La huelga contra el plan fiscal iniciada el 10 de septiembre anterior culminó este martes tras 93 días, luego de que los gremios del Poder Judicial depusieran el movimiento.

La medida se adoptó luego de que el Tribunal Superior de Trabajo ratificara, en segunda instancia, que la huelga de 236 funcionarios judiciales era legal, por no afectar servicios esenciales.

Esos sindicatos eran los únicos que se mantenían en huelga, después de que los gremios del Magisterio Nacional se retiraran posterior a la segunda declaratoria de ilegalidad en primera instancia.

Los gremios del Poder Judicial habían acordado días atrás continuar en huelga hasta la declaratoria de segunda instancia o bien, llegado el día del inicio del receso de fin e inicio de año.

Mediante un comunicado suscrito por la coalición de sindicatos del Poder Judicial, indicaron que de acuerdo al artículo 709 del Código de Trabajo, convocarán a los tres Poderes de la República, para exigir el "arbitramiento obligatorio".

"Proponemos evitar el vil empobrecimiento del pueblo costarricense y garantizar la defensa del Estado de Derecho", dice el pronunciamiento.

La huelga en ese poder de la República afectó mayoritariamente despachos ubicados en zonas periféricas, como Golfito, Corredores, San Carlos, Turrialba, Puntarenas, Nicoya, Liberia, Santa Cruz, Pococí y Limón.