Cuando uno pone en el buscador de noticias de Google la palabra "ICE", los resultados no son muy alentadores. A las 5 de la tarde de ayer martes, los principales titulares eran "Secretismo en el ICE: se gesta nuevo intento por derribar el muro", "ICE paga caro por desoír alertas de Auditoría sobre costoso proyecto" y "Franggi Nicolás exige cuentas al ICE por compra de Cable Visión", entre muchos otros que demuestran la tela de juicio en la que la institución se encuentra en este momento.

Por ello es que, cuando la semana anterior nos llegó una solicitud de parte del expresidente del Instituto, Carlos Obregón, para referirse a su postura al respecto y a lo que señaló en su audiencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, no dudamos en aceptar para tratar de entender la versión de quien estuvo adentro y hoy defiende su gestión con la institución.

¿Números rojos o no?

De una crisis en el ICE se viene hablando desde hace meses: primero fue la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico Diquís con el consecuente anuncio de que el 2018 le dejaría a la empresa estatal pérdidas por ₡314.000 millones; en diciembre pasado, además, se anunció que el ICE asumiría las operaciones de Cable Visión, subsidiaria que compró cuando su estado financiero ya estaba deteriorado y que registró perdidas entre 2014 y 2017 por ₡5.534 millones. A inicio de año, el Consejo de Gobierno suspendió a seis de los directivos del ICE mientras se realizan investigaciones por la eliminación de la plaza de Gerente General y por los pagos indebidos de cesantía a funcionarios que fueron trasladados a RACSA y en enero pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una moción para abrir una investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto sobre “la situación administrativa y financiera del sector telecomunicaciones”.

En este espacio legislativo, fue donde tanto la auditora general del Instituto, Sofía Machuca, como la contralora general, Marta Acosta, tuvieron comparecencias cargadas de fuertes declaraciones respecto a presuntos errores financieros en esta institución que serían constantes en el ICE.

Entre estos puntos destacan la presunta carencia de rigurosidad financiera y una negativa a que exista un control en la institución y la advertencia de que hay una serie de decisiones que estarían poniendo en riesgo de sostenibilidad financiera de la institución, lo que no hace más que poner entre signos de interrogación el futuro de la empresa estatal.

El jueves pasado, ese espacio legislativo le tocó a Obregón, expresidente ejecutivo del ICE en el periodo anterior quien aprovechó para defender su gestión y señalar que, contrario a lo que todo el resto de voces señala, el ICE "no está en números rojos".

Esta misma postura es la que sostuvo con nosotros este martes.

Obregón asegura que el tema del ICE se debe a "un problema con la norma contable", tal y como sostuvo en la Comisión el jueves anterior, aunque los diputados no hayan quedado muy convencidos.

Afirma que lo que pasa es que cuando el ICE tiene que poner en estados financieros sus números, lo que se encuentra es con un problema de aumento de la amortización lo que, sumado a la deuda del instituto --que según recuerda podría estar cerca de los 4130 millones de dólares-- y a los gastos extra que representan en el tema financiero las devaluaciones del tipo de cambio que la crisis le ocasionó a Costa Rica el año pasado, lo que queda es puro número negativo.

Sin embargo, afirma enfáticamente, esta realidad solo estaría en el papel, un papel que además, tiene que afrontar en el tema contable, lo que significó la cancelación del proyecto Diquís el año pasado y el registro como "gasto" de 2018 de todo lo invertido en el proyecto ($146 millones).

Son estos los puntos que hacen que Obregón rechace ser el responsable de la crisis que le achacan los diputados de la Comisión porque, además, rechaza que la crisis exista.

La pregunta entonces es, si Obregón señala que todo es mentira y podemos irnos a dormir tranquilos respecto a la sostenibilidad de la institución, ¿de dónde vienen entonces, todas estas señales de alerta?

¿Es caro el ICE? Bueno, cuando uno ve que la propia entidad estimó que sus pérdidas para 2018 eran de ¢314.000 millones, monto que casi duplica a lo ya gastado en Diquís, parece que sí, pero Obregón asegura que es un tema de "cambio de criterios".

Roces con criterios contrarios

Para el exfuncionario, la Contraloría General de la República "es un órgano fundamental del Estado costarricense"; lo aclara "para que no haya malas interpretaciones" cuando señale, como lo hace inmediatamente más adelante, que tiene fuertes diferencias con el criterio del personal contralor respecto a cómo señalan estos que se ha manejado la institución.

En los señalamientos de Marta Acosta en la Comisión de Ingreso y Gasto se señaló, por ejemplo, que existe "un velo de opacidad" en la institución que es el que no permite que el órgano contralor y la ciudadanía podamos saber qué es lo que pasa ahí adentro. Obregó lo objeta e, incluso, defiende la confidencialidad en las decisiones.

Es cierto que cuando el ICE ejecuta acciones como la de declarar "confidencial" los salarios de sus altos directivos, no se ayuda en el camino de esta defensa pero, dice el exjerarca, la transparencia existe ya que la Contraloría tiene acceso a todo lo que necesita, la confidencialidad no le aplica al ente. Por ello, la acusación no es de recibo para él.

Obregón señala que esa confidencialidad de cierta información está establecida para que el ICE pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado en que se encuentra y que, por lo tanto, pensar en abrir ese aspecto "yo no creo que eso sea bueno para el sector telecomunicaciones" pues sostiene que esta apertura de los temas confidenciales en el instituto lo que haría sería socavar su participación en el mercado eléctrico, en pro del sector privado.

El exjerarca reconoce que este no es el primer encuentro de criterios que tiene con la Contraloría. Rememora a las gestiones de control realizadas con RACSA, en donde la CGR señaló deficiencias en el manejo realizado por parte del ICE, y que luego trascendió a los tribunales porque la institución, con Obregón a cargo, presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando que el órgano no ejerciera una función administrativa a lo interno del instituto.

Las diferencias, además, también se presentaron en el proceso de la compra de Cablevisión del que la Contraloría también levantó la voz por las pérdidas económicas en las que incurriría (e incurrió) el ICE. Para el exjerarca, sin embargo, esta como el resto, solo son inversiones que, según dice, ahora le permiten al instituto llevar vía cablera, servicios a donde es muy complicado llevar fibra óptica.

Sobre el tema de Cablevisión, Obregón señala que lo que pasa es un proceso de inversión a una compañía que cuando encontró, estaba muy deteriorada y que de ahí viene el tema de los gastos económicos aunque sí se desmarca de la responsabilidad de la compra, asegurando que "yo no compré Cablevisión, es del gobierno trasanterior, de la época de doña Laura Chinchilla".

¿Divorcio entre gestiones?

¿Existe un divorcio de criterios entre la gestión anterior de Obregón y la actual de Irene Cañas, en vista de que esta, hace solo un par de meses, le señalaba al Semanario Universidad que los números rojos que el exjerarca hoy niega, sí existen?

Al ser consultado sobre esto, el exjerarca aseguró que "no le gusta referirse a ese tema" pero señaló que:

El problema, asegura, se agudiza aquí, pues es producto de una "visión de cada cuatro años" que es la que genera estas polémicas... y las otras, como la remoción de la Junta Directiva del Instituto.

Esta decisión, tomada por el Consejo de Gobierno actual en enero, también genera criticas fuertes en Obregón quien califica la medida (que, por cierto, también está ya en el Tribunal Contencioso Administrativo) como "una decisión abusiva".

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El expresidente del ICE amplía y señala que las razones dadas por Presidencia para la remoción de los funcionarios, "no son razones para quitar una Junta Directiva".

Asegura que el tema de RACSA, respecto a las prestaciones que se pagaron a funcionarios que pasaron de una empresa a la otra, fue un tema de la administración del instituto, no del Consejo Directivo. Por ello afirma que no entiende "por qué los van a castigar a ellos (los Directivos) por una decisión que no tomaron ellos". Sobre el tema del nombramiento de una Gerencia General, a pesar de que la Procuraduría había señalado que eso no le competía al Consejo, Obregón señala que no hay ilegalidad pues el tema de la autodeterminación del ICE le permite definir cómo se gestiona a sí mismo, así que este punto tampoco le es de recibo.

Este es el mismo criterio por el cual los exdirectivos de la institución tienen apelada la medida del Consejo de Gobierno y nos recuerda lo dicho por Farid Beirute, uno de los jerarcas cesados, que nos señaló semanas atrás que su apreciación sobre estas decisiones es que

Al no encontrar una razón jurídica de peso para la sanción que se nos decretó, nosotros consideramos que hay un trasfondo político, en el sentido de una nueva manera de enfocar el desarrollo y el funcionamiento del ICE en relación a lo que se veía haciendo, pero ¿cuál es esa? No lo sé porque después de 9 meses de trabajar con la nueva Presidencia Ejecutiva, no conocimos ninguno de sus planes de desarrollo más que la afirmación de que lo que se venía haciendo se venía haciendo mal.

¿Divorcio entre gestiones, de nuevo? La pregunta nos queda en el aire.

Lo cierto es que Obregón asegura que las decisiones tomadas, lo que están haciendo es echarse atrás el camino de la Administración anterior dejó listo y que iba dirigido a convertir al ICE en una corporación para que pudiese afrontar el mercado de la competencia en que se encuentra.

Así, el exjerarca agrega:

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Para Obregón, estos son temas que atentan directamente el manejo interno del ICE y que además, también van de la mano contra lo que señala como una afrenta a la planificación y autonomía del instituto para tomar sus propias decisiones lo que afirmaría como muy grave para la entidad.

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Defensa de la gestión anterior

Obregón defiende su gestión, tal como hizo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y, a pesar de todos los señalamientos, no deja de ser enfático en ello.

Defiende el proyecto hidroeléctrico Diquís, uno de los temas más polémicos de su periodo, y defiende cada dólar invertido en él. Señala que era y que es necesario, pues asegura que "entre más renovables sean las energías, más necesario es tener un colchón detrás" que permita que "si un día el sol no sale o si en un verano no llueve lo suficiente", el ICE tenga con qué responder a la demanda. Asegura que para eso era Diquís, por su capacidad de almacenamiento para garantizar la electricidad siempre y que por eso los gastos incurridos en él no eran gastos ni números rojos (como señalan los informes de 2018) sino "una inversión necesaria".

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Defiende su gestión en la medida de que "el ICE posee hoy en día el centro de control de energía más moderno de Centroamérica, el segundo costo más bajo de tarifa eléctrica, de los países del SICA y el récord de haber alcanzado 300 días ininterrumpidos de generación limpia". Por ello se quita de encima las críticas fuertísimas que lanzaron los legisladores y por ello, nos obliga a nosotros a estar más que pendientes del asunto.

El ICE y todas y cada una de las aristas de su tela de juicio, dan para mucho más y ahora que están en procesos investigativos tan serios, es necesario no quitarle el ojo de encima. En crisis o no, lo cierto es que hay suficientes opiniones encontradas como para ponerse a dudar y a estar atentos pues en lo único que Obregón concuerda, es que toda esta polémica no hace más que hacerle daño al Instituto.

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Estaremos atentos.