La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, por votación 5 contra 4, el proyecto de ley que prohibirá la huelga en 121 servicios considerados "esenciales" en Costa Rica, agrupados en 13 cateog´rias.

La iniciativa tramitada en el expediente 21097 "Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales" recibió el apoyo de su proponente, Yorleny León del PLN, Luis Antonio Aiza (PLN), Catalina Montero (PAC), Erick Rodríguez (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración). En contra votaron Víctor Morales (PAC), Shirley Díaz (PUSC), Patricia Villegas (PIN) y Nidia Céspedes (independiente).

León afirmó que se trata de un proyecto que reforma el Código de Trabajo para solventar un vacío legal existente y cuyo objetivo es garantizarle a los ciudadanos la continuidad de los servicios públicos por parte del Estado en todo momento.

"La importancia de este proyecto de Ley radica en que en servicios esenciales, por ser indispensables para la vida, la seguridad y la salud de las personas, no es posible que se vean afectados por huelgas, por lo que se detalla la prohibición de las mismas.  En su lugar, se habilita el arbitraje obligatorio, para que los conflictos económicos laborales puedan ser resueltos", explicó.

El proyecto reforma el artículo 376 del Código de Trabajo para establecer que, para los efectos del artículo 61 de la Constitución Política, se entiende por servicio público esencial aquel cuya interrupción podría poner en inminente y evidente peligro la vida, la seguridad o la salud de en toda o parte de la población, o causar grave daño a la economía pública.

La propuesta de reforma al artículo enlista 13 categorías de servicios donde la huelga estará prohibida. Según la verificación hecha por Delfino.cr, en total la prohibición se aplica a funcionarios de 121 servicios brindados por el Estado:

  1. Servicios de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, carga y descarga en muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, y los servicios de transporte, mientras el viaje no termine.
  2. Los que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.
  3. Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, incluyendo los servicios de: hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de pacientes, el suministro de medicamentos, y servicios de inspección administrativa para mantener el orden público relativos a salubridad, control de sonido, alimentos, concentraciones masivas y similares.
  4. Servicios de seguridad pública incluyendo policía, vigilancia, investigación, defensa de la soberanía nacional, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanecieren, así como servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los sistemas de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.
  5. Servicios de control de tráfico aéreo.
  6. Atención de emergencias, incluyendo incendios, búsqueda de personas  desaparecidas, rescate de víctimas y atención de desastres y atención de llamadas de emergencia.
  7. Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
  8. Los servicios de producción, transporte o transmisión, distribución y suministro de energía a los consumidores, la atención de averías mayores ya sea combustibles en planta o a granel para uso general de la población, y el suministro tanto en plantel como al detalle de los combustibles.
  9. Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los mismos.
  10. Servicios de protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues.
  11. La educación pública, la atención médica y de seguridad de la población estudiantil mientras permanezcan en los centros educativos, incluidos los servicios del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA), los albergues del PANI, los servicios de comidas servidas y de distribución de alimentos para el consumo en el hogar de la población materna infantil que brinda la Dirección Nacional de CEN CINAI, además de todo comedor o servicio de alimentos, que opere con fondos públicos en la atención a poblaciones vulnerables.
  12. Los servicios de acceso a la Justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso judicial, incluyendo: los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de trabajo; el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente; atención de denuncias, solicitudes de imposición de una medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer, atención de solicitudes de medidas de protección; juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir; intervenciones de las comunicaciones, mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación; atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país; mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP); traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas; protección a víctimas y testigos; la disponibilidad que deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación; la notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad; y la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.
  13. Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros.

El proyecto también agrega un nuevo artículo 376 bis y 376 ter al Código de Trabajo en el que se declara "servicios de trascendental importancia" aquellos cuya interrupción por un tiempo determinado puedan llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Respecto a la huelga en dichos servicios, los diputados decidieron establecer un régimen de servicios mínimos de prestación, el cual deberá formalizarse en un documento suscrito por patronos y trabajadores de acuerdo a criterios técnicos según el área de que se trate, de previo a la suspensión de funciones de los trabajadores, y deberá ser depositado ante el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La norma encarga al Ministerio de Trabajo determinar el contenido mínimo del documento y una vez se encuentre formalizado el acuerdo, los trabajadores podrán acudir a la huelga, previo aviso de quienes lo harán con un mínimo de siete días naturales de anticipación.

"En caso de que una de las partes se niegue a la formalización del plan de servicios mínimos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá autorizar su implementación, si fuera considerado necesario. En el caso de instituciones que tengan centros desconcentrados, regionales o agencias, podrán acordarse los servicios mínimos de acuerdo con dichas circunstancias", agrega la nueva disposición.

Los servicios donde deberán darse servicios mínimos en caso de huelga son:

  • Los servicios de aseo de vías y sitios públicos, así como los servicios de recolección y tratamiento de desechos y residuos;
  • La celebración de elección nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no impedir su celebración.
  • Servicios de control migratorio y aduanero, así como los servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos

Finalmente, la reforma establece que para la resolución de los conflictos laborales que se presenten, tratándose de personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del conflicto o al arbitramento.

Dicho arbitraje obligatorio podrá realizarse en el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colegio de Abogados y Abogadas o un arbitraje ad hoc.  En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto a la sede del arbitraje, este se llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo.

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Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 25 de abril del 2019 titulado: Eurobonos en llamas