El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la recolección de firmas para llevar a referéndum un proyecto de ley que permitiría la explotación petrolera y de gas en Costa Rica.

Se trata de la denominada "Ley de Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales", impulsada por el investigador del Tecnológico de Costa Rica, Carlos Eduardo Roldán Villalobos, quien planteó la solicitud desde el 1 de julio de 2016.

Los magistrados electorales Luis Antonio Sobrado González, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron aprobaron la recolección de firmas, tras considerar que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Según la resolución 7937-E9-2018, de la cual Delfino.cr tiene copia, el proyecto impulsado por Roldán Villalobos "en tesis de principio, es susceptible de ser sometido a consulta ciudadana, procede autorizar la recolección de firmas para el posible sometimiento del proyecto a referéndum".

El proyecto fue revisado por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, quien determinó que su propósito es declarar de "interés nacional" y "de alta prioridad" la actividad de exploración y explotación estatal de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, así como la exportación de electricidad.

Para ello, la ley adjudicaría a RECOPE las actividades de exploración y explotación, pero prohibiría realizarlas en parques nacionales o zonas protegidas, mientras que de hacerse en zonas indígenas deberá hacerse primero la consulta correspondiente.

Lo que sigue. Autorizada la recolección de firmas, lo procedente ahora es la publicación del proyecto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de garantizar la publicidad de la iniciativa.

Por otro lado, la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos diseñará el formulario que el Tribunal deberá autorizar para la recolección de firmas; y una vez esté listo, será el proponente el encargado de hacer las copias y recopilar las firmas necesarias.

La legislación establece un plazo de nueve meses, prorrogable por un mes más, para recolectar las firmas equivalentes al 5% del padrón electoral, y encomienda al Registro Electoral su revisión una por una para validarlas.