La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una denuncia penal contra el diputado Jonathan Prendas Rodríguez, debido a su viaje a un congreso fuera del país costeado por un empresario.

Así lo confirmó la Abogacía del Estado la tarde de este jueves en un comunicado de prensa, donde señaló que el caso fue interpuesto ante la Fiscalía General de la República para activar la investigación judicial.

"A la Fiscalía General se le está solicitando la investigación de la posible responsabilidad penal en que se pudo haber incurrido, ante la existencia de normativa expresa y específica en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de relevancia el artículo 45 (enriquecimiento ilícito), así como también en el artículo 353 del Código Penal, en virtud de la prohibición para admitir dádivas y obsequios, a que se encuentran obligadas las personas servidoras públicas", explicó la institución.

La Procuraduría confirmó que abrió una investigación de oficio que se tramitará bajo el número DEP-047-2019 y realizará las diligencias necesarias para determinar otras posibles responsabilidades del diputado Prendas y otros funcionarios que le acompañaron en el viaje.

De acuerdo con la PGR, los funcionarios podrían haber vulnerado y menoscabado el deber de probidad, por haber incurrido en conflicto de intereses o conductas prohibidas, por la múltiple y diversa normativa que cubre el ejercicio de la función pública.

Asimismo, la Procuraduría de la Ética reiteró el compromiso que debe existir, por parte de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, en cuanto a la estricta observancia y respeto de las normas anticorrupción, cuyo conocimiento constituye un pilar de la prevención de prácticas corruptas, para alcanzar óptimos niveles de transparencia y gestión democrática, como por ejemplo, las “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general.”

La Procuraduría no dará más detalles sobre el caso, para cumplir con el deber de confidencialidad que exige el artículo 8 de la Ley 8422.