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Punto del Reporte

Sebastian May Grosser

Procurador General da un duro golpe al proyecto del Ejecutivo para regular Uber y similares

06 de marzo, 2019 12:52 am
Procurador General da un duro golpe al proyecto del Ejecutivo para regular Uber y similares

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— El día de ayer compareció en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández, para dar su criterio sobre el proyecto 21.228 que busca regular a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT) de personas, conocido popularmente como ehm, el proyecto para regular Uber.

— Jurado inició la comparecencia señalando los aspectos que un proyecto de ley como este puede hacer, que fueron: definir el servicio como parte de los servicios públicos, regular la condición de los trabajadores involucrados y poner un límite a la cantidad de los conductores autorizados, hasta ahí todo bien…

— Sin embargo, posteriormente el procurador continuó señalando todo lo que encontraron en el proyecto que, a criterio de la Procuraduría, resulta inconstitucional.

— El proyecto busca que las EPT paguen ¢44,6 millones por registrarse y ¢22,3 millones por renovar sus permisos y que una vez inscritas tengan que pagar el 3% de cada viaje realizado.

— Adicionalmente en el caso de aquellas EPT que estuvieran operando en el país antes de que la ley sea aprobada —entiéndase Uber—, estas deberían pagar un monto de inscripción de 18.600 salarios base, lo que vienen siendo unos ¢8.300 millones.

— Con todos los dineros recaudados se crearía un Fondo Nacional de Movilidad, que estaría a cargo del Consejo de Transporte Público (CTP) y se usarían, en los primeros 8 años, un 80% para renovar la flota vehicular de taxis, y un 20% para asistencia social a los taxistas.

— A esto, el procurador señaló que esos montos definidos son desproporcionados, no por su cuantía, sino más bien por la poca justificación que se dio a la necesidad de esos recursos y el uso que se les dará, así mismo recordó que la administración de un fondo de este tipo excede las competencias del CTP.

— La Procuraduría señaló también sus preocupaciones por el manejo que se le daría al Fondo Nacional de Movilidad, que a como está en el proyecto, no cumple con los requisitos constitucionales para manejar fondos públicos, ya que el dinero no estaría pasando a la Caja Única del Estado, sino que pasarían directamente al CTP, el cual no tiene dentro de sus competencias el manejo de recursos de este tipo y con esa movida, los dineros quedarían exentos del Presupuesto Nacional, y por tanto del control de la Asamblea Legislativa.

— Adicionalmente, Jurado señaló que aunque el monto para las EPT que ya están operando no está definido como una multa, en la práctica lo estaría siendo.

— Que el monto que se cobraría para la inscripción esté pensado como una multa, aunque no sea señalado como tal, coincide con lo que el ministro de Transportes y Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, había dicho en enero pasado para justificar la cifra:

Hicimos un cálculo aproximado en base a información que ellos mismos han dicho de las personas que tienen registradas como conductores en Costa Rica. Consideramos el tipo de demanda que esa gente atiende y el valor de sus servicios. Luego, establecimos el posible valor de los impuestos que dejaron de pagar en tres años.

— En criterio de la Procuraduría, la justificación que se dio en el proyecto para todos los montos es insuficiente para sostener los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la Sala Constitucional ha señalado como necesarios para este tipo de imposiciones.

— Adicionalmente, para terminar de basurear el proyecto, Jurado expresó que si se hubiera querido seguir una buena técnica legislativa, el proyecto debió haberse hecho como una adición a la actual ley de taxis y no como una ley aparte.

— En la comparecencia estuvo además Edwin Barboza, en representación de los taxistas, quien no compartió el criterio del procurador sobre la proporcionalidad de los cobros a las EPT,  pues señaló que la cifra no puede considerarse desproporcionada ya que según sus datos el capital de Uber a nivel mundial asciende a $72.000 millones de dólares. Además recordó a los diputados que todos los proveedores de servicio —de cualquier tipo— pagan entre 3 y 5% por cada compra cuando se realiza con tarjetas, pero que a nadie le parece exagerado ese monto.

— Barboza no se fue sin antes señalar los aspectos del proyecto que los taxistas no comparten, entre ellos la cantidad de permisos que se darían —ellos consideran que debería ser máximo el 30% de la cantidad de taxis—, que el proyecto no define tarifas para las plataformas y que el sistema de pago sea exclusivamente por tarjeta. Además, Barboza aseguró que los taxistas no están interesados en el porcentaje que se asignó de asistencia social.

— Así las cosas, aunque esto apenas empieza  —a pesar de ser un tema al que el Gobierno se había comprometido a entrarle desde julio del año pasado, pero que, después de tres prórrogas solicitadas por el ministro de Transporte, hasta ahora está empezando el proceso de audiencias— ya huele a que este proyecto no llegará nunca a ser ley tal como y está planteado actualmente.

— No queremos decirlo pero lo vamos a decir: se los dijimos.

Esta nota es parte del Reporte: Con los ojos puestos en Limón, en Uber y en Solís.

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