Una minoría de diputados logró enterrar dos proyectos de ley en materia ambiental al negar sus votos para la prórroga del tiempo de vida de esas iniciativas por cuatro años más, por lo que estos serán enviados al archivo en los próximos días al haberse vencido el plazo cuatrienal que originalmente se les concedió.
Se trata del proyecto para permitir que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) pueda adentrarse en energías limpias como el hidrógeno y otro que había tipificado como delito el aleteo del tiburón.
Los responsables del archivo de ambos expedientes fueron los diputados del Partido Unidad Social Cristiana y los del bloque de independientes leales a Fabricio Alvarado, así como algunos de Restauración Nacional y Liberación Nacional.
Las mociones para darle cuatro años más de vida a un proyecto requieren para su aprobación la supermayoría de 38 votos, sin embargo las propuestas solo alcanzaron como máximo 33 votos, por lo que no lograron ver la luz.
En el caso del proyecto sobre RECOPE la moción fue rechazada en tres ocasiones distintas, ya que había una presentada por la diputada Paola Vega, otra del diputado José María Villalta y una de las votaciones se repitió al haberse aprobado una moción de revisión, pero sin alcanzar a la tercera vez los 38 votos necesarios.
Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) explicó al Plenario que no votaría para mantener vivo un proyecto que involucrara a esa empresa estatal, mientras el Poder Ejecutivo no defina qué hacer con lo que calificó como un "animal ponzoñoso" e inclusive señaló que debía analizarse si RECOPE debería tener o no un futuro al ser una refinadora que no refina.
El legislador recordó que según declaraciones del propio ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, RECOPE puede operar con el 40% de su personal actual pero ante ese hecho el Ejecutivo solo envió un proyecto para eliminar el asiento del MINAE en la junta directiva de la empresa estatal.
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"Mientras no sepamos cuál es su plan estratégico y no se acepten las responsabilidades incurridas hasta la fecha, no votaré a favor de seguir teniendo ocurrencias", agregó el socialcristiano.
Donde no hubo explicación de ningún diputado fue sobre el motivo de rechazar la prórroga al plan para tipificar como delito el aleteo de tiburones y prohibir la exportación de aletas de tiburones protegidos en tratados de Derecho Internacional.
Proyectos aprobados en primer debate
El Plenario aprobó en primer debate tres proyectos de ley que podrán ser conocidos y votados en segundo debate el próximo jueves.
El primero en recibir el visto bueno fue el Primer Presupuesto Extraordinario del 2019, el cual incluye modificaciones presupuestarias por 36.876 millones de colones dividido en tres grandes aspectos:
- ₡30.843,9 millones destinados al cumplimiento de la Ley No. 9605, Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica
- ₡32,97 millones rebajados a la partida de Impresión, Encuadernación y Otros del subprograma de Asesoría Hacendaria en el Ministerio de Hacienda, distribuyendo esa cifra entre otras subpartidas operativas del mismo programa.
- ₡6000 millones menos al Servicio de la Deuda para redistribuirlos en ₡254 millones para el Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisición de Bienes; ₡1745,9 millones para "la atención de contratos y remodelación del edificio donado por el ICE"; y ₡4000 millones para fortalecer el Sistema de Monitoreo Electrónico o uso de brazaletes.
El proyecto recibió el visto bueno de los 44 diputados presentes al momento de la votación.
El otro proyecto aprobado fue el 20.044 con el cual se reforma el artículo 1 de la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, con el propósito de incluir al Colegio Agropecuario de San Carlos como parte de las instituciones beneficiadas con los recursos que dispone esa normativa, que provienen del superávit acumulado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Este proyecto recibió el visto bueno de 46 diputados.
Finalmente, se aprobó el expediente 20.389, con el cual se pretende fomentar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, por medio de la inclusión de tres artículos a la Ley Nº 7142, Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.
Con esta inclusión se pretende el reconocimiento del derecho de las mujeres a gozar de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por un trabajo de igual valor, cuando se trate de un mismo puesto o funciones similares y bajo un mismo patrono y se crea la Comisión de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres en el sector público y privado, con representación de varias instituciones, que tendrá como principal labor la realización de estudios (a través del INEC) que analicen las circunstancias propias que puedan desencadenar en desigualdades salariales entre mujeres y hombres ante iguales labores.
