Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 20.596, con el cual se propone mayor celeridad en las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo, al eliminar el requisito de que los jueces tengan que firmar todas las resoluciones de trámite de denuncias (solicitar informes, recordatorios, citar a inspecciones, etc.) y trasladar dicha prerrogativa a los abogados tramitadores del propio tribunal, que son funcionarios de Servicio Civil.

El proyecto fue impulsado por el exdiputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas y retomado por el actual Congreso, dado que según las estadísticas el Tribunal gastaba tiempo valioso emitiendo resoluciones de trámite mientras los casos se acumulaban. Solo en el 2016 se emitieron 1475 resoluciones de ese tipo, frente a 200 fallos de fondo sobre denuncias presentadas.

Asimismo, la iniciativa elimina la obligación del Tribunal de asesorarse únicamente con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en la investigación de los daños ambientales que se denuncien, ampliándose el apoyo asesor en otros órganos públicos y privados.

El apoyo de los diputados presentes fue unánime: 41 votos a favor y ninguno en contra, por lo que pasa al Poder Ejecutivo para su sanción. Asimismo, todas las entidades consultadas sobre la propuesta emitieron un pronunciamiento favorable, incluyendo el propio Tribunal.

Esta nota forma parte del Barra de Prensa del 24 de abril del 2019 titulado: Uber da la estocada final al proyecto del MOPT para regular plataformas de transporte vía aplicación