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— El 4 de febrero de pasado la contralora de la República, Marta Acosta, dio controversiales declaraciones ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), afirmando que la mayoría de los recursos de dicho fondo provienen de endeudamiento.

— Para quienes están acostumbrados a manejar presupuestos, el comentario de Acosta no pasaba de ser un dato curioso, ya que sabemos que de todo el Presupuesto Nacional —que incluye el FEES—, un 52,6% se financia con deuda, por lo que la asignación de a qué le toca deuda y a qué le toca ingresos corrientes es en su mayoría —exceptuando los destinos específicos de ley y los prestamos para obras específicas— solamente un ejercicio contable.

— Por supuesto, esto no impidió que diputados de la comisión —como Roberto Thompson— repitieran las cifras de la contralora sin las aclaraciones pertinentes del caso… así que para las personas no familiarizadas con temas presupuestarios el mensaje que quedó fue que las universidades se financian cargándole deuda al país.

— Las universidades ya habían salido al paso a las declaraciones de la contralora y trataron de dar respuesta a todos los comentarios que había compartido con los diputados y una ciudadanía cada vez más desconfiada. — El día de ayer los centros de enseñanza universitaria pública recibieron una mano de parte del diputado José María Villalta, quien después de la comparecencia de Acosta envío un oficio a la Contraloría General de la República solicitando que se hiciera la aclaración de este tema, y preguntando si sería posible que, con movimientos contables, solo el 6,3% del FEES fuera financiado con deuda, sin que eso modificara la deuda total del Gobierno.

— Ante la consulta de Villalta, la Contraloría no tuvo más que aceptar que ciertamente los recursos del FEES se podrían asignar presupuestariamente con ingresos ordinarios, sin que eso afecte la deuda total del país. — Adicionalmente, en su oficio Villalta no se quedó con las ganas y le preguntó a la CGR lo que muchos queremos saber: “¿Qué objetivo persigue la CGR al presentar la distribución de las trasferencias al FEES por fuente de financiamiento?”.

— Nos quedaremos esperando una respuesta concreta a esa interrogante ya que la Contraloría se defendió señalando que el informe Desafíos en la creación de valor público de las Universidades Estatales —que presentó Acosta a la Comisión— “va más allá de señalar qué porcentaje de los ingresos se financian presupuestariamente con deuda o con ingresos corrientes, sino que se destacan los aportes y esfuerzos que han realizado las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal (IES) en diferentes campos (…)”.

— Así las cosas, habría que ser sumamente ingenuo para pensar que el comentario de la Contralora fue inocente, ya que es difícil de imaginar que Acosta no fuera consciente del efecto que generarían sus declaraciones, tanto en los diputados de la Comisión, como en los medios de comunicación.

— Todos podemos estar de acuerdo en que es necesario que las universidades públicas revisen sus modelos de gestión y el uso que hacen de los recursos públicos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, sin embargo, no se vale aprovecharse de datos ya conocidos para insinuar escenarios imaginarios en medio de momentos ya de por sí complicados. Hizo bien el diputado Villalta en asegurarse de que la CGR diera la información como tiene que ser, de modo tal que la discusión continúe en términos claros y concretos, sin llamado alguno a la confusión.

Esta nota es parte del Reporte: Costa Rica se prepara para una nueva oleada migratoria.