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— Ayer nos enteramos vía La Nación de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la fiscala general, Emilia Navas, no están actualmente en los mejores términos.
— Todo inició el miércoles pasado, durante la presentación de la agenda de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (Conmaj), actividad que de paso estaba dedicada al Ministerio Público y en la que se encontraba presente Navas.
— Al tomar la palabra, Fernando Cruz criticó la concentración de poder que tiene la figura del fiscal general, asegurando que existe una injustificada verticalidad en su relación con todos los fiscales. El presidente de la Corte hizo un llamado a atenuar la “inconveniente concentración de poder en manos del fiscal general” así como a trabajar en la implementación del “principio de participación igualitaria y de idoneidad en la designación de todos los funcionarios”.
— Cruz dio a entender que actualmente la designación de todos los fiscales —salvo contadas excepciones— responde a criterios subjetivos e imprecisos. Alegó que el sistema actual presenta imprecisiones y opacidades que abren la puerta a la subjetividad y a la arbitrariedad. “Hay que superar las subjetividades y los caudillismos”, señaló.
— El discurso de Cruz fue distribuido el viernes a todos los empleados del Poder Judicial por medio del correo interno. Sin mayor demora, ayer mismo, la propia Emilia Navas envío un mensaje a la lista de correo en respuesta a los comentarios de Cruz.
— La fiscala general indicó que es necesaria una amplia discusión sobre la independencia del Ministerio Público que “garantice su independencia funcional con respecto a otros órganos del Estado y los partidos políticos, así como de cualquier tipo de injerencia externa o interna”. Recordó, además, que no se puede olvidar que cuando asumió la Fiscalía General la institución se encontraba “sumida en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, que ameritaba la adopción oportuna y necesaria de decisiones a lo interno”.
— Subrayó que todos sus nombramientos se hicieron de acuerdo al marco de la legalidad y “manteniendo el equilibrio entre los derechos de las personas afectadas y el deber que poseo como jerarca al frente de la institución, y sin ningún atisbo de arbitrariedad”.
— Sin embargo, el debate es necesario. No dejan de llamar la atención las palabras de Cruz —quien también fue Fiscal General— cuando se refiere a la verticalidad de la Fiscalía y los caudillismos que se pueden formar. Que la Fiscalía General y los altos mandos del Ministerio Público puedan remover, cambiar o seleccionar personal para sus oficinas sin normas que regulen estrictamente ese proceso, puede en efecto generar que se vulneren derechos de fiscales y fiscalas que no estén en gracia y que sean removidas subjetivamente, o peor aún, poner en peligro nuestra sociedad al permitir que se conforme una Fiscalía con personal no idóneo que sirva a intereses oscuros.
— No es que digamos que bajo la actual administración se estén dando estos casos, pero la ausencia de garantías legales que lo eviten —como lo apunta Cruz— no deja de ser una verdad aunque incómoda, que nos puede explotar en la cara; por algo Navas realizó muchos movimientos al inicio de su gestión en aras de recobrar la legitimidad de la institución; esas personas llegaron ahí probablemente porque el mismo sistema lo permitió...
Esta nota es parte del Reporte: Relajo en la UNED mientras Hacienda se permite ser optimista.
