El presidente de la República, Carlos Alvarado convirtió en la Ley 9668 la iniciativa aprobada por el Congreso en febrero anterior, con la cual se cierran seis instituciones públicas que habían estado inactivas, que no tenían personal, presupuesto, ni cumplían funciones importantes para el país.
La ley, requisito para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marcó el inicio de la reforma institucional y con miras a que el Ministerio de Planificación analice la conveniencia de las 323 instituciones que aún prevalecen.
Como parte de las evaluaciones para el ingreso a la OCDE, dicha institución señaló a Costa Rica que su aparato estatal es muy grande y fragmentado.
"Esta ley es un primer momento y abre el camino para reformas más sustantivas con las 323 instituciones restantes", señaló la ministra Pilar Garrido Gonzalo, quien agregó que comenzaron a analizar cuáles instituciones deben ser reformadas en su diseño institucional y cuáles tienen que ser reformadas en su gestión pública para prestar mejores servicios.
Las instituciones cerradas son la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya, la Casa Hogar de la Tía Tere y la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma.
“Estas instituciones existían como un artificio jurídico. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica analizó su estatus, el índice de gestión institucional y sus compromisos asociados con los planes nacionales de desarrollo. Al hallar que no cumplían ninguna función sustantiva, concluimos que lo correspondiente era eliminarlas jurídicamente, ya que sustantivamente habían dejado de existir”, explicó Garrido.
La reforma aprobada por el Congreso también elimina la junta que administraba los Centros Cívicos, por lo cual estos pasan ahora a depender directamente del Ministerio de Justicia y Paz.
La jerarca de Mideplan adelantó que en marzo próximo se presentará un nuevo proyecto de ley sobre reforma administrativa. Adicionalmente, están revisando cerca de 76 órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Central y analizan cuáles deben conservar su desconcentración máxima y cuáles podrían perder su personalidad jurídica instrumental, para pasar a tener mínima o ser parte de los ministerios rectores.