Recuerdo una vez más a Isaac Felipe Azofeifa hablando del palanganeo tico. De lo difícil que nos resulta tomar decisiones, ese eterno designio de tibieza que nos ha marcado idiosincráticamente desde que nos avisaron que éramos independientes. Es como si no supiéramos diferenciar entre prudencia y negligencia.
Patear la bola, eludir, evadir, lo que sea menos resolver. Y después: la avalancha. No es barriendo aquello que nos incomoda debajo de la alfombra que ponemos la casa en orden; el progreso no se construye dando vueltas en espiral.
La no firma de la norma terapéutica no solo nos ha colocado en posición de riesgo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que podría terminar condenándonos... otra vez— sino que pone de manifiesto el resultado inevitable de nuestra falta de voluntad y compromiso. Le seguimos teniendo miedo a los fantasmas y con eso no hacemos otra cosa más que alimentarlos.
El triste despliegue de nuestro triste Congreso dejó claro que el bloque conservador supera, de lejos, a los restauradores y a los exrestauradores. El PLN y el PUSC se terminaron de retratar. El PAC, mientras tanto, sigue haciendo el papel. ¿En qué santo nos persignamos?
Es preocupante que los legisladores manifiesten tal nivel de ignorancia. El documento que firmaron el viernes no solo es un mamarracho jurídico y una vergüenza legislativa, es además una circular ridícula tanto en forma como en fondo. Y ni siquiera se les sube el color al rostro. El hecho de que erraran el artículo de la Constitución Política que protege la vida y luego lo tacharan para corregirlo con liquid paper es tan simbólico que habla por sí solo.
Nada de esto hubiese sucedido si Luis Guillermo Solís hubiera firmado la norma terapéutica cuando estaba lista. Adujo que las “condiciones políticas” no eran las más favorables. Pero esperando que pasen los nublados del día no hacemos otra cosa más que llamar la tormenta...
La discusión en torno a la norma ha sido un desastre, plagada de ignorancia y desinformación no ha hecho otra cosa más que politiquear el Congreso y encarecer el debate. Resulta acongojante, porque los elementos legales están clarísimos... desde hace 50 años...
“Es que Costa Rica es muy conservador”. Cierto. Pero Costa Rica votó y los resultados fueron evidentes: queremos avanzar con países como Chile y Uruguay hacia el siglo XXI, queremos apostar por el progreso, queremos superar todo ese tiempo pasado que no, no fue mejor. Queremos superar la discriminación en todos sus términos, la homofobia, el racismo, la xenofobia, el machismo.
Darle largas al tema de la firma de norma no resuelve nada. Anunciar que se firmará “en algún momento” del 2019 no hizo otra cosa que echarle carbón a la ignorancia y a la impericia de un grupo de diputados que ni siquiera terminan de entender los alcances de la normativa, mucho menos de sus potestades. Ya empiezan a agitarse las aguas de las elecciones municipales y ya podemos ir midiendo por dónde va el cauce...
Por otro lado nos enteramos ayer de que el Estado piensa acusar de “falsedad ideológica en perjuicio a la familia” a Laura Flórez-Estrada y Jazmín Elizondo, la pareja de mujeres que contrajo matrimonio en 2015 aprovechando un error del Registro Civil. Ambas deberán ir al Juzgado Penal de San José el 5 de febrero, a la audiencia preliminar del proceso judicial, en la que se definirá si el caso se eleva a juicio.
El problema es que de la lectura total de la sentencia de la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario queda claro que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia ha muerto. Sin importar lo que haga la Asamblea —que probablemente no hará nada— ya murió. En principio, la audiencia preliminar es un filtro para determinar si existe mérito para ir a juicio. Spoiler alert: no lo hay.
Sin embargo, tratándose de un caso “político” por excelencia no deja uno de temer que el Estado incurra en un innecesario gasto de recursos dándole curso al caso y elevándolo a un innecesario juicio para que sea el Tribunal el que “se coma la bronca”.
El tema es que no hay bronca que comerse porque aunque la norma técnicamente “sigue viva” ya fue declara inconstitucional y ya tiene fecha de muerte asignada. La acusación debería, sin mayor rodeo, desecharse, tanto en razón de la opinión de la Corte IDH como del fallo de la Sala.
El Estado terminaría de consolidar una racha histórica de incompetencia si decide seguir adelante con un proceso que no tendría otra consecuencia lógica más que... OTRA condena en la Corte Interamericana. ¿Por qué insistimos en comprometernos así? ¿Qué mensaje queremos enviar más allá de nuestras fronteras? Eso sin entrar a hablar del innecesario y comprometedor gasto de recursos públicos en plena crisis fiscal...
La propia Fiscalía podría y debería solicitar el sobreseimiento por atipicidad... ¿se animarán? Teme uno que no. Y teme uno que se le de curso al juicio y termine cayéndole la pelota al tribunal... y luego al de apelación... y luego a Sala Tercera... todo para llegar al resultado obvio: no hay delito porque el delito ya no existe. El efecto “diferido” de la inconstitucionalidad no debe de ser excusa para la insensatez y la imprudencia.
¿De verdad van a perseguirlas teniendo clarísimo que al final todo se caerá? Incluso si corrieran para condenarlas y dejar en firme la sentencia (superando apelación y casación) será en vano, bastará con un proceso de revisión para traerse abajo la condena. Entonces, ¿de verdad queremos hacer otro ridículo de este calibre?
No estamos para palanganear. No son tiempos para retratarnos como cobardes. Debemos y podemos dejar atrás nuestra falta de carácter. El Siglo XXI ya tocó nuestra puerta hace mucho tiempo, es hora de que dejemos de arrastrar los pies.
