El actuar del Poder Legislativo, dentro de un sistema político democrático, debe responder a los intereses generales. Ya que el pueblo soberano, por medio del voto, delega en sus integrantes, los diputados, esa labor.

Para tener un sistema político saludable los dos elementos mencionados deben estar en el máximo nivel de optimización posible. Es decir, la elección de los representantes debe ser “legítima” frente a sus votantes y, además, en su actuar, la Asamblea debe responder en forma “eficaz” a las demandas públicas.

Si el marco normativo y el juego político dirigen su trabajo hacia esos dos objetivos, se logrará una mayor confianza ciudadana en la Asamblea Legislativa, aspecto esencial para la paz social y la vida en democracia.

Si bien reconocidos índices que valoran la democracia sitúan a Costa Rica entre los tres mejores regímenes de América Latina, la mal configuración normativa del sistema de elección de diputados y de las reglas de juego internas del Congreso, nos han mantenido por décadas en un callejón sin salida que, hasta ahora, empieza a ver la luz.

Legitimidad. En 1961 se definió que la Asamblea Legislativa estaría compuesta por 57 diputados. Esa es la única reforma que, durante la Segunda República, se ha realizado al sistema de elección de legisladores.

Esa desidia hace que la escogencia del Congreso se realice por medio de provincias que, por su antigüedad, no responden a realidades demográficas, ni tampoco vinculan social y culturalmente a sus habitantes. Esto ha afectado la representatividad, es decir, no existe una relación estrecha entre los diputados y sus representantes. Aún más grave es que esa elección por medio de provincias, junto al tamaño minúsculo de la Asamblea, se traducen en que la relación entre los votos recibidos por un partido político y las curules que obtiene es cada vez más lejana, es decir, las reglas del juego irrespetan la voluntad popular.

Con el inicio del trámite y discusión del proyecto de reforma constitucional 20.127, la crisis en la que se encuentra el tema empieza a ver su salida, con la promoción del modelo alemán o sistema electoral proporcional personalizado. La discusión y proceso de enmienda debe darse alrededor de ese proyecto, mediante uno de los mayores pactos políticos y sociales en décadas. Lo anterior dado que, lo que se reformará es un aspecto fundamental de la democracia representativa: la forma en que ingresan y se mantienen en el poder político los partidos.

Eficacia. Desde el 2002 la configuración partidaria de la Asamblea pasó a ser variopinta, pero con unas reglas que respondían a la dinámica bipartidista de antaño, lo cual dificultaba una óptima toma de decisiones.

Con la recién aprobada reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa se inicia a saldar esa deuda con la eficacia del órgano para responder a las demandas públicas. La reducción de tiempos en el uso de la palabra, el impulso de una nueva vía rápida, entre otros cambios, crean un doble balance entre dos principios constitucionales: si bien las minorías mantienen su derecho de enmienda y demás derivados del principio democrático, se aumenta la posibilidad de que las mayorías tomen decisiones.

Si bien es de celebrar la histórica reforma, esta es incompleta. En un sistema donde la legitimidad popular la ostentan dos poderes distintos, el Ejecutivo y el Legislativo, las reglas que determinen cómo se desarrolla la relación entre ambos órganos son esenciales para la gobernabilidad democrática.

Al confiar el pueblo en el programa político de un presidente de la República, mucho de su desarrollo y éxito dependerán de la labor legislativa. Por lo que la existencia de herramientas para que el Gobierno incida en ese trabajo es esencial, más en un país como Costa Rica, donde esa relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso es la más débil de América Latina.

Con total respeto a los derechos de los diputados, el pacto iniciado con esta importante reforma parlamentaria debe fortalecerse con la introducción de reglas de juego que aumenten ese poder del presidente, tal como lo son la tramitación preferente de proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo o la ampliación de la capacidad de negociación en el trámite de esos proyectos.

La Asamblea Legislativa se encuentra saldando una deuda histórica con las bases fundacionales de la democracia representativa costarricense. Deben ser la legitimidad y la eficacia los dos objetivos que, en el trayecto pendiente, continúen en el centro del debate nacional, donde criterios políticos y técnicos deben converger.

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