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— Día movido en el Congreso, no la pasó muy bien el ministro de Transportes (detalles en Barra de Prensa), tragó grueso Jonathan Prendas tras las declaraciones de Paola Vega y... explotó el socialcristiano Rodolfo Peña.
— El hombre perdió los papeles y acusó a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo por de haber “permitido” —como si le correspondiera a ella— la realización de la actividad del Foro Justicia Costa Rica el martes en el Salón de Próceres del Castillo Azul del Congreso para “despotricar” en contra de asesores y diputados — actividad de la que hablamos en nuestro reporte de ayer—.
Vienen aquí a dudar de la transparencia, de la honestidad de quienes estamos en la Comisión de Nombramientos. No es posible que esa gente venga a decir esas barbaridades, a decir esas cosas que no tienen sentido solamente porque candidatos de su simpatía no tuvieron la cantidad de votos necesarios para estar una terna. Lo voy a decir con nombres y apellidos: uno de los que maneja eso es el garante de la ética José Manuel Arroyo, el que defendió a Epsy Campbell; participantes cercanos a él no tienen posibilidad alguna. Vergüenza les debería dar.
— Así es, según Peña el panel independiente de ciudadanos que revisó el proceso de evaluación y nombramiento de los magistrados para la Sala Constitucional y III responde a los intereses de Arroyo. Solo le faltó contar después una de vaqueros.
— Lo que sí hizo fue emprenderla de nuevo contra Carolina Hidalgo, haciendo de su berrinche por lo mal parada que quedó la Comisión de Nombramientos en la evaluación del Foro de Justicia, algo personal con la presidenta de la Asamblea que no tiene vela en el entierro: “Si usted tiene pruebas de que no tenemos transparencia pídanos la renuncia o destitúyanos”.
— Más tarde todos los diputados integrantes de la Comisión de Nombramientos enviaron un comunicado de prensa amenazando con acciones legales contra el Foro de la Justicia si no emitían una retractación pública. Claro, muy fácil para los diputados amenazar con demandas, mientras ellos no son legalmente responsables de nada de lo que dicen en el Plenario.
— El malestar de Peña responde, principalmente a que en la nota sobre el informe del Foro que se publicó en CR Hoy se habló de reuniones secretas ente diputados y candidatos a las magistraturas. El tema es que esa interpretación fue del medio, pues el informe como tal no dice eso y así lo acotó el propio Foro en rauda respuesta al diputado:
— Es decir, miente el diputado y por tanto miente toda la comisión que firma el penoso comunicado de prensa: Nielsen Pérez Pérez (PAC), Floria Segreda Sagot (Independiente), Carlos Avendaño Calvo (Restauración), Ana Lucía Delgado Orozco (PLN), Luis Fernando Chacón Monge (PLN), Dragos Dolanescu Valenciano (Republicano Social Cristiano) y el propio Peña Flores (PUSC).
— Lo más acongojante es que los diputados exigen al Foro de Justicia una rectificación. “En caso de no rectificar, nos reservamos el derecho de acudir a las vías legales a fin de que se tutelen los derechos correspondientes”. Pena. Ajena.
— Sí, los diputados amenazando con llevar a juicio a un grupo de ciudadanos que de forma independiente y libre evaluaron su —hartamente comprobado— deficiente método para elegir magistrados. ¿Es en serio?
— Yo sé que a algunos diputados se les complica recordar el alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero de todos modos los invito a leer la sentencia del caso Kimel vs Argentina (2008). Para que mediten mejor sus actos y se comporten a la altura de las circunstancias, cerramos este punto citando un extracto del texto...
La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso.
El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público.
En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.
Esta nota es parte del Reporte: La Nación desata el… Bolsonazo.
