El 10 de enero de 2019, inició en Venezuela el segundo período del gobierno ilegítimo del presidente Nicolás Maduro Moros. A raíz de los eventos que ya suenan repetitivos para todos, la condición de dictadura del Estado Venezolano se define aún más. El país que en un momento del siglo XX fue ejemplo de desarrollo y modelo económico latinoamericano, se encuentra en un retroceso político, social y económico.

En la esfera social, se derivan consecuencias del cierre de medios de comunicación que transmiten ideologías e información poco apacibles para el oficialismo, y una crisis humanitaria en virtud de la expropiación de los medios privados de producción de alimentos y fármacos. En el ámbito económico se da una desvalorización de la moneda oficial en sobremanera, causando tráfico y mercado negro de dólares el cual debilita aún más el flujo de efectivo, el cual fluctuó drásticamente en los últimos años.

La impotencia del pueblo venezolano causada por la grave situación política de la nación ha originado, entre otros fenómenos, que el electorado se haya levantado innumerables veces y lanzado a las calles, rogando que se escuche su voz alrededor del mundo.

Una Constitución de adorno

La última Constitución de Venezuela, vigente desde el 2009, carece hoy de legitimidad. Lo anterior, se debe en el caso concreto a que el Poder Ejecutivo disolvió el Congreso Nacional, contenido en su mayoría por miembros de la oposición, tras la última elección nacional. Si bien es cierto Venezuela continúa siendo una nación democrática en la teoría, en la práctica no lo es.

El Presidente argumenta que la Asamblea Nacional se encuentra en estado de desacato, suspendiendo la juramentación e investidura de diputados opositores, por apoyar ideas contrarias a la conveniencia del oficialismo. Esto, es un completo desbalance del sistema de pesos y contrapesos que conforman un Estado de Derecho, junto con las garantías constitucionales que diariamente son violadas.

Entonces, siendo que en Venezuela la legitimidad de la Constitución reside en defender los ideales del pueblo, una vez que el Poder Ejecutivo se aleja completamente de este proceso, cualquier norma consignada en ella se vuelve completamente ineficaz, o como se diría popularmente, de adorno.

El papel de Costa Rica

Con relación a esta espera, ¿qué puede hacer Costa Rica al respecto, siendo un oasis de los Derechos Humanos, al igual que un ejemplo de tradición democrática?

En 1935 dimos asilo a Rómulo Betancourt, ex presidente de Venezuela, quien en ese momento era revolucionario en contra de la dictadura en la que se encontraba su país en ese tiempo. Residió en Costa Rica hasta que se vio obligado a abandonar el país. Expresidentes como Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón y el actual presidente de la República, todos de distintos partidos y por tanto ideologías, se han pronunciado en contra del gobierno venezolano. Sin embargo, junto a los esfuerzos de otras naciones, no ha dado resultados eficaces.

Infinidad de naciones democráticamente abiertas y organizaciones internacionales han demostrado apoyo a la oposición venezolana y manifestado su descontento con el actuar de Nicolás Maduro, instando a que se tomen acuerdos para intervenir en Venezuela. Entonces, ¿qué más es necesario para enmendar esta crisis?

Es necesario actuar e intervenir con las herramientas que nos proveen los acuerdos y organizaciones internacionales.

Entre distintos esfuerzos que se han realizado, en agosto del 2017, alrededor de 14 países (Panamá, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay y Costa Rica, entre otros) con el respaldo de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) Unión Europea, suscribieron el acuerdo llamado “La Carta de Lima”, donde conforman el sonado estas últimas semanas “Grupo de Lima”. El objetivo de estos es tomar acciones democráticas para manifestar la ruptura de la constitucionalidad y orden democrático de Venezuela.

Desde solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, hasta exponer que Venezuela no cumple con ninguna de las disposiciones democráticas establecidas en los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas ni con lo establecido en las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Ahora, el Grupo de Lima manifestó, que no reconocerá el actual mandato de Nicolás Maduro, y él, a rajatablas, respondió con una amenaza a todo el grupo, incluyendo Costa Rica, de “rectificar” su posición. El mismo, envió un comunicado a las cancillerías de los países miembros advirtiendo que de no retractarse en el plazo de 48 horas, tomará las medidas diplomáticas necesarias para defender su soberanía.

Medidas diplomáticas serían, la imposición de una visa a los ciudadanos de estas naciones o la prohibición de entrada al país de funcionarios del gobierno, ¿algo más? ¿Para qué? Nadie quiere acercarse a Venezuela.

A todo esto, señor, lo último que su nación es en este momento, es soberano. El señor Nicolás Maduro está reaccionando a la presión.

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