El Tribunal Constitucional de Guatemala ordenó suspender la decisión del presidente de ese país, Jimmy Morales, de dar por terminado --unilateralmente-- el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), creada por un acuerdo entre ese país y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La medida fue adoptada por una mayoría de cuatro votos frente a uno, tras nueve horas de deliberaciones. La única que se opuso a amparar a los funcionarios de la Cicig fue la presidenta del Tribunal Constitucional, Dina Ochoa Escribá, quien fue designada en ese puesto por el presidente Morales.
La decisión judicial debe publicarse "de inmediato" en el Diario Oficial de Guatemala y ser acatada por las autoridades gubernamentales, bajo advertencia de incurrir en desobediencia.
La Cicig es una comisión especial creada desde hace una década que coadyuva con la Fiscalía de Guatemala para erradicar las telarañas de corrupción e impunidad en ese país. Durante su permanencia en ese país ha acusado a más de 600 personas, incluido el actual presidente Morales, por delitos de financiamiento ilegal de su campaña.
Días atrás uno de sus investigadores de origen colombiano fue retenido durante 25 horas en el Aeropuerto de Guatemala, pese a que la Corte Constitucional de ese país le otorgó amparo contra la decisión de Morales de expulsarlos del país.
Por esa medida, la Fiscalía General de la nación centroamericana ordenó arrestos e iniciar procesos para eliminar la inmunidad de aquellos altos funcionarios que hubiesen desobedecido la orden del Tribunal Constitucional.
