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— Como es por todos sabido el Ejecutivo presentó el martes —a última hora— un proyecto de ley —Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte— para reformar el sistema de transporte remunerado de personas en el país, incluyendo a plataformas digitales como Uber.
— El Gobierno propone cobrarle 8.300 millones de colones a Uber para pueda inscribirse como una empresa privada operadora de servicios de transporte en el país. Además, se plantea gravar las ganancias de Uber con un 13% por el IVA y un 8,5% por el tributo sobre las remesas.
— El proyecto crea la figura de Empresas de Plataformas de Transporte (EPT) —básicamente las compañías que operan con aplicaciones para que los usuarios puedan contactar los servicios de transporte— que tendrán que registrarse ante el Consejo de Transporte Público. Las EPT serían declaradas como un servicio público pero no estarían sujetas a la regulación tarifaria de la Aresep.
— El texto además propone crear un Fondo Nacional de Movilidad Colaborativa que será administrado por el CTP y que se financiará con el pago de inscripción que deben hacer las EPT en el CTP, el 3% sobre el precio final de cada viaje y las sanciones administrativas que se impongan por multas. El dinero que se recaude para será invertido, durante los primeros ocho años, para mejorar la calidad de transporte público y modernizar la flota de taxis.
— Para sorpresa de nadie Uber ya levantó la voz e indicó que lamenta que el Ejecutivo no los haya tomado en cuenta para la elaboración del documento y que “la visión del Gobierno está lejos de ser una propuesta que fomente la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”. Una de las principales preocupaciones de Uber es que le da al CTP la facultad de limitar la cantidad de vehículos por plataforma. “En un clima de contracción económica y de falta de oportunidades laborales para los costarricenses, esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas”.
— Uber asegura que ya más de 22 mil familias generan ingresos desde su plataforma y que limitar el número de choferes “pone un tope artificial a la oferta, la cual hemos podido atender de manera eficiente frente a la demanda del servicio de 783 mil usuarios de diferentes zonas del país”. La empresa criticó el cobro de $200 anuales por vehículo y $35 para obtener un “código de conductor”, pues la medida afectaría a quienes ofrecen el servicio ocasionalmente para generarse un ingreso auxiliar. Curiosamente Uber no aludió al pago de los 8.300 millones de colones.
— El proyecto de ley 21.228 tampoco ha dejado completamente satisfechos a los taxistas formales, pues las EPT no estarán sujetas a tarifas, horarios ni rutas, situación que les incomoda. Del mismo modo solicitan que sea la Aresep la que fije los montos a pagar, de modo que sean iguales a los de los taxis. Solicitan, además, que Uber no pueda tener más carros que la Fuerza Roja, e incluso proponen que sea el 50% (cerca de 6.500 unidades). Del mismo modo exigen requisitos especiales para que los choferes de Uber obtengan la licencia —por ejemplo 21 años de edad— y que la empresa los asegure en la CCSS (y no que se aseguren como trabajadores independientes). Vamos: toda una lista del niño.
— La Unión de Taxistas Costarricenses también solicita mantener representación de los taxistas en la junta directiva del CTP —en el proyecto se les quita el espacio— y que sea la propia CTP la que entregue las credenciales a los conductores de Uber. Es decir: el documento no dejó satisfecho a nadie. Por el momento, la pelota queda en la cancha de la Asamblea Legislativa...
Bonus track: En Inteligencia Colectiva estamos discutiendo el proyecto de ley.
Esta nota es parte del Reporte: Cancillería a media máquina, Uber y Fuerza Roja molestos y Crucitas...
