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— Hace unas semanas les contamos que el Consejo de Gobierno suspendió a seis de los directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por un periodo de 4 meses mientras se realizan las investigaciones respecto a la eliminación de la plaza de Gerente General en la institución y al pago de cesantía a un total de 36 funcionarios que fueron trasladados a RACSA, entre 2016 y 2017.

— Este martes, sin embargo, el tema escaló a nuevas alturas debido a que los seis directivos separados del cargo, presentaron una apelación ante la Sala Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Administrativo pidiendo eliminar la medida cautelar que los suspendió, alegando que encuentran decisiones políticas metidas en la decisión del Consejo.

— Así lo confirmó uno de los directivos denunciantes, Farid Beirute, a Delfino.cr en una entrevista sostenida ayer martes en donde aseguró que "nosotros no encontramos razones jurídicas" detrás de la decisión y las medidas ejecutadas.

— Junto a Beirute se suman los jerarcas Rodrigo Bogarín Navarro, Irma Pérez Guevara, Eugenia Gutiérrez Castro, Ruth Martínez Cascante y José Mario Jara Castro, quienes señalaron en una misiva enviada a la prensa que en la suspensión se les irrespetó el debido proceso y el derecho de defensa y que además, el Gobierno está politizando a la institución al tomar la decisión de remover a los directores y dejar en el puesto únicamente a Irene Cañas, la presidente ejecutiva del ICE, cuyo puesto es de elección del Ejecutivo. Para los denunciantes, esta medida es motivada por una presunta disparidad de criterio entre lo que se ha hecho hasta ahora y la presidencia actual.

— Según Casa Presidencial la suspensión de los directivos responde a la eliminación del puesto de la Gerencia General de la institución en 2014. Recordemos que la Procuraduría se pronunció a finales del año pasado asegurando que desde el 2002 se emitió un criterio indicando que las estructuras creadas por ley (como el Consejo Directivo del ICE) solo pueden modificarse con reformas en Congreso y no por vía ejecutiva, como sucedió en este caso.

— A este motivo se suma un informe de la Contraloría que señaló que el ICE había pagado de forma indebida la cesantía a un total de 36 funcionarios que fueron trasladados a RACSA.

— Los funcionarios suspendidos aseguran que en el caso del primer punto el pronunciamiento de la Procuraduría se estudió solo “a medias” pues aseguran que el documento también indica que es potestad del Consejo Directivo definir el modelo organizativo que más convenga al ICE y sus empresas.

— Sobre el segundo punto, por su parte, señalaron que el pago de las cesantías vino a raíz de un acuerdo tomado por el Consejo Directivo en el que se instruyó a la División Corporativa de Gestión de Talento Humano del ICE para que "la liquidación y traslado del personal (de RACSA) se realice conforme a la normativa laboral vigente", que en ese momento aplicaba dicho pago de cesantía, pues los empleados pasarían de ser empleados del régimen público del Instituto, al privado de la Radiográfica.

— Al respecto, comentó Beirute:

Al no encontrar una razón jurídica de peso para la sanción que se nos decretó, nosotros consideramos que hay un trasfondo político, en el sentido de una nueva manera de enfocar el desarrollo y el funcionamiento del ICE en relación a lo que se veía haciendo, pero ¿cuál es esa? No lo sé porque después de 9 meses de trabajar con la nueva presidencia ejecutiva, no conocimos ninguno de sus planes de desarrollo más que la afirmación de que lo que se venía haciendo se venía haciendo mal.

— Los funcionarios suspendidos señalan además que el hecho de que el Gobierno esté llevando acabo el proceso de nombrar a sus sustitutos en forma permanente —si bien el Gobierno ha dicho que los cargos serán temporales—, viola sus derechos pues el proceso de investigación en el tema continúa y la sanción es de cuatro meses mientras se investiga, lo cual en teoría no es un hecho tan permanente como para que se abra el concurso de todos. Por ello, en un comunicado enviado a la prensa, los denunciantes aseguraron que:

(...) el acuerdo tomado por el Poder Ejecutivo de suspenderlos de sus funciones mientras se les investiga, además de ser desproporcionado, no se justifica y menos aún por tanto tiempo (según resoluciones sobre casos similares de la Sala Constitucional y de otras instancias jurídicas). 

— Aseguran que este comportamiento deja al descubierto que en esta Administración predominan los criterios violatorios de la autonomía de la entidad y la deja a merced de decisiones políticas.

— Beirute agrega, ampliando la declaración que consignamos arriba, que lo que se quiere es nombrar a seis directivos nuevos de una vez y ahí se refleja el corte político de la decisión que se está tomando. Señala que así se traerían abajo los procedimientos de nombramientos en el Consejo Director del ICE y vendría un borrón y cuenta nueva de carácter político:

Lo que se está pretendiendo es renombrar a toda la Junta Directiva de una vez y no ir por año. Lo que pretenden ahora es sustituirnos a todos y por eso es que nosotros decidimos elevar el asunto y en ese sentido es que denunciamos el carácter político de la decisión.

— Las denuncias se presentaron el 4 de febrero pasado y ahora están a la espera de la respuesta de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo. Beirute agregó que el magistrado instructor en este caso es Fernando Cruz y que están a la espera de ver qué se resuelve en este proceso.

—  En la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este martes, la ministra de Comunicación Nancy Marín, quien es la que se ha encargado de llevar el tema a la prensa, fue escueta al asegurar que en Presidencia aún no han sido notificados por ninguna de estas dos causas pero sobre el tema ICE sí amplió que aún el camino para elegir a los sucesores del puesto no ve la luz, pues incluso tuvieron que extender el plazo de recepción de solicitantes al puesto:

Una vez cerrado el plazo y revisando el tema de los requisitos, nos encontramos con el inconveniente de que en algunas de las categorías que se abrieron y que tienen un perfil muy especializado, no tenemos suficientes personas que cumplan los requisitos: hay categorías donde no tenemos personas que cumplan y por eso hemos abierto nuevamente la posibilidad hasta el día viernes para que los especialistas nos remitan sus currículums.

— El tema del ICE es complicado y, como se dice popularmente, se para de uñas pues los problemas vienen cayéndole desde que se suspendió el Proyecto Hidroeléctrico Diquís que le dejó perdidas por ₡314.000 millones a la institución el año pasado, pues el Instituto se vio forzado a realizar el traslado contable de lo “invertido” en Diquís, $146 millones, y de registrarlo como “gasto” por lo que los números quedaron en rojísimo.

— Además, en diciembre pasado se anunció que el ICE asumiría las operaciones de Cable Visión, subsidiaria que compró cuando su estado financiero ya estaba deteriorado y trascendió que esa medida le costó, entre 2014 y 2017, ₡5.534 millones.

— Así que con todo esto, imposible perderle el ojo al tema por lo que los invitamos a mantenerse tan atentos como quedaremos nosotros.

Esta nota es parte del Reporte: Directivos del ICE enfrentan a Alvarado, el PLN denuncia a Patricia Mora.