“Con esta declaratoria, se hace justicia a un movimiento, que se caracterizó por ser pacífico y solidario. Este es un triunfo más para ANDE, para su afiliación y para el Magisterio Nacional, que supo defender sus convicciones”, señaló el sindicato.

El Tribunal determinó que las huelgas contra políticas públicas no están prohibidas en Costa Rica, pese a que cuando el Congreso discutió la Reforma Procesal Laboral, se rechazó una moción que pretendía incluir esa modalidad de huelga dentro de las causas permitidas para ejercer ese derecho.

Asimismo, el Tribunal señaló que la ley no establece de forma específica cuáles son los servicios esenciales donde la huelga está prohibida, de modo que no podían los jueces determinar si en el caso del MEP se estaba o no ante una huelga en servicios esenciales.

Los jueces indicaron, además, que el bloqueo de vías por parte de los manifestantes era un ejercicio legítimo del derecho a huelga y que la afectación a los comedores escolares no podía ser causal de declaratoria de ilegalidad, porque la Procuraduría General de la República no incluyó al Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines en el proceso.

El Tribunal condenó al Estado a pagarle 300 mil colones a cada uno de los sindicatos, por concepto de costas legales.