Opinión

Abril Gordienko

¿Quién será el campeón del SICOP?

03 de diciembre, 2018 10:33 am
¿Quién será el campeón del SICOP?
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El Ministerio de Hacienda ordenó a todas las instituciones de la Administración Central y Descentralizada utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para todas las compras de bienes y servicios con recursos del presupuesto nacional. A pesar de que su uso es obligatorio por ley desde hace 2 años, todavía más de 80 instituciones públicas usan sistemas distintos, entre ellas las universidades y la mitad de las municipalidades.

Según la ONU y la OCDE el sistema surcoreano KONEPS de contratación digital es uno de los mejores del mundo. Corea del Sur nos donó el código fuente de KONEPS, con el cual se desarrolló Mer-link durante la administración de la presidenta Chinchilla. El presidente Solís permitió el desarrollo de otros sistemas, lo que le ha costado al país años de atraso en la materia.

El tema no es menor. Las compras públicas no son una mera función administrativa, sino una operación crucial para la economía y el desarrollo de los países y sus habitantes. A través de la contratación pública, los gobiernos gastan una gran parte del presupuesto en los bienes, servicios e infraestructura necesarios para cumplir con sus diversos objetivos y funciones. En las economías en desarrollo, como la costarricense, el gobierno es el mayor comprador. Por consiguiente, cada adquisición puede tener incidencia en el desarrollo del país, además con una capacidad única para reactivar la economía, promover buenas prácticas mercantiles, ambientales y laborales, estimular la industria local, dar mayor participación a PYMES, etc.

Uno de los talones de Aquiles de las compras públicas es su vulnerabilidad a la corrupción; los sistemas de contratación intrincados y opacos son terreno fértil.  La manipulación de ofertas, la fijación de precios, la distribución pre-acordada del mercado y las especificaciones sesgadas son prácticas comunes. La OECD advierte que además del alto volumen de transacciones e intereses financieros en juego, los riesgos incrementan por la complejidad del ciclo de compras públicas, la estrecha interacción entre funcionarios y oferentes, y la multitud de partes interesadas.

La corrupción es un grave flagelo para el desarrollo: retarda el crecimiento económico, genera injusticias y amenaza la democracia. Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción sistémica en las adquisiciones estatales alcanzan entre el 20 y el 25% del valor del contrato, a veces hasta el 40–50%, y a menudo resultan en compras innecesarias o en calidad inferior de los bienes y servicios adquiridos. Combatir la corrupción en la contratación pública es tarea necesaria para todos los países, pero para las economías en desarrollo es crítico.

La transformación digital del proceso ha probado ser muy útil para combatir la corrupción cuando se integra de extremo a extremo: registro único, licitaciones, contratos, inspección, intercambio de documentos, garantías, pago y seguimiento, todo en línea, en una plataforma única, compartida por todas las instituciones del Estado. En Corea del Sur los proveedores inscritos tienen un “token” que les permite participar en cualquier licitación desde un teléfono inteligente.

La implementación del SICOP debe acompañarse de un claro y detallado Modelo de Amenazas para crear un marco legal eficiente y efectivo. La legislación actual es insuficiente y muy débil. Para brindar sostenibilidad, la ley debe incluir la descripción de los estándares básicos (integridad digital, publicidad, transparencia, confidencialidad, igualdad de trato, no discriminación y salvaguarda de la libre competencia); registro único de oferentes para generar competencia justa a través de control cruzado de suplidores, entidades compradoras, autoridades y ciudadanos; responsabilidades de los funcionarios de proveeduría y oferentes e interesados; y las especificaciones técnicas del sistema. Todo tendiente a garantizar la imparcialidad del proceso.

La gestión de conflictos de interés es esencial para la viabilidad y la sostenibilidad del sistema. Es clave disuadir a los proveedores participantes y a los funcionarios estatales de conspirar para obtener beneficios indebidos. La OCDE recomienda implementar la declaración por parte de los funcionarios de proveeduría de sus activos, empleos anteriores y remuneraciones obtenidas fuera del servicio público, a la vez que se deben crear incentivos para atraer personal competente y experimentado.  Algunos países han extendido los estándares a las personas y empresas del ​​ sector privado que suplen bienes y servicios, haciéndolos firmar “compromisos de integridad”.

El sistema debe impregnarse de un espíritu de propósito compartido entre la Administración Pública y la sociedad; se deben involucrar aliados internos y externos para estimular transparencia, integridad e igualdad de trato. Doña Alicia Avendaño, experta, pionera y motor del gobierno digital, sugirió la creación de un Observatorio de Compras Públicas. El monitoreo externo abre el proceso y le agrega transparencia y legitimidad.  La supervisión de los procesos de licitación y compras puede ser realizada por oficinas anticorrupción, organizaciones del sector privado y la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general. Hay varios ejemplos positivos en el mundo, como los Testigos Sociales en México.

La tecnología por sí sola no puede frenar la corrupción en las compras; sin embargo, cuando se implementa adecuadamente constituye el vehículo idóneo para la ejecución de las mejores prácticas durante todas las etapas de compra. El diseño, la implementación y la gestión del proceso son factores determinantes para el éxito, no solo para reducir la corrupción, sino también los costos de las compras públicas, fomentando la competencia abierta, el crecimiento económico y la recuperación de la confianza en el gobierno.

El Estado debe gastar más en mejores prácticas, en innovación y tecnología moderna, y menos en mantener sistemas obsoletos, opacos e inconexos. El SICOP le da al gobierno una oportunidad para estimular uno de los objetivos más deseables en este momento de la historia: la innovación.  Requiere vencer la resistencia al cambio y la mentalidad profundamente arraigada de “esto no se puede hacer en la Administración Pública”, los laberintos de la burocracia y lidiar con las restricciones presupuestarias propias del Estado.  Esto nos lleva a una conclusión cardinal: la adopción de un sistema digital único de compras públicas requiere de una transformación integral. Además de la adopción de la mejor tecnología y de un marco legal apto, demanda una metamorfosis de carácter político, cultural y de gestión. Requiere de al menos un “campeón” político con determinación implacable para consolidarlo en un plazo razonable; ¿será la ministra de Hacienda, el ministro de Ciencia y Tecnología o el propio presidente Alvarado?

Abril Gordienko

Activista cívica

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