A pocas semanas del cierre de la Administración Solís Rivera se estimaba que el cumplimiento de lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo sería de alrededor del 70%. Así fue expresado en giras a comunidades, discursos públicos en decenas de sitios y oportunidades, además de corrillos ministeriales.  Pero, ¿por qué no se alcanzó la totalidad de lo planteado inicialmente?

Aunque todo lo que se diga sonará a excusa para los oídos inquietos, he de señalar que en mucho incidió no contar con los recursos financieros necesarios para tales propósitos, y a ello se le sumó el costo asociado a la atención de emergencias provocadas por la naturaleza y flujos migratorios no estacionales, así como lo limitado que resulta el periodo constitucional actual para el rompimiento de inercias perjudiciales y la implementación y afianzamiento de transformaciones relevantes.

Según el informe revelado por Mideplan a inicios de este mes, la administración 2014 – 2018 alcanzó el 73% de las metas en sectores, el 64% en las relativas a programas y el 43% en las nacionales. Se resalta el cumplimiento con nota de excelencia en la atracción de inversión extranjera, el turismo, el combate a la pobreza, las energías renovables, la política internacional, la vivienda y lo actuado en telecomunicaciones; y señala tareas inconclusas con serios desafíos por resolver el déficit primario del Gobierno Central, la generación de empleo, la elaboración e implementación de planes reguladores de la zona marítima terrestre, el control y la vigilancia en aguas jurisdiccionales, entre otros.

Este informe, junto con los mensajes que el expresidente Solís Rivera dirigió a la Asamblea Legislativa al inicio de cada mayo, retrata de buena manera lo actuado por la Administración. No obstante, estimo conveniente hacer al menos tres apuntes para la adecuada lectura de estos resultados.

  1. Esta es la primera vez que un plan nacional de desarrollo es medible con certeza, debido a la decisión de la Administración de llevar más claridad al seguimiento y evaluación de sus metas, mediante un cambio metodológico basado en el uso de indicadores de productos y criterios precisos de medición.  Esto fue posible gracias a los esfuerzos que se vienen realizando dentro del Mideplan por depurar este instrumento; mismos que, desafortunadamente, no evitaron que en anteriores PND actividades fueran tratadas como metas.
  2. Es importante señalar que el gobierno 2014-2018 se abstuvo de reformular las metas del PND a mitad de camino, rompiendo con ello la costumbre de ajustar los umbrales de partida, en función del avance registrado y las proyecciones de cumplimiento realizadas a mitad de cada administración. Por ello, hoy día no es posible medir con certeza cuál es el nivel de cumplimiento promedio que alcanzan los gobiernos ni hacer comparaciones entre ellos. No se sabe si un 45, un 70 o un 90 representan la norma o la excepción en el cumplimiento de metas de una administración.
  3. La administración pasada enfatizó en iniciar o madurar procesos porque era lo factible; sin embargo, esos esfuerzos no son medibles y su concreción en resultados dependerá, enteramente, de la decisión de las siguientes administraciones de darles continuidad. Este es un rasgo que caracteriza a toda a la administración Solís Rivera y que se expresó con la metáfora de “la finca encharralada”, la cual había que limpiar antes de trabajarla. En algunos sectores de ella se lograron hacer las dos cosas, en otros no dio tiempo de hacer la cosecha y hubo otras esquinas a las que ni siquiera se pudo entrar, pero que quedaron identificadas.

Habiendo dicho todo lo anterior, quizá la administración pecó de ingenua, academicista o excesivamente pretenciosa al ponerse ella misma los cascabeles que hoy le resuenan.  Dependiendo de la acera desde la que se le mire, aquello puede ser visto como: una bobería suprema, pues se está en política y lo que importa es lo que se diga de la gestión y no lo que efectivamente haya sido esta; como bisoñez en el ejercicio político y operativo del gobierno, por asumir que la voluntad política y la tecnificación de procesos bastaban para que las cosas ocurrieran; o como una apuesta por vigorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el país, lo cual sería una contribución al perfeccionamiento del control interno y de la calidad de nuestra democracia. Estoy seguro de que hubo un poco de las tres cosas y, a pesar del costo político que hoy pudiera provocarle a la imagen de ese gobierno, lo cierto es que no pudo haber sido de otra manera, dada la consigna de cambio que articuló el espíritu y las acciones de esa administración y sus jerarcas.

Hoy día, debemos velar porque en adelante la acción del gobierno pueda ser medida, registrada y comparada a lo largo de los años, independientemente del partido que esté liderando el Ejecutivo. De ello debe ser garante la Contraloría General de la República y todos los ciudadanos interesados en la cosa pública.

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