El proyecto de Ley de Educación Dual, expediente 20.786, a como está hoy, está condenado al fracaso porque convierte a los estudiantes en trabajadores.  Veamos:

  • El texto no reformaría o derogaría los artículos del Código de Trabajo que hacen referencia a la relación laboral de los aprendices, específicamente los artículos 200 y 235. Las futuras empresas formadoras serían patronos en lugar de escuela.
  • El texto tampoco reformaría o derogaría los artículos de la Ley de Aprendizaje, Ley N° 4903, del 17 de noviembre de 1971, que se refieren al contrato de aprendizaje. Esta omisión también generaría conflictos de interpretación e inseguridad jurídica. Es importante recalcar que la ley de 1971 considera el contrato como una relación obrero-patronal y con salario para el aprendiz, aplicando supletoriamente el Código de Trabajo y leyes conexas.

Adicionalmente, el texto actual crearía la Promotora de Educación y Formación Técnica Dual, en siglas Proedual, que sería un órgano superior jerárquico nacional en materia relacionada con la educación dual en el país, con desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría del Consejo Superior de Educación. Esto es inconveniente porque al ser un ente de desconcentración máxima, implicaría un límite a la relación de jerarquía, impediría al jerarca el ejercicio de los poderes de mando y de instrucción sobre el órgano desconcentrado.

La Proedual estaría integrada por una junta directiva de nueve personas de diversos sectores, lo cual incrementaría la burocratización en un sector que debe ser dinámico y apto para la evolución, como lo debe ser el sector educativo.

Finalmente, el proyecto contiene un destino especifico para darle financiamiento a la implementación de la educación dual; esto es contrario a las reformas realizadas en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, que elimina los destinos específicos. Los destinos específicos no sólo son una mala técnica de presupuestación, son los que le han dado una gran rigidez al presupuesto nacional y agravan la situación de las finanzas públicas.

Por lo tanto, es imperativo modificar el proyecto de ley para que no pueda existir ninguna duda de que la educación dual será regulada mediante un contrato civil que incentive a las empresas formadoras y a los jóvenes a avanzar en el mejoramiento del recurso humano para la prosperidad de todos los costarricenses.

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