Esquipulas III: Dónde metemos a las élites

América Central vive su mayor crisis política y humanitaria desde las guerras civiles de los años ochenta.  No significa esto que en los últimos años la región no haya experimentado otras crisis, también nos han golpeado huracanes y terremotos con altísimos costos humanos y económicos.  Pero a diferencia de estas —y similar a lo que ocurrió en los años ochenta— la crisis actual tiene su origen en la brutal concentración de poder político y económico en un reducido grupo de la población, las élites centroamericanas.

Así lo reconoció recientemente en su discurso, antes de dejar Nicaragua, la embajadora estadounidense Laura Dogu: “Con demasiada frecuencia en el pasado, las élites han establecido reglas que ignoran los intereses del resto de la población”.

Si bien hay muy poco acceso a quiénes son estas élites y a cuánto puede llegar su riqueza, de acuerdo con los trabajos del Wealth X Report (p.76), una organización dedicada a estudiar las grandes riquezas globales, en América Central hay un grupo de unos 855 megaricos con fortunas mayores a los 30 millones de dólares.  De esos 855:

  • 235 son guatemaltecos con una riqueza de 28 mil millones dólares.
  • 205 son hondureños con una riqueza de 27 mil millones dólares.
  • 190 son nicaragüenses con una riqueza de 25 mil millones dólares.
  • 140 son salvadoreños con una riqueza de 20 mil millones dólares.
  • 85 son costarricenses con una riqueza de 12 mil millones dólares.

En los años recientes estas élites han usado diferentes estrategias para capturar la agenda política de la región.  En países como El Salvador o Costa Rica las élites han buscado asegurarse una agenda política amistosa a sus intereses a través del financiamiento privado a partidos políticos, su participación directa en la política (revolving doors) y la captura de los medios de comunicación.  En Guatemala, Honduras y Nicaragua las élites han buscado socavar, deslegitimar o apropiarse de los órganos electorales, de control y de justicia.  A la vez han que establecido alianzas con el narco o los ejércitos para mantener segura su posición y riqueza.  Los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua también demuestran el desdén de estas élites por la democracia.  En Guatemala se han unido a la campaña del presidente Jimmy Morales para dañar el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad. En Honduras una vez sí, y otra vez también han apoyado el fraude electoral para mantener en la presidencia a Juan Orlando Hernández mientras aseguran un ambiente de impunidad y violencia.  En Nicaragua son un caso paradigmático.  A pesar de la retórica izquierdista del gobierno de Ortega, las élites nicaragüenses se constituyeron en su único interlocutor y mayor aliado.  No sólo han hecho lobby en los Estados Unidos para defender al régimen de Ortega, sino que también han aprovechado sus bancos para movilizar los flujos de dólares de Venezuela y también han promovido proyectos de inversión con accesos privilegiados a reformas de tierras y exoneraciones fiscales para aumentar la rentabilidad de sus inversiones. Para las élites centroamericanas, al menos hasta febrero de 2014, la asociación familia Ortega + gobierno + empresa privada era el modelo.

Por otro lado, una buena mayoría de estas élites centroamericanas vendieron sus empresas emblemas en las últimas décadas.  Vendieron los bancos, vendieron las cervecerías y se han dedicado a administrar nuevos grupos empresariales sobre todo en el sector de los servicios (turismo, retail, real estate).  Estas nuevas inversiones les han hecho mucho más dependientes del control y acceso al Estado, pero también, ha reducido drásticamente su capacidad de promover nuevas industrias o empleos.  Mayoritariamente las élites centroamericanas de hoy construyen empresas hoy para vender mañana.

En este contexto, Carlos Sandoval García ha propuesto que la crisis humanitaria y de violencia requiere en la región de un nuevo acuerdo, un Esquipulas III.  Pero ¿cómo sumamos a estos actores poderosos, que con sus acciones y poder político definen los horizontes de posibilidad de un nuevo acuerdo regional? No hay recetas y en el contexto actual las élites centroamericanas no parecieran tener aún incentivos para ceder espacios y poder.  Sin embargo, algunos pasos ya se han dado y otros podrían darse.

En primer lugar, el rol de los Estados Unidos es fundamental.  El mencionado discurso de la embajadora de los Estados Unidos fue un paso en esa dirección.  Sin ambages y ante las principales élites nicaragüenses la embajadora responsabilizó a las élites por la crisis actual en Nicaragua.  Además hay en el congreso una iniciativa que busca sancionar a empresarios vinculados con casos de corrupción, entre ellos, el magnate de los medios, Ángel González. La inclusión de estos empresarios a la Ley Magnitsky sentaría un precedente contra la impunidad con la que muchas de las élites empresariales han actuado en la región.  La abrumadora llegada de nuevos congresistas del partido demócrata podría abrir puertas adicionales para estas y otras sanciones.

En segundo lugar, las propias élites empresariales.  El caso de Nicaragua debería ser clave para que las élites centroamericanas entiendan que su crecimiento económico en el corto plazo no se puede sobreponer a los intereses del resto y mucho menos aún a costa del fortalecimiento democrático.  Si bien, más migrantes fuera de nuestras fronteras implicarían más flujos de remesas que estas élites puedan aprovechar; en el mediano y largo plazo, la región es una olla de presión que podría terminarles costando también su seguridad y estabilidad social y económica.

En tercer lugar, es necesario un mayor compromiso de las instituciones regionales e internacionales.  La Caravana por las propias condiciones trágicas de sus integrantes ha puesto de nuevo a la región en el radar internacional.  Esta tragedia ha abierto un espacio para que las instituciones regionales, pero también organismos internacionales busquen apoyar e implementar reformas y procesos de diálogo amplio sobre reformas integrales, incluidas reformas de impuestos, que ayuden a equilibrar las condiciones de vida de las mayorías.

En cuarto lugar, un nuevo rol de los medios de comunicación. Los casos de Ángel González en Guatemala y Nicaragua y la compra de medios y periodistas en El Salvador dan cuenta de que la captura que han hecho las élites centroamericanas de estos medios ha beneficiado a pocos con dinero público.  La corrupción siempre ha tenido dos caras, el político que paga y el empresario que gana con el soborno.  En este sentido, hace falta de los medios, sobre todo los tradicionales, un mea culpa sobre su papel en la reproducción y mantenimiento de este amplio contexto de desigualdades.  En el mediano y largo plazo, la inseguridad y la violencia cobran siempre entre sus primeras víctimas a los periodistas y comunicadores.

Por último, se requiere de un nuevo pacto social con la participación de la ciudadanía, los movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, iglesias y universidades.  En este nuevo y amplio pacto es necesario un horizonte de acciones, políticas y mecanismos de inclusión y reparto de beneficios.  Toca nuevamente dialogar y llamar a la mesa a quiénes piensan diferente.

El futuro de la región depende hoy más que nunca de un acuerdo con las élites.  Mañana también para las élites podría ser muy tarde.

Francisco Robles Rivera Columnista

Doctorando del Instituto Otto Suhr de Ciencias Politicas.

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