Asistente de Fracción Política 1 y son la sexta plaza necesaria para que Segreda, Alpízar y Azofeifa tengan los seis asesores a los que cada legislador tiene derecho. Sin embargo, Restauración Nacional se negó a emitir la carta de cese de funciones de esos tres trabajadores, por lo que los independientes recurrieron a la Sala Constitucional, la cual rechazó su reclamo al señalar que ese Tribunal no debe interferir en el derecho de auto-regulación que tiene el Parlamento, salvo que se violen los principios democrático, de igualdad y no discriminación, con todos sus derivados.
“En el caso concreto, los alegatos expuestos corresponden a un tema de organización interna de la Asamblea Legislativa, como es determinar la cantidad de asesores que le corresponde a cada diputado y la ejecución de lo dispuesto por el Directorio Legislativo, por lo que deben acudir ante la autoridad recurrida a discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones”, dice la resolución.
De acuerdo con los magistrados, no basta que los diputados reclamantes aleguen que están bajo un trato distinto, sino que deben aportar elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. “Es decir, no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. En conclusión, de lo reclamado no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto”, concluye el fallo.
Carlos Avendaño, jefe de Restauración Nacional dijo que en su bancada también hay diputados cuyos despachos operan con cinco asesores, y que la distribución de plazas se tomó tras un acuerdo de fracción, el cual, quienes ahora reclaman avalaron en su momento.
