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Una se pregunta a veces de dónde proviene esa ceguera, esa sordera, imposible. ¿Será que nuestra piel ha perdido sensibilidad y ya simplemente dejamos de sentir escalofríos de dolor y miedo cuando vemos esas escenas aterrorizantes de niñas, niños, jóvenes asesinados a mansalva en escuelas, colegios o universidades, muchas veces, por otros jóvenes como ellos que crecieron en una cultura armamentista y que tuvieron a su alcance y con la mayor facilidad armas de fuego de todo tipo y tamaño para expresar su descontento y odio social, manifestar su autoritarismo machista o, bien, expresar su locura?

¿Será que seguimos estúpidamente ubicadxs en esa zona de confort donde el sentido común y la experiencia humana no tienen valor y/o porque creemos fielmente que eso les pasa a otros pero a nosotrxs no porque del cielo nos protege?

En estos casos hablamos de un país desarrollado como los Estados Unidos cuyo modelo permite que se puedan comprar armas de fuego en los supermercados y la tenencia y uso tienen poca o ninguna regulación. País donde las voces más lúcidas consideran que el armamentismo descontrolado es uno de los principales problemas que afectan su convivencia social y donde la poderosa industria de producción de armas invierte millones de dólares anualmente no solo para ampliar su lucrativo negocio sino para impedir que leyes progresivas de control puedan ser aprobadas.

Por eso causa horror que en Costa Rica estemos debatiendo un proyecto de ley tan regresivo, peligroso y que va en sentido contrario al modelo civilista y pro derechos humanos que nos ha costado tanto construir y sostener. Es cuando una concluye que con este proyecto de ley no se discute solamente el tema de la tenencia de armas: se discute el modelo de convivencia ciudadana y, en última instancia también, el modelo social al cual se quiere llevar al país.

La creciente —y hasta ahora indetenible— desigualdad social y económica es el rasgo más determinante de la sociedad costarricense actual y su mayor reto a futuro. El inmoral enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos otros genera descontento, malestar y protestas pues sabemos que es la desigualdad —esa desfachatez ostentosa, insensible y voraz del capital que solo busca su continua reproducción— la cuna de la “violencia social”.

En este contexto no es casual que se traiga a la discusión, paralelamente a otros temas de la agenda económica y social el de la tenencia de las armas de fuego. Lo anterior creemos no es solo resultado del lobby millonario de los fabricantes de armas interesados en acrecentar su negocio en el país, sino la expresión de un proyecto de control social autoritario por parte de quienes avizoran que las acciones en pro de mayor justicia social y contra la pobreza y exclusión aumenten en el país.

Si no, cómo se puede explicar ese interés en deslegitimar, generar desconfianza y duda respecto a la capacidad del Estado para garantizar la protección de las personas, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. Con todas sus muchas limitaciones, es el Estado el llamado a guardar la distancia objetiva, garantizar el bienestar del colectivo y el equilibrio de intereses en los contextos de conflictividad social.

En su lugar se propone trasladar esa responsabilidad a las personas que mediante su propio armamentismo se supone podrán proteger sus vidas —y sus intereses aunque de esto hablan menos— frente a la supuesta inoperancia del Estado. Hablamos entonces de una “ciudadanía armada”, con una capacidad de fuego no regulada, guiada por lo que considera la defensa de sus legítimos derechos, frente a potenciales amenazas indeterminadas que podrían incluir desde el delincuente común a una persona defensora del medio ambiente o una persona trabajadora en huelga. Pareciera un armamentismo con una direccionalidad e intencionalidad pre-determinadas.

Dentro de la lógica argumental de las personas proponentes una se pregunta quiénes pueden concretar ese “libre derecho” a adquirir y mantener armas de fuego. Como era de esperar, la respuesta incluye principalmente a las personas con muchos recursos e intereses que defender, incluyendo las mafias variopintas, la criminalidad organizada… entes todos interesados en desarrollar y fortalecer el para-estado o estado paralelo, como lamentablemente ya existe en otros países de la región. Entes interesados en poder tomar la “justicia” en sus manos, incluyendo el control territorial, a la vez que debilitan la capacidad real del Estado, fomentan la corrupción y la impunidad. ¿Queremos esto para Costa Rica?

Que la tenencia de armas “protege” a las personas es algo largamente debatido y contra-argumentado. Por el contrario, las armas aumentan los riegos para quienes las poseen. Y, en el caso de las mujeres, las niñas y los niños en situaciones de violencia intrafamiliar multiplica varias veces estos riesgos (tema de otro artículo). “La proliferación de armas ligeras implica un mayor índice de mujeres asesinadas. Entre el 60 y el 80% de los feminicidios son cometidos con armas pequeñas. A mayor impunidad, mayor porcentaje de violencia amada contra mujeres y niñas.
En Guatemala y Honduras, el 90% y 79% de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego
” (Amnistía Internacional: Mujeres y violencia armada).

¿Será, entonces, que este proyecto de control social autoritario tiene también un gran componente de control patriarcal en momentos cuando la lucha feminista emerge con tanta fuerza en el mundo? ¿Será casualidad que uno de los primeros proyectos impulsados por el nuevo gobierno autoritario y machista de Brasil sea precisamente la liberalización de la tenencia de las armas?

Muchas interrogantes. Ojalá este proyecto de ley genere el debate que merece por su naturaleza estratégica-país y ojalá tengamos la lucidez no solo para detenerlo sino para avanzar hacia una mayor regulación de todos los temas relacionados con la tenencia, portación y uso de armas.