La Sala Constitucional finalmente resolvió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de pensionados de lujo, quienes vieron disminuido el monto que recibían mensualmente del erario público, luego de que el gobierno de Luis Guillermo Solís decidiera activar —por primera vez— un mecanismo fijado en una ley de 1998.

Aunque el Poder Ejecutivo celebró por todo lo alto lo que se supone fue un fallo a favor de la medida, una lectura detenida de las implicaciones de la resolución adoptada por la Sala deja ver que no fue lo que en realidad se esperaba.

El caso se remonta al 22 de diciembre de 1998, cuando la Ley 7.858 estipuló que el Estado podía imponer un tope a las pensiones equivalente a 10 veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública, en caso de que los ingresos por cotizaciones estatales, obreras y patronales no alcanzaran para pagar las pensiones.

Según el por tanto de la sentencia, los reclamos fueron rechazados siempre y cuando se interprete qu...