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— ¿Se acuerdan de los fondos que al IMAS le costó un mundo pagar el año pasado para Avancemos, la Red de Cuido y el programa de Atención de Familias? Pues el exasesor legislativo Jorge Herrera Fernández, aseguró en una nota publicada ayer en el Semanario Universidad que habrá que seguir cruzando ese mundo cada vez que afrontemos las consecuencias de una crisis fiscal…
— Herrera reiteró lo que había señalado en octubre del año anterior: que contrario a lo que establece la Ley de Fodesaf —que asigna los recursos de ese Fondo a programas sociales específicos que administra la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares— el Estado está transfiriendo esos dineros al Gobierno Central para que se canalicen a los ministerios y otras dependencias. Esto, dice Herrera, “abre la posibilidad de los recursos sean usados a discreción por el gobierno de turno, para otras necesidades y los pobres son los sacrificados”.
— Fodesaf es la institución a la que le toca repartir lo que se destina para ayudas sociales. Por ley, el Gobierno debe girarle a la institución, anualmente, 593.000 salarios base y Fodesaf los reparte entre todas las instituciones que tienen programas sociales a su cargo: al MEP para comedores escolares, al IMAS para los programas de Atención a Familias y Avancemos, a FONABE para becas a personas de escasos recursos, a la Caja para pensiones del régimen no contributivo… etc., etc., etc.
— Ahora bien, la denuncia de Herrera, que ya se planteó tanto en la Contraloría General de la República como en la Defensoría de los Habitantes, asegura que la práctica de cambiar los destinos de los fondos no es nueva, sino que se venía dando con regularidad. A pesar de la reforma de Ley de Fodesaf del 2009 se han encontrado mecanismos para seguir sacándole fondos a esta bolsa. — Herrera asegura que entonces el Gobierno le pasa la plata a Fodesaf y luego Fodesaf la devuelva al Gobierno. Solo el año pasado el Ejecutivo le transfirió a Fodesaf más de ₡252 mil millones y la institución le devolvió más de ₡201 mil millones (79,8% del total). Mientras tanto, para 2019 se contemplan transferencias del Gobierno a esta institución por ₡255 mil millones y de Fodesaf al Ejecutivo por ₡203 mil millones (79,6%). A criterio de Herrera, al volver a ingresar los recursos de Fodesaf al presupuesto del Gobierno Central se abre la posibilidad de que, por vía de presupuesto extraordinario, los diputados den un uso distinto a fondos que por ley están destinados a beneficiar a la población en pobreza, como por ejemplo apagar los incendios de una crisis fiscal…
— El denunciante además señaló que el Estado tiene una deuda con Fodesaf que asciende a los ₡965.000 millones y que en 2009 Contabilidad Nacional borró ese adeudo e hizo un ajuste contable, cubriendo una parte del déficit fiscal. Dicha medida fue luego revertida por la Contraloría General de la República durante el Gobierno de Laura Chinchilla (2010) y levantó significativamente las cuentas del déficit.
— Los representantes de la Desaf, por supuesto, se separaron de estas acusaciones y señalaron que los señalamientos no son ciertos. Sobre el primer punto, el jefe del Departamento de Presupuesto de Fodesaf, Jorge Rodríguez, le aseguró a Universidad que como hay instituciones que ejecutan programas sociales a través del Gobierno Central estos dineros tienen que volver a Hacienda (o a veces ni siquiera salen de ella) para que sea Hacienda el que los gira, como un adelanto para agilizar la ejecución de los programas.
— Además, el director del Departamento, Greivin Hernández, negó que los diputados puedan meterle mano a estos recursos para otros usos, aunque reconoció que en algunas legislaturas se ha intentado presupuestar dineros de Fodesaf para darles destinos distintos a los señalados en la ley.
— El tema de la deuda, sin embargo, no pudieron negarlo: “aquí hay una deuda histórica, pero del 2009 para acá no ha habido atrasos”. Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la República ordenaron al Estado pagar dichos montos. Sin embargo, los funcionarios respondieron que como ese monto no se cobró en su momento y como por el principio de anualidad presupuestaria no se pueden comprometer a pagar asuntos que no se presupuestaron debidamente pues… ahora nadie sabe cómo cobrar la plata.
— Para la Contraloría con o sin idea de cómo cobrar las deudas persisten. En el 2010, según cita Universidad, el órgano contralor estableció que tales obligaciones siguen vivas con independencia de que la autorización presupuestaria que permita su pago no exista y ordenó al ente público satisfacerlas en algún momento, o, en su caso, por lo menos determinar el modo de proceder para extinguir el pendiente. En términos similares se pronunció la Procuraduría General de la República en el dictamen C-315-2006. Y sin embargo…
— La deuda sigue. Y el problema presupuestario para fondos sociales, también. La crisis presupuestaria del año pasado tuvo atrasos desde octubre a los beneficiarios de Avancemos, de Atención de Familias del IMAS, así como a las Juntas de Educación y a muchos otros proyectos sociales como las pensiones del régimen no contributivo de la Caja, algunos de los cuales hasta la fecha, aún tienen deudas pendientes. Ese es el ejemplo de que las denuncias hechas por Herrera, no eran jugando.
— El tema ahora, que es la pregunta con la que cerramos nosotros, es si Desaf puede respaldar con documentos que ha estado realizando las gestiones ante Hacienda para cobrar algún día esa deuda… algún día, cuando el déficit fiscal deje pagarla, por lo menos. Hernández dice que sí y nosotros esperamos que así sea, principalmente porque a las personas en condición de pobreza que atienden estos programas poco les importa las justificaciones: ellos necesitan sus dineros y el garante del respeto a lo que por ley les pertenece.
Esta nota es parte del Reporte: De la plata de Fodesaf, los eurobonos y las nuevas denuncias de MeToo Costa Rica
