Como científico sueño con que las políticas públicas se propongan, implementen y se evalúe su impacto con base en el más objetivo sustento técnico. Las políticas prohibitivas se plantean actualmente con intenciones loables, pero la evidencia histórica demuestra que no abordan los verdaderos problemas y hasta ponen en riesgo o empeoran nuestro entorno social y ambiental. Dos ejemplos palpables: prohibir la cacería en el país no ha tenido mayor efecto sobre la ilegalidad de dicha actividad, y la famosa “prohibición” al alcohol en los Estados Unidos fue la madre de la mafia y el crimen organizado, que subsisten décadas después de eliminada esa medida política.
El Gobierno plantea el desarme ciudadano como cereza en el pastel de nuestra abolición del ejército. La idea se ha promocionado con eslogans simpáticos y con un sustento estadístico digno de un caso de estudio de cómo los gobiernos utilizan datos incompletos, sesgados o inexistentes, y falacias lógicas para simplificar dinámicas sociales y manipular la opinión pública. La tesis gubernamental bajo la que hemos formado la opinión de una generación entera es que, si desaparecemos las armas legales de la sociedad, viviremos “en paz”. Nada más lejos de la realidad.
El eslogan “más armas, más crimen” parece una verdad imperturbable, pero es una simplificación peligrosa porque la dinámica de la violencia social es mucho más compleja de lo que suponemos y las armas son solo una manifestación instrumental de ese fenómeno. Saltan a la vista la creciente inequidad social, la falta de oportunidades para las poblaciones más vulnerables, generaciones perdidas, “narco culturización”, entre otras muchas causas subyacentes generadoras de violencia. Aun así, el Gobierno insiste, haciendo relaciones hiperbólicas y sesgos casi increíbles de selección de datos y argumentos.
Se promulga, por ejemplo, que debido a que el grueso de la población en Japón no tiene acceso a armas legales, los homicidios con armas son básicamente inexistentes. Esto es completamente falso porque ignora el legado imperial de control ciudadano que desarmó a la población civil hace centurias, el contexto cultural del suicidio como medio para mantener el honor (o para evitar flagelos sociales modernos), y el hecho innegable y alarmante de que allí tienen una verdadera epidemia de suicidios, aún en ausencia de armas; según datos de la OMS, disminuyendo de 24.7 a 18.5 por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2016. En resumen, esta es una de muchas situaciones donde no hay relación entre número de armas y suicidios. De hecho, un reciente estudio demostró que las armas legales en manos de ciudadanos honestos inciden “menos en las tasas de homicidio que el contexto social en el cual están inmersas” y que la relación entre la posesión civil de armas legales y los índices de violencia en la región “no es lineal”. Así, enfocarse en prohibirlas es como ponernos un pañito húmedo sobre nuestra frente febril pero rechazar los antibióticos para la neumonía que nos aqueja.
Por otro lado, el experimento de la prohibición de armas ya se realizó en ciudades como Chicago, Washington DC y países como Inglaterra, Colombia, Brasil, Australia, Venezuela, Honduras y México. Allí se han prohibido o restringido al extremo las armas legales vía complicados procesos administrativos. Para nadie debería ser sorpresa que los índices de violencia no disminuyeron a largo plazo, tras estos experimentos. Más bien se da un fenómeno de sustitución (la violencia sigue su curso, aprovechando otros medios) y de fomento al mercado negro, del cual el hampa se nutre con armas ilegales procedentes de excedentes de armas de conflictos armados anteriores y de robos y desvíos de armas de arsenales oficiales de los países. Por otro lado, países como Suiza mantienen legislaciones de armas relativamente abiertas y sus índices de violencia son bajos (0.54/100000 habitantes). ¿Por qué insisten los políticos en replicar medidas claramente fracasadas? Quizás porque prohibir es “más fácil” que reconstruir nuestras estructuras sociales, y da la falsa imagen de estar “haciendo algo”.
No quisiera que los argumentos anteriores se tomaran como una apología a tener armas por la libre; hay diversas razones para regularlas. De hecho, la Ley 7530 de Armas y Explosivos ya incluye muchas restricciones, sanciones y define contundentemente a las armas automáticas y “de guerra” (las afamadas AK-47, por ejemplo) como prohibidas. Estas son las preferidas por el hampa aunque, por su carácter prohibido, no se venden legalmente en el país y ninguna persona honesta opta por ellas. Curiosamente, desde su promulgación a la fecha, las tasas de homicidios han aumentado y disminuido entre las diferentes administraciones públicas independientemente de las cifras de tenencia legal de armas. Esto demuestra que los índices de violencia en nuestro país son independientes del marco de ley que rige nuestra tenencia de armas legales y que cualquier sobrerregulación, por más bien intencionada, no tendrá el efecto prometido.
En resumen, flaco favor le hacemos a la seguridad del país desarmando a la ciudadanía sin atender los problemas socioeconómicos de fondo. Como parte de mi sueño propongo que toda política nacional esté basada en la mejor técnica y ciencia moderna disponible, adecuadamente contextualizada a la realidad nacional, derivada de un proceso transparente y participativo y que, al largo plazo, se someta a un proceso de revisión para asegurar que las metas propuestas realmente se están alcanzando. Por el momento el debate en torno a las armas en el país no cumple con ninguno de estos requisitos para justificar las medidas que propone el Gobierno. Soñemos juntos en un país donde se gobierne con base en conocimiento robusto y no en ocurrencias simpáticas pero no fundamentadas.
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