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— ¿Se acuerdan de aquella vez, en octubre del año pasado, cuando Carlos Avendaño en conferencia de prensa le dijo al país que "un día si quieren les digo donde estuvo el fraude"? Bueno, pues parece que aunque el cuento completo no nos lo contó a nosotros, sí lo compartió con la Fiscalía...

— Así quedó constatado en una nota publicada ayer por el diario La Nación, en la cual se informó acerca de una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 25 de junio de 2018 y en la que se acusa al comando de campaña de Fabricio Alvarado por los presuntos delitos de estafa, extorsión y estructura paralela en el manejo de la campaña presidencial pasada.

— ¿Quién la interpuso? El propio Carlos Avendaño, presidente de Restauración Nacional en conjunto con el secretario general de la agrupación, Miguel Ángel Quesada y la tesorera del partido, Jéssica Sequeira.

— Echemos para atrás y recapitulemos para entender bien: la semana pasada trascendió información respecto a una presunta estructura paralela al Comité Ejecutivo de Restauración Nacional, bajo la cual el comando de campaña de Fabricio Alvarado habría ordenado cobrar diferentes facturas concernientes a servicios que diversas empresas dicen que el PRN no les quiere pagar (Crescendo Mercadeo por 115,5 millones de colones; Opinión Política C y C por ₡18 millones y One Sports Costa Rica por hasta 300 mil dólares).

— El tema es que estas facturas no aparecen en la liquidación de gastos que Restauración le presentó al TSE, pues los líderes del partido calificaron la aprobación de sus pagos como una estructura de financiamiento paralelo a lo interno de la campaña, que era la que presuntamente aprobaba y gestionaba los pagos y los cobros (vía grupos de Whatsapp, vean el punto al respecto de la semana pasada) a espaldas del Comité Ejecutivo del partido.

— Hasta la semana pasada, estas acusaciones no eran más que eso para la opinión pública: acusaciones. Es hasta ayer que nos enteramos de que el tema ya camina mediante denuncia penal interpuesta por la presunta estructura paralela, a la que ahora se le unen además los presuntos delitos de estafa y extorsión contra los dirigentes de la campaña.

— Así consta en la causa N.º 18-000075-1218-PE que se tramita en la Fiscalía y en la que los restauradores demandantes aseguran que en la campaña existió una treta enorme que hasta "modus operandi" tenía, según Avendaño.

— Avendaño denuncia que se contrataban servicios para, una vez terminada la campaña, cobrar contratos que no fueron ni consentidos ni negociados por el Comité Ejecutivo, a fin de que el partido los cobrara y legalizara ante el TSE, que los habría tenido que pagar luego con deuda política. Estos servicios, según señala la denuncia, vienen sin la firma de Avendaño (como en el caso de las encuestas de Opol Consultores) y hasta traen las fechas mal, según denuncia el Comité del PRN. La denuncia, de la que La Nación tiene copia, señala:

El hecho de que se presenten contratos con fechas distintas, con montos no negociados por las autoridades del partido, con el fin de cobrarlos al TSE, hace que tales acciones sean típicas del delito de estafa triangular o estafa procesal, en donde se instrumentaliza al PRN para que engañe al TSE y este ordene el pago de las facturas que nunca se ajustaron a los lineamientos legales.

— En la querella Avendaño asegura además que el culpable de toda esta presunta treta fue el productor de conciertos Juan Carlos Campos, quien fungió como el jefe de campaña de Fabricio. Fue él, dice el documento presentado por el diputado, quien "lideró todas las contrataciones, compras y todo lo relacionado con la campaña del candidato, a espaldas del suscrito como presidente del partido y del resto del comité ejecutivo superior".

— Avendaño asegura que él nunca vio los contratos polémicos (los de Opol, Crescendo y One Sports) y que en el caso específico de la encuestadora, hasta "me negué a firmar un contrato del cual yo no tenía conocimiento, ni había sido tomado en cuenta en las negociaciones de las cláusulas y el monto cobrado por Opol".

— La denuncia amplía que todas estas negociaciones con acreedores se crearon, presuntamente, bajo "un andamiaje de hecho, para trabajar sin ninguna clase de supervisión y control y con ello manejar los dineros a su antojo", es decir, a antojo del comando de campaña que era, según los denunciantes, ajeno al Comité Ejecutivo que es el encargado, tal y como lo estipula el Código Electoral, de canalizar todos y cada uno de los aportes privados a campaña, incluida la prestación de servicios, porque estos se pagan con fondos públicos del Estado, que se convierten en deuda. Agrega la denuncia:

No hay duda y es del conocimiento público, que el comando de campaña gastó recursos no autorizados por el comité ejecutivo superior del partido y debido a ello se debe investigar a fondo las acciones de cada uno de los partícipes en dicho comando de campaña, a efecto de determinar su legalidad o no.

— El caso es que, más allá de la estructura paralela (que la legislación sanciona con penas que van desde los dos a los cuatro años de cárcel) o de la presunta estafa (que se sanciona con penas que van desde los dos meses hasta los diez años) el documento también acusa de una presunta extorsión simple a Luis Alonso Naranjo, de Crescendo Mercadeo y primo de Fabricio Alvarado, quien según Restauración “está prácticamente extorsionando al Comité Ejecutivo para que le paguen el dinero” que asegura que le deben, con presuntas amenazas en redes sociales en las que denuncia que se violó la Ley de Derechos de Autor por haber utilizado más de 123 videos y producciones musicales en la campaña, sin pagárselas.

— Cerramos este punto con la misma pregunta de la semana pasada: ¿quién se va a hacer responsable de semejante desorden? ¿Carlos Avendaño o ya con esta denuncia bastó para que no dé más explicaciones? ¿Fabricio Alvarado? (Improbable, pues  ya dijo que esta es una "cortina de humo") ¿One Sports Costa Rica? ¿Alguien…?

Esta nota es parte del Reporte: Se salvan las cooperativas, se complica Restauración.