El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció el 2 de noviembre del 2018 que había decidido suspender "de forma indefinida" el proyecto hidroeléctrico Diquís, que superaría al Proyecto Reventazón como la hidroeléctrica más grande de Centroamérica.
Según la presidenta de la empresa estatal, Irene Cañas, los motivos de esa decisión fueron múltiples, pero el principal fue el hecho de que en Costa Rica la tendencia creciente de consumo eléctrico se redujo, de modo que las proyecciones que sustentaban la necesidad del PH Diquís cambiaron.
Diquís aportaría 650 megavatios de electricidad y tendría un costo superior a los 2 billones de colones, sin embargo, el ICE ya había invertido 87.925 millones de colones en investigación geológica, diseños, desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, obras logísticas, caminos de acceso, obras comunales y adquisición de propiedades.
Todos esos recursos deberán pasarse a la partida de "gastos", lo que impactará los estados financieros de la empresa. Sin embargo, sus jerarcas afirman que no habrá impactos en la tarifa eléctrica al consumidor, pues los recursos provinieron del rédito para el desarrollo que el ICE recibe para invertir en requerimientos futuros del Sistema Eléctrico Nacional, desde las etapas de planificación hasta la ejecución de las obras.
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Además, la obra había experimentado múltiples retrasos desde el 2011, cuando el Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas señaló la necesidad de establecer un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, componente necesario para terminar el Estudio de Impacto Ambiental.
Con la medida la solicitud ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se retirará y no se continuará con la consulta indígena.
