Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, debemos luchar para que dichos frutos sigan dándose en nuestro país y por ello hago mención de la frase célebre del político mexicano Benito Juárez: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».

La justicia da paz. ¿Qué cree usted que deteriora la paz social de un país?

¿Qué tan ético se debe actuar en la vida política?

Para que la justicia  y la paz social de un país imperen, se debe primero denunciar la corrupción, no solapar, ser trasparente, no permitir la impunidad absolutamente a nadie, hacer que las leyes se respeten y que las empresas que ingresen al país sean éticas y obedientes a nuestro marco legal. Si se cumple esto tendremos un gran desarrollo económico y bienestar social.

Tres años y seis meses los taxistas hemos estado en una lucha desigual. Soy un taxista honrado, trabajador y leal a mi país y como yo existen muchos más que deseamos se respete la legalidad y el respeto a nuestra soberanía.

El taxista, en estos tres años y cinco meses, ha tocado todas las puertas y en cada una de ellas le han dado la razón de legalidad; sin embargo, Uber sigue operando en la ilegalidad con absoluta normalidad.

Repasemos la definición de lo que implica un estado de derecho “El estado de derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y jueces”.

Después de leer dicha definición ¿porque nuestros gobernantes hasta el día de hoy demuestran su inacción para hacer cumplir la ley?

Las empresas que deseen invertir en Costa Rica deben de mantener un comportamiento ético respetando las leyes y que no se permita la corrupción.  Durante tres años y siete meses Uber mediante una plataforma tecnológica ha violado nuestro ordenamiento jurídico, es decir ha violado nuestro estado de derecho.

La  corrupción desgasta nuestro sistema y desvaloriza nuestra democracia.

Asimismo, hay que recordar que la reacción colectiva del gremio de los taxistas se vio originada debido a la indiferencia y la lentitud del marco legal acerca del análisis de los problemas que aquejan al gremio tras la entrada de Uber  que han sido denunciados una y otra vez.

El Gobierno deriva de los gobernados; cuando no son oídos, cuando sus necesidades —incluso si se reconociesen políticamente irracionales— son ignoradas, cuando su bienestar es desestimado, no puede haber sino frustración y cólera; en este momento, aparece la bifurcación de la resignación o la lucha, y se ha elegido la lucha.

La filosofía de la democracia va más allá de elegir a quien ocupe un cargo, sino de seleccionar a quien me oiga, a quien me socorra, a quien me represente: y, desafortunadamente, no se ha actuado de dicha manera. El Estado ha postergado largamente la insatisfacción de un grupo trabajador, teñido de deudas, de pérdidas, de malaventura, de hambre, de preocupación, en pos de favorecer a un interés económico y popular, por el cual aboga Uber mediante influencias y verbosidad.

Y más que el Estado, el pueblo; si este ha preferido esto de Uber, si se ha inclinado por adquirir su servicio, se sabe que, de entre muchas razones, una que sobresale mediáticamente es el desencanto hacia el taxista, del cual pareciera no poder retornarse ni siquiera por piedad hacia la miseria y la aflicción, porque esto es lo que impera en quien alza su voz, en quien acude a medios desesperados para hacerse escuchar; abunda esto, hoy en día, entre el taxista.

Se sabe que hubo errores, que la bola de nieve creció hasta tornarse incontrolable y que, súbitamente, mató el trabajo, el sustento y la paz diaria de miles de personas y familias, tanto culpables como inocentes. Sin embargo, si de parte del pueblo no hay ni criticidad —al momento de elegir un servicio ilegal— ni compasión sino sentencia severa e insensible ante la equivocación ajena; y si de parte del Gobierno, escogido democráticamente, no hay ayuda sino desinterés, ¿a quién acudir durante la desesperación, en quien confiar sino en un milagro de la institucionalidad y de la fe? Por eso es que el taxista ha peleado arduamente y seguirá haciéndolo de la misma manera, porque es eso o morir.

Sin embargo, la irracionalidad de la ilegalidad asimilada es dura de exhibir debido al poder de la costumbre popular; lo malo, desafortunadamente, se convierte en indispensable para quienes lo utilizan; lo malo es capaz de ofrecer infinitas ventajas, porque no trabaja en el marco de lo correcto, dando la oportunidad de brindar beneficios mediante daños. Y el Gobierno, por su lado, ve oportunidades políticas en actos como estos; ¿habrá, por otro lado, verdadera redención mediante la resolución del Consejo de Gobierno? El tiempo lo definirá.

Ante toda esta situación ocasionada por el malestar general de los usuarios, los taxistas estamos de acuerdo en acatar la directriz del Gobierno.