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—El tema de Eurobonos se mantiene en comisión legislativa desde diciembre pasado. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha insistido en la necesidad de la aprobación del proyecto para las finanzas del país y el Banco Central usó como escenario para sus proyecciones macroeconómicas 2019-2020 el supuesto de que los eurobonos serán aprobados, señalando riesgos para la economía si esto no sucede.
— Sin embargo, para la mayoría de la población el tema sigue siendo ajeno o indescifrable, por lo que el martes se realizó un foro en la Asamblea Legislativa donde participó tanto Aguilar como Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, junto a otros panelistas.
— Entonces, ¿qué es un eurobono? En palabras sencillas los eurobonos son instrumentos de deuda, colocada en mercados extranjeros.
— El Gobierno quiere recurrir a mercados extranjeros para su financiamiento —recordemos que en 2019 requiere 12,2% del PIB para financiar todos sus gastos— porque le permitiría colocar bonos de deuda a menores tasas de interés y mayores plazos que los que hoy ofrece el mercado interno.
— Cubero recordó que la incertidumbre sobre la situación fiscal del país generó que la deuda fuera colocada cada vez a menor plazo, se diera una dolarización del ahorro (lo que afectó el tipo de cambio), la desaceleración en crédito al sector privado y que se pospusieran decisiones de inversión y consumo. Como resultado el Gobierno tuvo que colocar sus deudas a menores plazos y a mayores tasas de interés.
— Según Cubero, los eurobonos son en sí mismos un “buen negocio” porque a finales del 2018 el Gobierno estaba colocando bonos a tres años con una tasa de interés del 9,3%, mientras en el mercado internacional podría colocar esos bonos a tasas de 7,25%, y adicionalmente, las colocaciones podrían hacerse a por lo menos 5 años plazo con la esperanza de que sean a 10 o 15 años, y con tasas de interés menores.
— Durante la presentación, la ministra Aguilar señaló que la aprobación de los eurobonos no significa que el Gobierno tendrá mayores recursos para gastar, lo único que cambia es la fuente de financiamiento. Indicó que lo que se pretende es más bien usarlos para financiar lo que ya se sabe que debe pagar el Gobierno. Recordemos que el Gobierno tiene un déficit primario —diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses— proyectado para el 2019 del 2,1% del PIB y una necesidad de financiamiento para cubrir sus gastos que asciende al 12,2% del PIB.
— El proyecto autorizaría al Gobierno a acceder a deuda externa por $6.000 millones en 5 años. En los primeros dos años estaría autorizado a colocar bonos por $1.500 millones y en los siguientes tres años por $1.000 millones.
— La lógica en esa distribución es que a partir del 2021 el Gobierno empezaría a ver los resultados de la Reforma Fiscal, por lo que las necesidades de financiamiento se reducirían, aunque Cubero señaló que en sus proyecciones es hasta el 2023 que el Gobierno empezaría a tener un superávit primario.
— La ministra Aguilar recordó que el financiamiento se estaría aprobando por tractos anuales —no todo de un solo— y que a partir del segundo año estaría comprometido al cumplimiento del Gobierno de la Regla Fiscal establecida en el plan fiscal. — Aguilar fue enfática en que la Asamblea Legislativa podría ejercer un control sobre el gasto, ya que a pesar de que la deuda esté aprobada, es la Asamblea la que aprueba el presupuesto nacional, que al final de cuentas es una autorización de gastos.
— A pesar de que las explicaciones de Aguilar y Cubero parecieran ser lo suficientemente sólidas, en la Asamblea Legislativa la moneda sigue en el aire y nunca se puede estar seguro de qué esperar en Cuesta de Moras.
Esta nota es parte del Reporte: De la plata de Fodesaf, los eurobonos y las nuevas denuncias de MeToo Costa Rica