El pasado 23 de noviembre recibimos la noticia de que la entonces ministra de salud, Dra. Giselle Amador, renunciaba al cargo por motivos de salud. Sin embargo, de inmediato el asunto tomó otro giro cuando hubo sospechas de que las empresas tabacaleras presionaron a Carlos Alvarado para exigir su salida en base a la recién firmada directriz DM-JM-3274-2018, que puso más restricciones a la publicidad y exhibición de productos de tabaco.

El tema volvió nuevamente a la palestra la semana pasada, cuando la ex ministra afirmó al Semanario Universidad que representantes de las tabacaleras presionaron por su salida y que, por medio de André Garnier, solicitaron reunirse con ella en base a su disconformidad con dicha directriz; por lo que el diputado José María Villalta solicitó que en la Comisión de Control de Gasto e Ingreso Público se investigara si existió tal presión.

Más allá de la veracidad de estos hechos, cabe preguntarse: ¿Estamos a merced de la influencia que intenten ejercer las tabacaleras en decisiones de políticas públicas que afecten sus ganancias? La respuesta es no, y su sustento lo encontramos en el artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT).

El CMCT es el primer tratado internacional en materia de salud, adoptado por unanimidad incluyendo a Costa Rica— en el 2003, y ratificado por la Asamblea Legislativa ocho años después por medio de la Ley N°8655, lo que quiere decir que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio. Con el fin de ampliar los distintos preceptos que este instrumento contiene, todos los Estados suscritos a este convenio se reúnen cada dos años para discutir y aprobar directrices de aplicación de políticas que apunten a un mejor control del tabaco en sus distintas manifestaciones.

Así, en el año 2008 se aprobaron las directrices para la aplicación del artículo 5.3, el cual afirma que los Estados tienen que proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales y demás creados de la industria tabacalera (IT). Entendiendo influencia como el conjunto de acciones que realizan estas compañías con el objetivo de obstaculizar el diseño e implementación de las políticas de control del tabaco o presionar a diferentes actores sociales para que actúen a favor de sus intereses.

Por ejemplo, prohíbe que funcionarios públicos de cualquier institución u órgano nacional o municipal tengan contactos con la IT, únicamente en las llamadas “interacciones necesarias”, que son aquellas estrictamente indispensables para regular a esta industria. Y cuando se producen, se debe, como mínimo, difundir la agenda de temas a tratar, los participantes y documentos que salgan de la reunión.

Además, el Estado no se debe dar ningún trato preferencial a la IT, no deben aceptar obsequios, donaciones ni acuerdos bajo la forma de responsabilidad social empresarial. Por el contrario, se tiene que establecer un código de conducta y normas claras que eviten el conflicto de intereses de sus funcionarios y candidatos a cargos públicos.

Ahora bien, ¿tenemos control de las reuniones que hayan sostenido los representantes de las tabacaleras con nuestros diputados? ¿Sabemos si se han reunido anteriormente con presidentes y  ministros o ministras de salud para rechazar regulaciones de control del tabaco? Hace algunos años un trabajo de investigación de Eric Crosbie et al. mostró cómo la IT influyó por décadas en políticas de control del tabaco en nuestro país antes de aprobarse la Ley N°9028 en el año 2012. Del mismo modo, los casos similares documentados a nivel mundial son abundantes.

Si algo nos debe quedar claro, como lo reafirma la OMS, es que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la IT y los intereses de las políticas de salud pública.

Los retos actuales en control del tabaco, como la implementación de un sistema de trazabilidad de cajetillas de cigarrillos, el empaquetado neutro en las cajetillas y la regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina —que ya están comercializando las grandes compañías en otros países—, penden de un hilo si no le ponemos límites claros a la interferencia de la IT en las distintas esferas gubernamentales. Nuestro derecho a la salud está en juego.

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