La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público finalizó la investigación legislativa por el "hueco" en el Presupuesto Nacional del 2018.

Aunque los diputados presentaron dos informes separados sobre las conclusiones arrojadas tras las pesquisas, puntos de acuerdo entre ambos permiten develar de una vez por todas y con exactitud qué fue lo que ocurrió. Lo que no está del todo claro son las responsabilidades y sobre quién recaen.

El informe de mayoría de 71 páginas es suscrito por Jonathan Prendas, Xiomara Rodríguez, Franggi Nicolás, Yorleni León, Luis Fernando Chacón, Pedro Muñoz, Otto Roberto Vargas y Erick Rodríguez. El informe de minoría es de 122 páginas y firmado por la diputada Paola Vega.

¿Cómo ocurrió "el hueco"?

Según el informe de mayoría: La suma presupuestada por concepto de amortización de deuda interna para el 2018 fue de ¢1.53 billones, una caída de ¢243.541 millones con respecto a lo presupuestado en 2017, es decir, una reducción del 13.7%. La reducción se originó pues el Ejecutivo decidió incluir el "supuesto" de que realizaría canjes de deuda durante el 2018 para así no "sobrestimar" la autorización legislativa.

Esta última justificación fue dada por Helio Fallas Venegas, exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República el 20 de agosto de 2018 en su comparecencia ante la comisión.

Dato D+: El canje de deuda es un mecanismo mediante el cual los inversionistas le renuevan al Estado lo que le prestaron en un inicio, le prestan más dinero y se prorroga la fecha de vencimiento del pago.

El 23 de agosto de 2018, Julio Espinoza Rodríguez, exdirector de Crédito Público indicó que la estimación de fondos presupuestados para amortización "no pareciera ser baja" porque el indicador de canjes de deuda venía en crecimiento desde el 2014: en ese año se hicieron ¢286.000 millones, en el 2015 ¢305.000 millones, en 2016 ¢843.000 millones y en 2017 ¢652.000 millones.

El "hueco" también se originó porque para diciembre del 2017 (cuando ya se había aprobado el Presupuesto Nacional 2018), el 89% de lo colocado en deuda fue con vencimiento a menos de un año plazo: 804.000 millones de colones, y solo se había presupuestado para cubrir 293.000 millones de colones, lo que dejaba un faltante de 511.000 mil millones de colones.

Melvin Quirós, director de Crédito Público dijo que en la elaboración del presupuesto 2018 se tomó la decisión de reducir en ₡300.000 millones el rubro de amortización, producto de la pretensión de realizar canjes en ese momento, aunque reconoció que “no es usual que en el presupuesto de servicio de deuda se consideren reducciones producto de los canjes de deuda, particularmente por apego al cumplimiento del principio de universalidad e integralidad del presupuesto". 

Quirós también dijo que aún cuando se cumpliera el supuesto de los canjes, había un faltante:

Aun logrando con éxito el cumplimiento de los canjes previstos por 300 mil millones, ya sólo en los meses de noviembre y diciembre se colocaron ₡670.000 millones, es decir, ₡370.000 millones más de lo previsto en el presupuesto, que vencerían en el 2018. El presupuesto aprobado de amortización de corto plazo para el año 2018 era ₡372.000 millones y sólo en el segundo semestre del 2017 se colocó deuda con vencimiento en el 2018 por ₡891.000 millones. Bueno, resten ₡372.000 millones menos ₡891.000 millones y se darán cuenta que ni con la modificación presupuestaria era suficiente

El Gobierno de Luis Guillermo Solís intentó cubrir "el hueco" trasladando vía Decreto Ejecutivo 40.995 la suma de 412.790 millones de colones de la partida de amortización de deuda a largo plazo, para pasarla a amortización de corto plazo, sin embargo, fue insuficiente para cubrir la brecha.

Solís confirmó que varios supuestos no se cumplieron: había expectativas de una recaudación que, al final, no se pudo hacer y había expectativas de un plan fiscal que no se pudo aprobar. Además, indicó que las responsabilidades de no presupuestar el monto correcto fueron de los técnicos de Hacienda.

Según el informe de minoría: La estimación de la partida de amortización de deuda interna presentaba una reducción de ¢300 mil millones, considerando el efecto de posibles canjes a realizar en el período 2018, según decía la exposición de motivos del proyecto de presupuesto presentado al Congreso. Los diputados que analizaron el presupuesto en el cuatrienio pasado no hicieron modificaciones a esta partida.

Helio Fallas afirma que no hubo una subestimación, pues lo que ocurrió fue que se modificó la partida de deuda a largo plazo por deuda a corto plazo. Asimismo, dice que el faltante que hay en el 2018 se debe al deterioro de la situación económica en el primer trimestre que afectó la recaudación de impuestos, la falta de dinero previsto por la no aprobación del plan fiscal y debido al clima de desconfianza generado por las declaraciones de actores políticos en diciembre 2017 contra el mecanismo de contratos de colocación.

Conclusión de ambos informes: La partida de amortización de deuda interna a corto plazo estaba subestimada, pues el Ejecutivo presupuestó menos de lo necesario y no se cumplió el "supuesto" de que los inversionistas accederían a los canjes de deuda. Asimismo, las masivas colocaciones de bonos con vencimiento al 2018 realizadas durante los últimos meses del 2017 aumentaron la brecha.

¿Por qué no se solicitó un presupuesto extraordinario para "llenar el hueco?

Según el informe de mayoría: Helio Fallas dijo que para el mes de marzo del 2018 tenían "expectativas" de que la negativa de los inversionistas a acudir a los canjes de deuda podía revertirse, pese a que el 14 de marzo del 2018 el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y él como ministro de Hacienda emitieron el Decreto Ejecutivo N° 40.995 que rebajaba la partida de amortización de deuda a largo plazo por ¢412.790 millones para pasarla a amortización de corto plazo.

Fallas justificó que no podían presentar el presupuesto extraordinario porque, para marzo de 2018, no tenían el dato exacto de cuánto debían solicitar a la Asamblea Legislativa; ya que el dato exacto de los ¢600 mil millones se conoció hasta julio o agosto de 2018, cuando la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, lo anunció.

Julio Espinoza Rodríguez, exdirector de Crédito Público afirmó que si bien se sabía que existía una diferencia de ₡511.000 millones entre vencimientos de deuda para el 2018 y presupuesto existente para pagarla, en enero del año pasado era imposible prever qué iba a suceder, pues apenas se llevaba un mes de ejecución. Según él, había posibilidades de canjes y se esperaba lograr la operación de $1500 millones en contratos de colocación, sin embargo, esta fracasó el 13 de marzo y entonces se advirtió de que el faltante debía cubrirse con un presupuesto extraordinario.

Martha Cubillo, tesorera nacional alegó que al cierre de febrero, la Dirección de Crédito Público estimó el faltante en unos ₡850.000 millones, cifra que debía ser revisada y ajustada con las operaciones de pasivos que se realizaran en los siguientes meses. La cifra evolucionó y para el 19 de abril el estimado fue de ₡815.000 millones, sin embargo, es hasta el 10 de julio que Crédito Público solicita un presupuesto extraordinario con una cifra definitiva: ₡625.000 millones.

El presidente Luis Guillermo Solís dijo que no se solicitó el presupuesto extraordinario porque la posibilidad no le fue planteada, toda vez que aún en el primer trimestre del 2018 el Ministerio de Hacienda intentaba cerrar un contrato de colocación y que, aunque desde febrero se trabajó en la depuración de la cifra para un eventual presupuesto extraordinario, esa cifra se obtuvo hasta julio de 2018.

Solís negó haber girado alguna orden para evitar o posponer el presupuesto extraordinario por razones político-electorales, ya que desde finales del 2017 el Ministerio de Hacienda contemplaba otras opciones que no requerían de un presupuesto extraordinario. Alega que ningún órgano contaba con un monto exacto, requisito indispensable para el presupuesto extraordinario según la Ley 8131.

Según los firmantes del informe, Fallas no fue previsor, falló como jerarca y líder del Ministerio de Hacienda y los diputados Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás consideran que Luis Guillermo Solís no envió el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa por motivos electorales, dado que un incremento en la partida de deuda habría dado de qué hablar durante la campaña electoral.

Según el informe de minoría: El presupuesto extraordinario no se envió a falta del dato exacto del faltante presupuestario.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan por cuanto uno apunta a la falta de previsión del ministro de Hacienda, Helio Fallas como causa del no envío del presupuesto extraordinario (con un voto minoritario que apunta a un motivo político-electoral de Luis Guillermo Solís) y el otro a la falta de exactitud del monto que debía solicitarse a la Asamblea Legislativa.

¿Se hicieron pagos sin contenido presupuestario?

Según el informe de mayoría: Sí, aunque el exministro y exvicepresidente Helio Fallas y el expresidente Luis Guillermo Solís afirmaron bajo juramento que nunca se realizó pago alguno sin contenido presupuestario y sin el aval de la Asamblea Legislativa.

La Contraloría General de la República, el 26 de julio de 2018, recibió respuesta de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en la que se confirmaba que existía un faltante presupuestario, al tiempo que anunció la presentación de un proyecto de presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.

El 8 de agosto, la Contabilidad Nacional remitió a la Contraloría información que revela que la suma de títulos de la deuda, cancelados sin contenido presupuestario, ascendía a ₡182.059 millones al 31 de julio del 2018.

Según la Contraloría, con corte al 30 de junio se detectó pago de amortización sin contenido ni registro presupuestario, por un monto de ₡182 mil millones, lo cual fue confirmado por la Contabilidad Nacional. El monto está compuesto por 47 mil millones de amortización de la deuda a corto plazo y ₡134 mil millones de amortización de deuda de largo plazo.

Julio Espinoza reconoció que cualquier pago que no estuviera presupuestado es ilegal, pero que debía hacerse por un asunto de continuidad del Estado y evitar el riesgo de caer en default.

Mélvin Quirós indicó que el presupuesto constituye el límite máximo de erogaciones que se pueden realizar y si se realizaron fuera de ese límite, son contrarias a la legislación existente.

Según el presidente Luis Guillermo Solís, de no efectuarse el pago se entraría en incumplimiento con efectos devastadores para la economía y la estabilidad de la nación, razón por la que se emitió un decreto para evitar el cese de pagos, trasladando recursos de las partidas de amortización de deuda de largo plazo al corto plazo en el presupuesto ordinario del 2018.

Según el informe de minoría: Sí. De acuerdo a la certificación DCN-828-2018 -emitida por la Dirección de Contabilidad Nacional el 21 de diciembre de 2018-, entre el 5 de febrero y el 5 de abril de 2018, así como entre el 7 de junio de 2018 y hasta el 11 de setiembre de 2018, no se contó con contenido presupuestario en la partida 801-01, amortización deuda interna de corto plazo, para hacer frente a los pagos por ese concepto.

De igual manera, la certificación indica que para los pagos del 20 de junio hasta el 11 de setiembre de 2018, no se contó con contenido presupuestario para los pagos de amortización de deuda interna de largo plazo de la partida 801-02.

Helio Fallas defiende la postura de que no haber realizado los pagos de deuda resultaría en un mal mayor, por lo que respalda las acciones tomadas por la ministra Rocío Aguilar.

Conclusión de ambos informes: Ambos informes concluyen que efectivamente se hicieron pagos ilegales de amortización de deuda, por cuanto no tenían contenido presupuestario ni tenían aval de la Asamblea Legislativa.

¿Quién es el responsable de los pagos sin contenido presupuestario?

Según el informe de mayoría: De acuerdo con Helio Fallas, existía un comité conformado por la tesorera Nacional –en ese momento además viceministra de Egresos– y Crédito Público, encargado de negociar todo lo relativo a los canjes de deuda. Él alega que no supervisaba a dicho comité, pero que sí recibió información sobre el estado de las negociaciones de canje y que también trasladó esa información al entonces presidente Luis Guillermo Solís, aunque no precisó fechas.

Fallas asegura que la situación "no era previsible" pues inicialmente se recibieron ofertas por $3700 millones para contratos de colocación, cuando lo solicitado eran $1500 millones; pero finalmente se declaró desierta luego de cuestionamientos de "figuras políticas" sobre la legalidad del mecanismo de financiamiento.

Para Melvin Quirós, director de Crédito Público, era deber de Helio Fallas estar al tanto del vencimiento de los bonos y conocer la situación macroeconómica con suficiente tiempo, por lo que debió enviar un Presupuesto Extraordinario, pues desde el segundo semestre de 2017 se sabía de la dificultad de realizar canjes, por lo que en el 2018 no había ninguna diferencia estructural que hiciera prever una situación diferente. Quirós afirma que él sabía del faltante presupuestario de 600 mil millones desde los primeros días de febrero y que lo informó a tiempo a sus superiores.

Julio Espinoza confirmó también que las autoridades superiores fueron informadas del faltante, ya que entre enero y marzo del 2018 hubo reuniones entre Crédito Público y Tesorería y que siendo que la Tesorera era además Viceministra en ese momento, la información fluía desde Crédito Público hacia el despacho del Ministro.

Para los diputados firmantes, la responsabilidad de los pagos sin contenido presupuestario es de Luis Guillermo Solís, Helio Fallas, Martha Cubillo, Julio Espinoza y Rocío Aguilar. 

Según el informe de minoría: La diputada firmante concluye que toda la situación inicia por la falta de alertas, provenidas de mandos medios institucionales permanentes, con potestades legales suficientemente claras y zanjadas de antemano, por lo que cualquier funcionario, más allá de su cargo público, que no fuera alertado tempranamente, se encuentra en una situación de imposibilidad material para actuar ante una situación que desconoce.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan por cuanto el de mayoría imputa a Luis Guillermo Solís, Helio Fallas, Martha Cubillo, Julio Espinoza y Rocío Aguilar, y el segundo a mandos medios del Ministerio de Hacienda.

¿Dónde está la responsabilidad del presidente Luis Guillermo Solís? 

Según el informe de mayoría: La tesorera Nacional, Martha Cubillo confirmó que ella trasladó información al entonces ministro, Helio Fallas entre noviembre y diciembre y que suponía que al haberlo comunicado a Fallas, el presidente era informado; además que Solís llamó a los compradores institucionales de deuda para pedir apoyo.

Cubillo agregó que la cadena nacional realizada por Solís en agosto del 2017, donde habló de crisis de liquidez, utilizó “unas cuantas palabras que pienso que sus asesores incluyeron que, a mi concepto, no debían haberse dado", y que eso pudo haber generado una afectación. Asimismo, la tesorera afirma haber alertado a Solís de la situación del flujo de caja desde el mes de agosto y que él debía saberlo, pues la solicitud de decreto [para pasar fondos de pago de deuda de largo a corto plazo] se vio en el Consejo de Gobierno.

La Tesorera Nacional afirma que el presidente Solís también sabía de la situación, pues a finales del 2017 él llamó a las instituciones para solicitar que compraran bonos y sabía del problema para pagar salarios y aguinaldos, pues eso le era informado por Helio Fallas.

Solís manifiesta que no se actuó con ilegalidad en su Gobierno, que los pagos no se realizaron de manera ilegal, ya que se resolvió el faltante a corto plazo con el traslado de partidas. Según él, la responsabilidad de la formulación del presupuesto era de los técnicos de Hacienda. El expresidente asegura que en su gobierno no se pagó un solo colón de manera ilegal. En su criterio, todas las decisiones que se tomaron en materia fiscal estaban respaldadas por la legalidad.

Según el expresidente, no hubo pago ilegal porque los 210 mil millones pagados entre enero y marzo del 2018 se realizaron al tenor del decreto que él firmó para traslado de partidas, pese a que dicho traslado se hizo hasta el 14 de marzo. Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ese decreto no daba pie para hacer "pagos retroactivos.

La Diputada Franggi Nicolás manifiesta su molestia porque en el enorme informe que presentó Solís ante la Asamblea el 2 de mayo de 2018 no mencionó en ningún momento la grave situación provocada por el faltante presupuestario, lo cual hace pensar que con esa omisión se pretendía ocultar lo que pasaba.

Los firmantes del informe afirman que Luis Guillermo Solís en esa época ya no era un inexperto en la función pública, estaba por concluir su gobierno y "pudo preguntarse" si no era necesario un presupuesto extraordinario, dado que estaba firmando un decreto que tenía una incidencia directa en la formulación presupuestaria.

Asimismo, afirman que con la firma del Decreto Ejecutivo N° 40.995 del 14 de marzo de 2018, que redujo en ₡412.790 millones el presupuesto para amortizar títulos de largo plazo en favor de un incremento de la partida para amortización de corto plazo, refleja que "si lo firmó es porque sabía perfectamente que la partida de amortización de la deuda a corto plazo estaba en cero, y que adicionalmente se habían hecho pagos de forma ilegal, y de ahí la necesidad pública del decreto".

Los diputados Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás consideran que Luis Guillermo Solís no envió el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa por motivos electorales, dado que un incremento en la partida de deuda habría dado de qué hablar durante la campaña electoral.

Finalmente todos los firmantes consideran que Solís quebrantó la institucionalidad del país y el principio de legalidad, además de haber expuesto al país a un inminente “default” financiero.

Según el informe de minoría: Este informe no hace referencia alguna al expresidente Luis Guillermo Solís, más que señalar que el mandatario negó que no se enviara un presupuesto extraordinario por motivos electorales.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan entre sí por cuanto el de mayoría declara responsabilidad de Luis Guillermo Solís por el mero hecho de "no preguntarse" si era necesario un presupuesto extraordinario y afirma que incurrió en abuso de autoridad, por cuanto "ordenó actos arbitrarios y contrarios a la norma como lo es el pago de amortización sin tener autorización legislativa ni contenido presupuestario"; y el otro informe le exonera.

¿Dónde está la responsabilidad del exministro de Hacienda, Helio Fallas?

Según el informe de mayoría: La tesorera nacional, Martha Cubillo afirmó que era responsabilidad de Helio Fallas informar del faltante presupuestario a la Asamblea Legislativa y que él sabía la situación desde el mes de diciembre, por cuanto "el ministro tiene que tener conocimiento de todo lo que esté pasando en el Ministerio".

Cubillo afirmó que en febrero cuando le llegó un correo electrónico con la información del faltante presupuestario se lo indicó a Fallas y solicitó a la Dirección de Crédito Público que le diera seguimiento y estableciera cuál era la cifra final que se requeriría. Asimismo dijo haberse reunido con el entonces vicepresidente en febrero para hablar del tema.

La contralora general, Marta Acosta afirma que el Ministerio de Hacienda tenía suficiente información para que el gobierno anterior tomara las previsiones correspondientes, como presentar el presupuesto extraordinario a tiempo, ya que toda deuda tiene un vencimiento y todo deudor tiene que saber las fechas de vencimiento de sus deudas.

Para el diputado Carlos Ricardo Benavides, el que Fallas no solicitara el presupuesto extraordinario fue un acto de "altísima negligencia", pues según Melvin Quirós, era posible solicitarlo e incluso exigirlo.

La directora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, dijo que si bien la Dirección de Presupuesto Nacional elabora el presupuesto, la responsabilidad de la presentación del anteproyecto recae en el titular de cada ministerio.

Según los firmantes del informe, Fallas actuó de forma negligente y no fue cuidadoso con los recursos públicos, mintió bajo juramento y aunque sabía del faltante presupuestario no envió el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa.

Finalmente consideran que quebrantó la institucionalidad del país y el principio de legalidad, además de haber expuesto al país a un inminente “default” financiero.

Según el informe de minoría: Este informe no hace imputaciones de responsabilidad a Helio Fallas. Más bien recuerda que según él la construcción del presupuesto ordinario para 2018 se basó en los datos disponibles y el comportamiento de la economía a mediados de 2017, gracias a la programación macroeconómica del Banco Central. Por esta razón rechaza cualquier manifestación que sugiera una manipulación de la información y afirma que está incluida la totalidad de la deuda pública.

Fallas atribuye a la incertidumbre en la economía la cautela que tomaron los inversionistas al no hacer efectivos los canjes de deuda e indica que para marzo no contaba con el dato exacto de la cifra que se debía enviar para la solicitud del presupuesto extraordinario, justificado en la espera de la colocación de $1500 millones que finalmente no se concretó.

A la Comisión de Ingreso y Gasto no se aportó -ni tampoco a través de las diversas solicitudes hechas vía oficio a las Direcciones del Ministerio de Hacienda-, comunicación escrita alguna donde se notificara a Helio Fallas que se estaban realizando pagos sin contenido presupuestario.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan por cuanto el de mayoría imputa responsabilidad a Fallas por el faltante presupuestario, mientras que el segundo no.

¿Dónde está la responsabilidad de la ministra Rocío Aguilar?

Según el informe de mayoría: Melvin Quirós, director de Crédito Público afirma que formalmente le informó del faltante presupuestario a la ministra Rocío Aguilar el 29 de junio, pero a sus superiores lo hizo el 10 de mayo, aun cuando no había sido nombrado Director de Crédito Público.

Pese a que la ministra es informada con posterioridad por Quirós, la Comisión le imputa a ella la responsabilidad de que fuera hasta el 29 de junio del 2018 que se ordenan los preparativos para un presupuesto extraordinario. Los correos aportados al expediente confirman que en ninguno de los intercambios de correos entre funcionarios previo al 29 de junio del 2018 aparece copiada la ministra Aguilar a su dirección de correo electrónico institucional.

Rocío Aguilar afirmó que ella corrió con el presupuesto extraordinario por un accidente, ya que cuando empezaron a preparar el presupuesto se dio cuenta que había un incremento grande en el servicio de la deuda, por lo que entonces averiguó por qué y ahí fue donde encontró la situación de los canjes y las demás historias relacionadas.

Los firmantes del informe de mayoría afirman que Rocío Aguilar "pudo ser más proactiva en la preparación del presupuesto extraordinario en sus actos, pues a mayor jerarquía y complejidad de tareas, mayor es su exigencia de efectividad en su proceder". El diputado Erick Rodríguez salva el voto por cuanto considera que la ministra no tuvo responsabilidad dado que los pagos son automatizados.

Según el informe de minoría: Este informe no hace imputaciones de responsabilidad a la ministra Rocío Aguilar y más bien señala que el 27 de septiembre 2018 ella afirmó conocer la necesidad del presupuesto extraordinario, pero no que se daban pagos sin contenido presupuestario, sino que más bien se dio cuenta "por accidente", pese a que era responsabilidad de Crédito Público informarlo.

A la Comisión de Ingreso y Gasto no se aportó -ni tampoco a través de las diversas solicitudes hechas vía oficio a las Direcciones del Ministerio de Hacienda-, comunicación escrita alguna donde se notificara a Rocío Aguilar, que se estaban realizando pagos sin contenido presupuestario.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan en cuanto al grado de responsabilidad de la ministra, por cuanto uno la imputa (pese a la discrepancia de uno de sus firmantes) y el otro no.

¿Dónde está la responsabilidad del director de Crédito Público, Mélvin Quirós?

Según el informe de mayoría: Según el informe de mayoría, este funcionario no tiene responsabilidad, pese a que informó hasta el 29 de junio a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar del faltante presupuestario, pero sí lo hizo el 10 de mayo a la Tesorera Nacional, a la directora de Presupuesto y al viceministro de Egresos.

La contralora Marta Acosta señaló que toda deuda tiene un vencimiento y todo deudor tiene que saber las fechas de vencimiento de sus deudas, por lo que debería poder planificarse los pagos en un presupuesto.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar también afirmó que era responsabilidad de la Dirección de Crédito Público no solo elaborar el presupuesto, sino también de darle seguimiento y vigilarlo para que garantice no solo el contenido presupuestario, sino también la correcta ejecución.

Según el informe de minoría: Quirós planteó hasta el 10 de mayo del 2018 informar a las nuevas autoridades de Hacienda sobre "la posibilidad" de un faltante presupuestario. Así lo hizo con la Tesorera Nacional, a la directora de Presupuesto y al viceministro de Egresos, sin embargo, informó a la ministra Rocío Aguilar hasta el 29 de junio, es decir, 45 días después, vía correo electrónico también copiado al viceministro de Egresos, a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional.

La ministra Aguilar responde al correo: "Gracias!! [sic] Cuando [sic] será oportuno? Juntemos de una vez los ajustes sobrantes"

El 2 de julio del 2018 Quirós le indica a la ministra Aguilar, por correo electrónico, que el faltante de ₡650 mil millones ya considera algunos sobrantes que tenían en el presupuesto de servicio de deuda y particularmente la modificación de ₡75 mil millones de amortización de caja única para usarlos en amortización de valores, y que contablemente ya para el mes de julio no se tendría contenido presupuestario para el registro de amortizaciones, por lo que prefirirían el presupuesto extraordinario "tan pronto como sea posible".

Es decir, Quirós informa a la ministra hasta ese momento que ya para el mes que había iniciado y estaba en curso ya no había contenido presupuestario para el pago de amortizaciones de la deuda.  Otro correo entre los funcionarios muestra que hasta el 10 de julio del 2018 Quirós envía confirmación a la ministra de Hacienda de que el faltante presupuestario es de ₡625 mil millones y que "el contenido presupuestario se agotó con los registros de Junio”.

Asimismo, hasta el 7 de agosto del 2018, en respuesta a una consulta del viceministro Rodolfo Cordero, Quirós confirma que se siguen haciendo pagos sin contenido presupuestario.

La responsabilidad de informar que se estaban dando pagos sin contenido presupuestario de acuerdo a la ley N.° 8131, artículo 80, inciso g), es competencia de la Dirección de Crédito Público (DCP).

Paola Vega estima que debe esclarecerse por qué, si el exdirector de la DCP (Julio Espinoza) había girado la orden de realizar un presupuesto extraordinario desde el 26 de abril, y la jefa del Departamento de Registro y Estadísticas de Deuda indicó “que se tiene disponible para el registro presupuestario hasta el mes de mayo”, el Director que lo procede (Quirós) comunica hasta el 29 de junio sobre “la posibilidad de un faltante presupuestario”.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan respecto a la responsabilidad del funcionario, por cuanto uno lo exonera y el otro le señala por omitir mencionar que en esos momentos se estaban realizando pagos sin contenido presupuestario.

Dato D+: El 15 de abril del 2018, el despacho de la diputada Silvia Hernández solicitó a Hacienda trasladar en calidad de préstamo a Mélvin Quirós Romero para que trabajara como asesor de la congresista. El 10 de mayo de 2018 la ministra Rocío Aguilar denegó la solicitud.

¿Dónde está la responsabilidad del exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza?

Según el informe de mayoría: Julio Espinoza reconoció que, a pesar que desde el 13 de marzo ya era previsible el hueco presupuestario, él no incluyó esa información en su informe de labores con cierre a mayo de 2018, lo cual consideró como un “error”.

La contralora Marta Acosta señaló que toda deuda tiene un vencimiento y todo deudor tiene que saber las fechas de vencimiento de sus deudas, por lo que debería poder planificarse los pagos en un presupuesto.

La ministra Rocío Aguilar indicó que los problemas del presupuesto 2018 iniciaron desde su formulación, por ser insuficiente y dijo que la Dirección de Crédito Público es el que tiene la responsabilidad no solo de elaborarlo, sino también de darle seguimiento y vigilarlo para que garantice no solo el contenido presupuestario sino también la correcta ejecución.

La Comisión afirma que los funcionarios que avalaron el presupuesto para el ejercicio económico del año 2018 deben ser destituidos e inhabilitados de ocupar cargos que involucren administrar recursos públicos, ya que si bien la responsabilidad era de Helio Fallas como último jerarca, "es inconcebible que el Ministerio de Hacienda cuente con funcionarios que puedan hacer incurrir en un error al máximo jerarca"

Según el informe de minoría: A la Dirección de Crédito Público, encabezada por Espinoza hasta mayo del 2018, se le designó el 26 de abril 2018 como responsable de "realizar propuesta para presentar un presupuesto extraordinario".

Espinoza reconoce que pese a que en el 2017 había una reducción en el nivel de canjes de deuda respecto a otros años, incluyeron para el 2018 una estimación de canjes en el presupuesto por 300 mil millones de colones. Según él, era un supuesto "realista" pero no se cumplió debido a que los inversores prefirieron mantener sus inversiones en el corto plazo por la no aprobación del plan fiscal, luego de las elecciones de febrero; manifestaciones de algunos analistas sobre una devaluación del colón; problemas en mercados emergentes relativas a fracasos en colocaciones y
reducciones de liquidez.

La responsabilidad de informar que se estaban dando pagos sin contenido presupuestario de acuerdo a la ley N.° 8131, artículo 80, inciso g), es competencia de la Dirección de Crédito Público (DCP).

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan por cuanto uno señala que Espinoza reconoció como error el no haber informado del faltante presupuestario en su informe de labores, mientras que el otro resalta que Espinoza ordenó realizar un presupuesto extraordinario a la Dirección de Crédito Público que él presidía, pero hasta el 29 de junio se le informa a la ministra de Hacienda sobre “la posibilidad de un faltante presupuestario”.

¿Dónde está la responsabilidad de la Tesorera Nacional, Martha Cubillo?

Según el informe de mayoría: La tesorera Martha Cubillo evadió su responsabilidad por los pagos ilegales de deuda y dijo que estos eran realizados de forma automática por un robot.

Según el informe de minoría: La tesorera Martha Cubillo afirmó que los pagos obedecen a una ejecución de procesos automatizados, en línea con los vencimientos a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) que es el portal financiero que integra y articula el sistema de pagos costarricense, el cual es administrado por el Banco Central de Costa Rica, por tanto, el contenido presupuestario debe considerarse con anterioridad al pago (tal como sucede con otro tipo de pagos, es decir, salarios, pensiones, transferencias, otros).

Asimismo, el gestor de cada presupuesto realiza la generación de informes y notificaciones periódicas del seguimiento presupuestario de las direcciones rectoras de tal función, de modo que por competencias establecidas en la Ley 8131, la Tesoreria Nacional no tiene la potestad de visado de gasto presupuestario.

A la Comisión de Ingreso y Gasto no se aportó -ni tampoco a través de las diversas solicitudes hechas vía oficio a las Direcciones del Ministerio de Hacienda-, comunicación escrita alguna donde se notificara a Martha Cubillo, que se estaban realizando pagos sin contenido presupuestario.

Conclusión de ambos informes: Los informes discrepan respecto a las responsabilidades de la funcionaria en este caso.