La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) archivó la denuncia contra la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, que amenazó a los magistrados de la Sala Constitucional con una eventual no-reelección, luego del voto que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República esta mañana, mediante un comunicado de prensa.
El caso se remonta al 16 de agosto anterior, cuando el abogado Yashín Castrillo Fernández denunció a la diputada restauradora, alegando que sus declaraciones contra jueces de la Sala Constitucional eran contrarias al principio constitucional de división de poderes pues suponen una amenaza de la independencia judicial, además de ser una falta al deber de probidad contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Los magistrados Juan Antonio Casafont Odor, Fernando del Castillo Riggioni y Zetty María Bou Valverde, resolvieron rechazar la denuncia, no sin antes disponer su envío a la Procuraduría de la Ética para que allí se determinara si la congresista faltó al deber de probidad.
Sin embargo, la PEP mediante la resolución AEP-RES-141-2018 de las 13:20 horas del 6 de noviembre del 2018 archivó la denuncia, al considerar que lo externado por la diputada se encuentra bajo tutela del artículo 110 de la Constitución Política, que establece que los congresistas son irresponsables por las declaraciones que den ante el Plenario.
"La irresponsabilidad del parlamentario es un privilegio de carácter sustantivo y perpetuo por cuanto cobije actos y opiniones típicos en el ejercicio de la función del legislador", estimó Johanna Masís Díaz, procuradora de la Procuraduría de la Ética Pública.
