 29 de abril.