El diputado José María Villalta del Frente Amplio afirmó que los jueces costarricenses han estado aplicando e interpretando de forma errónea la Reforma Procesal Laboral, y cuestionó que un Tribunal de Apelación devolviera a primera instancia el proceso para calificar como legal o ilegal la huelga del Magisterio Nacional.
Ante el Plenario legislativo en una sesión extraordinaria realizada para nombrar a una magistrada en la Sala Segunda de la Corte Suprema (encargada de ver asuntos laborales), Villalta hizo alusión a lo ocurrido ayer cuando tras más de 70 días de huelga de educadores, la decisión judicial de si es legal o ilegal sigue sin estar en firme.
"Mucho de los atrasos que se han tienen que ver con que la huelga contra el combo fiscal coincide, para bien y para mal, con la implementación de una nueva legislación. Hay una curva de aprendizaje, un proceso donde se generan errores", señaló el representante freteamplista ante el resto de diputados.
Para Villalta, aunque la sentencia de primera instancia que declaró ilegal la huelga del MEP tenía errores graves, el Tribunal de Apelaciones debió resolver si era legal o ilegal en segunda instancia.
"La sentencia de anulación comete un gravísimo error al devolverle el caso otra vez al juzgado para que vuelva a resolver. Sentencia que probablemente será nuevamente apelada.Ustedes no se van a encontrar ese ping pong en la Reforma Procesal Laboral, hay un problema de aplicación e interpretación de los jueces", agregó.
Lo que debió haber hecho el tribunal superior es resolver de una vez: legal o ilegal, pero no le devuelva el caso al juzgado para que empiece de cero el proceso.
Asimismo, Villalta cuestionó que ese tribunal se tomara casi un mes para resolver.
Ese tribunal se tomó casi un mes para resolver, pero la sentencia que nos entregaron es de tres páginas (...) Para eso no necesitaban un mes. Si fuera que evacuaron prueba, requerían un análisis profundo... pero lo que hicieron fue anular la sentencia y devolverle el caso al juzgado de primera instancia.
Fact Check: La sentencia de segunda instancia que anula la de primera instancia tiene seis páginas, y no tres como dijo el legislador.