El Estado debe garantizar, a todas las personas, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. El primer artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con absoluta claridad, lo define así.

Pero el Estado costarricense no ha garantizado esos derechos a las personas de los pueblos indígenas Teribe y Bribrí de Salitre. Y ese incumplimiento nos estalla en la cara de la forma más dolorosa: el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo autóctono Bribrí de Salitre. Asesinato que con alta probabilidad estaría relacionado con el conflicto por la tenencia de tierras.

El Gobierno sabía. Sabía porque desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 321-12, en la que solicita al Gobierno de Costa Rica adoptar “[…] las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física personal del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribrí de Salitre […]”.

Sabían, porque la propia Defensoría de los Habitantes informa que el viernes anterior el propio Ortiz solicitó la asistencia de la Fuerza Pública ante amenazas al pueblo indígena. El Gobierno sabía y debía actuar. Y por eso el Gobierno es responsable.

El Gobierno debió garantizar protección a Sergio Rojas y a todas las personas de esos pueblos indígenas. No debía reaccionar. Debía actuar preventivamente. El Gobierno debió actuar de manera precautoria. Así lo habría ordenado la CIDH. Pero no lo hizo de manera efectiva. La obligación del Gobierno era cumplir con la medida cautelar de la CIDH. Proteger la vida e integridad de las personas del pueblo de Bribí de Salitre. No lo hicieron.

Y es que tantos síntomas van sumándose. Tantos y tan preocupantes e indignantes. Apenas ayer el ministro de Seguridad se permitió afirmar que miembros de la comunidad indígena fueron “puestos” a bloquear vías. El ministro, apenas ayer, minimizó la dignidad y la autonomía de las personas indígenas que se manifestaron. También apenas ayer un diputado afirmó que si fuera él un transportista al volante, y se encontrara una manifestación ciudadana que le impide el paso, desearía “agarrar el tráiler y tirárselos encima”.  Tantos síntomas. Tantas señales. Menosprecio a los pueblos indígenas. Satanización simplista de las manifestaciones ciudadanas. Celebración de la violencia como mecanismo de resolución de nuestras diferencias.

Minimizar e ignorar las demandas de los pueblos indígenas no resuelve esas demandas. Solo las intensifica ante la indignación que provoca la inacción estatal. Y satanizar las luchas sociales a punta de simplificaciones hasta conduce a ese principio peligrosísimo de “mis fines justifican cualquiera de los medios”.

La minimización y satanización de las demandas populares produce monstruos. El abandono del Gobierno produce incumplimiento de los derechos humanos. El reconocimiento sincero del incumplimiento gubernamental debió encabezar el pronunciamiento del presidente Carlos Alvarado para acompañarse de medidas contundentes que garanticen efectivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas. No lo ha reconocido en lo que he leído y oído durante el día. Espero rectifique.